Negar lo innegable: Desapariciones forzadas en Pakistán

Lo único que puede calmarnos es tener delante a nuestro ser querido, sano y salvo, y libre [...] Creo que Masood, mi esposo, está recluido a sólo tres kilómetros de casa, pero sigue sufriendo malos tratos sin que lo sepamos, así que nosotros, su esposa, sus hijos y sus padres, que son muy ancianos, no podemos siquiera verlo. [Las autoridades del nuevo gobierno] tienen que hacer ya algo para que vuelvan con nosotros de inmediato.

La última vez que Amina Masood Janjua vio a su esposo, Masood Janjua, fue el 30 de julio de 2005, cuando salió de casa para reunirse con su amigo Faisal Faraz. Las fuerzas de seguridad paquistaníes detuvieron a ambos hombres ese mismo día, cuando viajaban en autobús a otra ciudad. Desde entonces, el gobierno de Pakistán los tiene recluidos en secreto, sin cargos ni juicio, y ha negado reiteradamente conocer su paradero, a pesar del testimonio de personas que fueron testigos de la detención. 

Masood Janjua y Faisal Faraz figuran entre centenares de personas que han sido víctimas de desaparición forzada en Pakistán, algunas de ellas menores, incluso de 9 y 10 años. Muchas de estas personas fueron detenidas tras los atentados de Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, y su detención se hizo en nombre de la "guerra contra el terror" dirigida por Estados Unidos. Esta práctica, muy poco corriente antes de 2001, se hizo luego extensiva a los activistas que reivindicaban mayores derechos para grupos étnicos o religiosos, como los baloches y los sindis.

Pese a existir indicios innegables, el gobierno del presidente Pervez Musharraf negó sistemáticamente que se hubiera sometido a nadie a desaparición forzada.

En el informe Negar lo innegable: Desapariciones forzadas en Pakistán, Amnistía Internacional se vale de actas judiciales oficiales y declaraciones juradas de víctimas y testigos de desaparición forzada para demostrar a las autoridades paquistaníes que los intentos de localizar a las personas "desaparecidas" se han visto obstaculizados por funcionarios del Estado.

EL NUEVO GOBIERNO ES UNA OPORTUNIDAD DE CAMBIO

En el informe se insta al gobierno recién elegido de Pakistán, que ha prometido mejorar el historial del país en materia de derechos humanos, a poner fin a la política negación de las desapariciones forzadas, investigar todos los casos y hacer rendir cuentas a los responsables.

"Con la detención de personas en secreto, el gobierno de Pakistán no sólo viola los derechos de los detenidos, sino que también incumple su deber de presentar cargos contra los presuntos responsables de ataques contra civiles y juzgarlos", ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía del Amnistía Internacional.

Por otro lado, un deber esencial del nuevo gobierno es rehabilitar a los jueces que estaban investigandocasos de desaparición y fueron depuestos por el presidente Pervez Musharraf cuando impuso el estado de excepción en el país en noviembre de 2007.

COMPLICIDAD DE OTROS GOBIERNOS

En el informe se pide también a otros gobiernos, especialmente al de Estados Unidos, que garanticen que no son cómplices en la práctica de la desaparición forzada en Pakistán ni la facilitan ni toleran.

Muchas de las personas que se encuentran recluidas ilegalmente en el centro de detención estadounidense de Guantánamo o que han estado bajo custodia secreta de la CIA fueron detenidas en Pakistán. Otras personas detenidas también en Pakistán fueron trasladadas ilegalmente a países donde sufrieron tortura y otros malos tratos.

Muchas personas que han estado recluidas en secreto en centros de detención de Pakistán afirman que fueron interrogadas por los servicios de inteligencia paquistaníes, pero también por agentes extranjeros.