Hungría
República de Hungría
Jefe del Estado: Ferenc Mádl
Jefe del gobierno: Peter Medgyessy
(sustituyó a Viktor Orbán en julio)
Pena de muerte: abolicionista para todos
los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Los malos tratos sufridos por detenidos a manos de la policía continuaron siendo motivo de preocupación. Entre las víctimas hubo romaníes. Se promulgó una nueva reglamentación en materia de solicitantes de asilo que recortó aún más sus derechos y su protección.
Malos tratos
Siguieron recibiéndose informes sobre malos tratos policiales, entre otros a romaníes.
En noviembre, según informes, seis agentes de policía agredieron a un grupo de unos 40 romaníes que lloraban la muerte de un familiar en el hospital de Gyöngyös. Uno de los agentes dijo: «Os voy a pegar un tiro a todos, gitanos asquerosos». Según los informes recibidos sobre el caso, los agentes hicieron bajar a empujones a mujeres y niños indiscriminadamente a lo largo de tres tramos de escalera; asimismo, a un hijo de la persona fallecida lo esposaron a una puerta y lo golpearon con una porra. A continuación, detuvieron a cinco hombres, acusados de agredir a agentes de policía. El jefe de la policía local justificó el empleo de la fuerza diciendo, según los informes, que había sido necesario «reducir la resistencia de los romaníes» tras considerarse que con su conducta estaban perturbando la paz en el hospital.
Comité de Derechos Humanos de la onu
En abril, el Comité de Derechos Humanos, al examinar el cuarto informe periódico de Hungría sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, expresó su preocupación por la ausencia en el país de una disposición legislativa general contra la discriminación y por la discriminación en general de los romaníes, destacando «el número demasiado alto de romaníes encarcelados, las denuncias de malos tratos a manos de la policía y la continuación de la existencia de escuelas separadas». También expresó su inquietud por la duración de la fase inicial de detención preventiva, que podía llegar hasta 72 horas, y por las dificultades que encontraban las personas detenidas para comunicarse con sus familiares y acceder a un abogado, especialmente si carecían de medios para costearse uno. Además, el Comité se mostró enormemente preocupado por la detención preventiva en dependencias policiales y el alto riesgo de malos tratos que entrañaba, por el elevado número de denuncias de malos tratos a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley y por las escasas investigaciones efectuadas en tales casos y las aún más escasas sentencias condenatorias dictadas en los casos investigados.
El Comité recomendó que el gobierno húngaro tomara medidas para promulgar legislación exhaustiva contra la discriminación y reforzara las medidas existentes para mejorar la situación de los romaníes. Asimismo, instó a Hungría a revisar las disposiciones de la nueva Ley de Procedimiento Penal con objeto de reducir a 48 horas o menos el periodo máximo autorizado de detención en comisarías. También recomendó a las autoridades que llamaran la atención de los jueces hacia el riesgo concreto de malos tratos en las dependencias policiales y que adoptaran las medidas adecuadas para garantizar el respeto del derecho de las personas detenidas a ponerse en contacto con sus familiares y a tener asistencia letrada. El Comité reclamó además la creación de un sistema independiente encargado de investigar las denuncias de abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Solicitantes de asilo
En enero entró en vigor una nueva reglamentación sobre los solicitantes de asilo y otros ciudadanos extranjeros que creó unas condiciones todavía más restrictivas para los solicitantes. En virtud de dicha legislación, las decisiones sobre las solicitudes de asilo se tomaban en primera y segunda instancia en una oficina cuya independencia parecía limitada, ya que formaba parte del Ministerio del Interior. La misma oficina se encargaba del trabajo policial en materia de extranjería, y este cometido era prioritario al de la tramitación de solicitudes de asilo. De este modo, si un solicitante de asilo se dirigía inmediata y voluntariamente a las autoridades, pero había entrado en el país de forma ilegal, se podía dictar una orden de expulsión contra él por su entrada ilegal aunque no fuera posible ejecutarla por no haberse examinado aún la petición de asilo. Por consiguiente, el solicitante de asilo podía pasar hasta un año detenido en espera de la expulsión.
Asimismo, según la nueva reglamentación, los agentes de policía encargados de tratar con ciudadanos extranjeros ya no estaban obligados a solicitar la «opinión autorizada» de las autoridades competentes en materia de refugiados para emitir la orden de devolución (refoulement) de un solicitante de asilo detenido en la frontera o que se hubiera presentado voluntariamente a las autoridades. Por consiguiente, en los meses que siguieron a la entrada en vigor de la nueva reglamentación, se amenazó a solicitantes de asilo con devolverlos a los países de los que habían huido, entre ellos Irak. Al parecer, la decisión de las autoridades sobre la devolución o no de un solicitante de asilo no se basaba en evaluaciones de los riesgos potenciales de la persona afectada, sino en normas generales internas sobre cada país en concreto, en contra de lo dispuesto en el derecho internacional.
Los solicitantes de asilo detenidos encontraron mayores dificultades aún para acceder a un abogado tras dictarse un decreto ministerial que sólo permitía a los detenidos ponerse en contacto con letrados que ya estuvieran en posesión de al menos una autorización verbal. En septiembre se limitó a unos abogados que trabajaban para el Comité Húngaro de Helsinki, organización local de derechos humanos, el acceso a prisiones donde había solicitantes de asilo que podían necesitar su asistencia.
India
República de la India
Jefe del Estado: A. P. J. Abdul Kalam
Jefe del gobierno: Atal Bihari Vajpayee
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
Agentes estatales y no estatales erosionaron cada vez más el derecho de las minorías a vivir en condiciones de igualdad en el país, a pesar de estar claramente consagrado en la Constitución. Las minorías religiosas, especialmente la musulmana, fueron cada vez más blanco de abusos. En Gujarat, los musulmanes fueron víctimas de matanzas, presuntamente organizadas por grupos nacionalistas con la connivencia de agentes estatales. Las nuevas y restrictivas leyes de seguridad, que concedían a la policía amplias facultades para practicar detenciones, fueron utilizadas indebidamente contra los disidentes políticos en zonas de conflicto armado y en otros lugares. Los defensores de los derechos humanos sufrieron frecuentes hostigamientos a manos de particulares y de agentes estatales, y sus actividades se tacharon de «antinacionales». El sistema de justicia penal siguió caracterizándose por su extrema lentitud, por su falta de recursos y por la dificultad para acceder a él de las personas procedentes de sectores marginados económica y socialmente, como las castas inferiores y las mujeres. Los organismos de seguridad continuaron gozando de una impunidad casi total por los abusos cometidos en el pasado gracias a disposiciones concretas de la legislación sobre seguridad y a la protección política. A los observadores internacionales de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de la onu y las organizaciones internacionales de derechos humanos, se les negó de hecho el acceso a las zonas de conflicto armado y sólo se les permitió acceder muy limitadamente al resto del país.
Información general
La Alianza Nacional Democrática, liderada por el Partido del Pueblo Indio (Bharatiya Janata Party), continuó en el poder central durante todo el año. En febrero se celebraron elecciones estatales, que supusieron un nuevo debilitamiento de este partido y el resurgimiento del Partido del Congreso en el ámbito estatal. Sin embargo, en diciembre, el Partido del Pueblo Indio ganó las elecciones en el estado de Gujarat basándose en una plataforma de tipo religioso. La victoria reforzó la posición de los hindúes proclives a la línea dura del partido a nivel nacional. En Jammu y Cachemira, un gobierno de coalición del Partido Demócrata Popular y del Partido del Congreso subió al poder en noviembre; las elecciones pusieron fin a décadas de dominio de la política del estado por parte del Partido de la Conferencia Nacional.
Las tensiones entre la India y Pakistán, ambos países potencias nucleares, se intensificaron al volver a afirmar el gobierno indio que Pakistán apoyaba a grupos armados de oposición activos en Cachemira, afirmación legitimada internacionalmente en el marco de la campaña contra el «terrorismo» liderada por Estados Unidos y apoyada por el gobierno indio. El resultado fue un pulso militar en la frontera entre la India y Pakistán, cuya tensión no comenzó a suavizarse hasta octubre.
Los grupos nacionalistas hindúes continuaron presionando para conseguir sus aspiraciones de carácter religioso —especialmente la reconstrucción de un templo hindú en Ayodhya en el lugar donde se destruyó una mezquita en 1992— a través de la violencia y de la penetración en las instituciones, originando una sociedad cada vez más fragmentada por la religión. Continuó avanzando el proceso de paz entre el gobierno central y los grupos armados naga en el nordeste del país. Las conversaciones entre el gobierno de Andhra Pradesh y los grupos naxalitas (izquierdistas armados) fracasaron en julio.
En el marco de la liberalización de la economía, los proyectos de desarrollo económico siguieron vulnerando el derecho de las comunidades locales al acceso a los recursos naturales y provocaron grandes desplazamientos internos de población.
Matanzas en Gujarat
Tras el atentado del 27 de febrero contra un tren en Godhra (Gujarat), en el que murieron 59 pasajeros, se cree que hindúes, se extendió por el estado durante tres meses una violencia de brutalidad sin precedentes contra la comunidad musulmana. Según los informes, tras este estallido de violencia estaban los grupos nacionalistas hindúes, y la administración y la policía del estado no sólo no tomaron medidas suficientes para proteger a la población civil sino que, en muchos casos, es posible que actuaran en connivencia con los agresores y que participaran activamente en hechos de violencia. Según grupos de derechos humanos, hubo entre 2.000 y 2.500 muertos. También se destruyeron las casas, los lugares de culto y los medios de vida de miles de civiles. Unas 140.000 personas huyeron de sus casas tras las matanzas y muchas de ellas seguían sin hogar al terminar el año. El gobierno de Gujarat no cumplió activamente con su obligación de ayudar y rehabilitar a los supervivientes. Tras la violencia, la misma policía acusada de connivencia con los atacantes se hizo cargo de las investigaciones sobre las matanzas, desvirtuando el proceso de hacer justicia con las víctimas. Se designó una comisión de investigación para depurar responsabilidades, pero su tarea avanzó muy lentamente. Amnistía Internacional solicitó autorización para visitar Gujarat en julio e investigar la violencia, pero a sus delegados se les negó de hecho el acceso al estado.
Legislación sobre seguridad
En marzo, el Parlamento aprobó la Ley de Prevención del Terrorismo, operativa como ordenanza desde octubre de 2001, que otorgaba a la policía amplias facultades para practicar detenciones y preveía periodos de hasta seis meses de reclusión sin cargos ni juicio para las personas detenidas por razones políticas. De hecho, esta ley autoriza cierto nivel de escrutinio político en el proceso judicial y socava las normas del derecho estatutario de la India que rigen la pertinencia y admisibilidad de las pruebas. La Ley de Prevención del Terrorismo se utilizó durante el año para detener a opositores políticos, especialmente en el estado de Jammu y Cachemira, y se aplicó en otros estados, como Andhra Pradesh, Bihar, Jarkhand, Tamil Nadu y Uttar Pradesh, y en el Distrito Federal de Nueva Delhi. En los estados de Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh y Karnataka y en el Distrito Federal de Nueva Delhi se pusieron en vigor nuevas leyes sobre seguridad parecidas a ésta. Las autoridades continuaron utilizando la Ley sobre Prevención de Actividades Terroristas y Subversivas, ya anulada, para detener a personas en Jammu y Cachemira vinculándolas a causas abiertas antes de 1995. Se creía que cientos de personas seguían detenidas en aplicación de esta ley. Las disposiciones sobre detención y prisión preventiva de las leyes de seguridad y del Código de Procedimiento Penal también se utilizaron indebidamente contra activistas políticos y de derechos humanos.
Impunidad
Las fuerzas de seguridad continuaron gozando prácticamente de total impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos gracias a las disposiciones de las leyes especiales de seguridad, como la Ley de Prevención del Terrorismo, así como de la Ley de Protección de los Derechos Humanos. La protección política, y la frecuente falta de aplicación de las recomendaciones formuladas por diversas comisiones de investigación reforzaron esta tendencia. En Punyab no hubo ningún avance significativo en las investigaciones confiadas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con la «desaparición» y posible ejecución extrajudicial a manos de las fuerzas de seguridad de miles de personas en la década de los ochenta y principios de la de los noventa. Esto indicaba que la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en zonas de conflicto armado no se consideraba prioritaria.
Diez años después de los disturbios religiosos generalizados en Bombay en los que murieron 1.788 personas, y cinco después del auto de procesamiento dictado por la comisión de investigación Shrikrishna contra varios policías por haber apoyado activamente a grupos hindúes violentos durante los disturbios, no se había hecho ningún avance significativo en el procesamiento de los presuntos autores. Tanto el relator especial de la onu sobre la independencia de jueces y magistrados como el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias tenían peticiones pendientes para visitar la India, pero al terminar el año ninguno de ellos había sido invitado a visitar el país.
El nuevo gobierno de Jammu y Cachemira, en su Programa Común Mínimo publicado en octubre, prometió que se investigarían todos los informes de abusos contra los derechos humanos. Amnistía Internacional recordó al gobierno de este estado el gran número de abusos que no se habían investigado de forma independiente, y le pidió que hiciera públicos los resultados de las comisiones de investigación creadas bajo el anterior gobierno, como la Comisión Pandian sobre ejecuciones extrajudiciales, creada en abril de 2000, y que actuara en consecuencia.
Seguían pendientes sendas solicitudes para visitar el país del relator especial sobre la independencia de jueces y magistrados y del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, ambos de la onu. Al término del año aún no se había invitado a ninguno de ellos a visitar el país.
Discriminación
Las mujeres, los dalit (miembros de las castas clasificadas), los miembros de la comunidad tribal adivasi y otros sectores marginados social y económicamente, así como las minorías religiosas, incluida la musulmana, siguieron siendo discriminados por la policía, por el sistema de justicia penal y por agentes no estatales, a pesar de la legislación que protegía a algunos de estos grupos. Estos sectores continuaron estando especialmente expuestos a las torturas y los malos tratos, que seguían siendo práctica generalizada en todo el país. La campaña internacional contra el «terrorismo», así como el aumento de las tensiones con Pakistán, contribuyeron a legitimar indebidamente diversas formas de discriminación contra la minoría musulmana, como la violencia y la denegación del acceso a la justicia.
La policía continuó utilizando la fuerza en exceso y de forma sistemática contra las comunidades adivasi que protestaban contra su desplazamiento a causa de la construcción de grandes presas o proyectos industriales. Los derechos humanos de los dalit continuaron recibiendo atención internacional, especialmente por parte del Comité de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, que organizó en agosto un debate temático sobre la discriminación basada en el linaje. Sin embargo, las comunidades dalit continuaron siendo reprimidas violentamente cuando reivindicaban sus derechos, y seguían teniendo problemas para acceder al sistema de justicia penal para conseguir resarcimiento por los abusos.
Defensores de los derechos humanos
Aumentó el aislamiento de los defensores de los derechos humanos al ser tachadas a menudo sus actividades de «antinacionales» por agentes estatales y no estatales, especialmente cuando trataban de plantear preocupaciones de derechos humanos en debates sobre la seguridad nacional. El hostigamiento a los activistas en favor de los derechos humanos por parte de agentes estatales y no estatales fue una constante durante el año, y hubo muchos casos de injerencia indebida en sus actividades legítimas, amenazas verbales y físicas, presentación de falsas denuncias por la policía a fin de intimidarlos o detenerlos, uso de la detención y la reclusión preventivas y violencia, con algunos casos aislados de homicidio.
El 19 de junio, Navleen Kumar, activista social dedicada a la protección del derecho a la tierra de las comunidades tribales, murió apuñalada en su domicilio de Nallasopara, distrito de Thane, en Maharashtra. La policía detuvo a cuatro personas que al parecer tenían vínculos con los constructores y la mafia local que operaba en la zona con el apoyo de algunos sectores de la administración local. Al parecer, el procesamiento de los cuatro acusados llegó a una situación de punto muerto una vez que se les concedió la libertad bajo fianza.
Tanto el representante especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos como el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión tenían peticiones pendientes para visitar la India, y al terminar el año ninguno de ellos había recibido una invitación.
Abusos a manos de los grupos armados
de oposición
Los grupos armados de oposición de Jammu y Cachemira y de los estados del nordeste continuaron dirigiendo su violencia contra los civiles, a los que sometían a torturas y homicidios deliberados. En el periodo preelectoral en Jammu y Cachemira, estos grupos intensificaron sus actividades, cometiendo decenas de homicidios, incluidos los del ministro de Justicia del estado y varios candidatos electorales. Entre comienzos de agosto y mediados de octubre, fecha en que terminaron las elecciones, se registraron un total de 830 homicidios a manos de agentes estatales y grupos de oposición. La población civil también fue víctima de abusos contra los derechos humanos a manos de grupos naxalitas armados en zonas de Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Orissa y Bengala Occidental.
Comisiones de derechos humanos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos adoptó una postura independiente tras la violencia en Gujarat, recomendando que el gobierno del estado tomara medidas preventivas para proteger a las minorías del estado y garantizar que se hiciera justicia y se rehabilitara a las víctimas de la violencia y a sus familias. Sin embargo, el gobierno de Gujarat hizo caso omiso de casi todas las recomendaciones de la Comisión. Tampoco estudió durante el año las recomendaciones de reforma de la Ley de Protección de los Derechos Humanos de 1993, que rige el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que habían sido formuladas por la propia Comisión en 2000. Como consecuencia de ello, la Comisión no pudo investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas y paramilitares, ni los incidentes ocurridos más de un año antes de efectuarse la denuncia. Las recomendaciones de la Comisión siguieron sin ser vinculantes, y su aplicación por parte de los gobiernos afectados era muy deficiente. Las comisiones de derechos humanos estatales, existentes en 13 de los 28 estados, continuaron sufriendo falta de recursos y de experiencia.
Pena de muerte
Al menos 29 personas fueron condenadas a muerte, aunque se desconocía el número exacto de condenas impuestas y si se habían llevado a cabo ejecuciones, ya que el gobierno no publicó información alguna sobre este asunto. En noviembre, el Parlamento y el gobierno central afirmaron que estaban a favor de ampliar la aplicación de la pena capital a los delitos de violación. La mayoría de los grupos de mujeres, sin embargo, afirmó que lo que se necesitaba era que aumentara el número de violadores condenados, no que fueran condenados a muerte. La entrada en vigor de la Ley de Prevención de Actividades Terroristas en marzo amplió el uso de la pena de muerte a los delitos de «terrorismo» en los que hubiera habido víctimas mortales. Aumentó la preocupación sobre el uso de la pena capital en aplicación de esta ley, ya que permite llevar a cabo juicios sin garantías y en ocasiones se ha esgrimido la necesidad de luchar contra el «terrorismo» como justificación suficiente para imponer la pena de muerte sin que haya pruebas fundadas.
En diciembre de 2001, Davinder Pal Singh Bhuller apeló ante el Tribunal Supremo contra la condena a muerte que le había sido impuesta por delitos de «terrorismo» presuntamente cometidos por él en 1993. La apelación fue rechazada por dos de los tres jueces, que declararon culpable a Davinder Pal Singh Bhuller basándose en una confesión que, según el acusado, la policía había conseguido empleando la tortura, de la que más tarde se había retractado y que no había sido corroborada por ninguna otra prueba. En contra de lo que suele ser habitual, el tercer juez declaró al acusado inocente. A mediados de diciembre, una sala de apelación del Tribunal Supremo compuesta de tres magistrados confirmó la petición por la que se solicitaba la impugnación del controvertido resultado de la apelación.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
India: Evaluation of the South Asia Human Rights Defenders Project (Índice AI: ASA 04/002/2002)
India: The state must ensure redress for the victims. A memorandum to the Government of Gujarat on its duties in the aftermath of the violence (Índice AI: ASA 20/005/2002)
Carta abierta al ministro principal Mufti Mohammad Sayeed (Índice AI: ASA 20/020/2002/s)
India: Open letter to Law Minister Jana Krishnamurthi about the forthcoming trial of Abdul Rehman Geelani and three others (Índice AI: ASA 20/011/2002)
Visitas
Una delegación de Amnistía Internacional visitó la India en abril y se reunió con el gobierno y otros altos cargos, así como con grupos de derechos humanos. En julio, el gobierno denegó de hecho a la organización el acceso al país para realizar una visita de investigación a Gujarat tras las matanzas.
Indonesia
República de Indonesia
Jefa del Estado y del gobierno:
Megawati Sukarnoputri
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
En las provincias de Nanggroe Aceh Darussalam y Papúa (antes conocidas como Aceh e Irian Jaya, respectivamente) la situación de los derechos humanos continuó siendo grave, con cientos de informes de casos de ejecución extrajudicial, «desaparición», tortura y detención ilegal. El hecho de que el gobierno no tomara medidas enérgicas para terminar con las violaciones de derechos humanos influyó negativamente en los esfuerzos para resolver los conflictos derivados de las reivindicaciones de independencia que venían formulándose desde hacía tiempo. Los juicios del Tribunal Especial de Derechos Humanos para Timor Oriental (país rebautizado oficialmente como República Democrática de Timor-Leste en 2002) no resolvieron satisfactoriamente graves delitos, incluidos crímenes de lesa humanidad, cometidos en Timor Oriental en 1999, lo cual reforzó la impunidad. Al menos nueve presos de conciencia fueron condenados a prisión, y otros cuatro estaban en espera de juicio al acabar el año. Los defensores de los derechos humanos fueron víctimas de violaciones de dichos derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegítimas.
Información general
La reforma avanzó en algunas áreas. Se aprobaron las elecciones presidenciales directas y se puso de plazo hasta 2004 para terminar con el criticado sistema de reserva de escaños parlamentarios para el ejército y la policía. Sin embargo, la reforma del poder judicial apenas progresó y, de nuevo, no se aplicaron los planes para modificar el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal.
Varios importantes juicios por corrupción que se celebraron durante el año contribuyeron poco a restablecer la confianza de la población en el sistema judicial y los dirigentes políticos. Akbar Tanjung, dirigente de Golkar, uno de los principales partidos políticos, fue uno de los condenados a prisión por corrupción, a pesar de lo cual no renunció a su puesto en el partido ni a su cargo de presidente del Parlamento.
Leyes sobre seguridad
Tras el atentado con bomba del 12 de octubre en un club nocturno de Bali que se saldó con la muerte de casi 200 personas entró en vigor una normativa del gobierno (Normativa sobre la Eliminación del Terrorismo) que introducía la pena de muerte para algunos actos definidos como «terroristas». La normativa no garantizaba adecuadamente el derecho de los detenidos a un juicio justo, incluido el derecho a la presunción de inocencia y a recibir asistencia letrada. Se presentaron al Parlamento leyes para sustituirla, pero éstas no se habían aprobado al terminar el año.
Se detuvo a 15 personas en relación con el atentado de Bali. Un líder religioso musulmán fue detenido en relación con otros atentados cometidos en Indonesia en los últimos años. Se temía que sus juicios no cumplieran las normas internacionales sobre garantías procesales.
Impunidad
Los intentos de resolver la impunidad en casos de derechos humanos progresaron poco, ya que la resistencia política y las debilidades legales e institucionales siguieron desvirtuando las investigaciones y los juicios de encausados por violaciones de derechos humanos. Al terminar el año aún no se habían creado los cuatro tribunales permanentes de derechos humanos establecidos por las leyes promulgadas en 2000 y que entenderían en casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Juicios sobre Timor Oriental
En marzo se reunió un tribunal especial de derechos humanos para estudiar casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en Timor Oriental en las fechas del referéndum sobre la independencia de agosto de 1999. Se juzgó a 18 personas en relación con cuatro sucesos. El ex gobernador provincial de Timor Oriental, Abilio Jose Osorio Soares, el jefe del ejército en Dili, teniente coronel Sujarwo, y el dirigente de las milicias, Eurico Guterres, fueron condenados a 3, 5 y 10 años de cárcel respectivamente. Otros 11 acusados fueron absueltos y, al terminar el año, aún no habían concluido los juicios de los cuatro restantes. Amnistía Internacional expresó su preocupación ante el incumplimiento por parte de los fiscales de su obligación, establecida por el derecho internacional, de emprender acciones judiciales eficaces contra los acusados: pasaban por alto pruebas pertinentes y fundamentadas y no probaban el carácter generalizado y sistemático de los delitos cometidos en Timor Oriental en 1999. Además, ni a testigos ni a víctimas se les brindó la protección adecuada, y varios testigos se negaron a comparecer al no poderse garantizar su seguridad.
Quedaron sin investigar centenares más de graves delitos cometidos en Timor Oriental durante 1999. Indonesia también continuó negándose a cooperar con las investigaciones y los juicios iniciados por la onu en Timor Oriental, entre otras cosas no transfiriendo a este país a indonesios o personas residentes en Indonesia contra quienes la Dependencia de Investigación de Delitos Graves, de la onu, había dictado órdenes de detención.
Otros casos no resueltos
Los esfuerzos encaminados a que los autores de otras violaciones de derechos humanos comparecieran ante la justicia avanzaron poco, miles de casos quedaron sin investigar, y los pocos que sí se investigaron, salvo en un caso, no acabaron en proceso judicial alguno. En tres casos destacados donde se habían iniciado investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad no hubo ningún imputado ni procesamiento alguno.
En enero, un tribunal militar condenó a nueve miembros de la Brigada Móvil de Policía (Brimob) a penas de entre tres y seis años de cárcel en relación con la muerte a tiros de cuatro estudiantes en la Universidad Trisakti, Yakarta, en 1998. Varios oficiales de alta graduación de la policía y el ejército se negaron a responder a las citaciones de una comisión de investigación sobre la ejecución extrajudicial de los cuatro estudiantes y de al menos otras 19 personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad, que dispararon contra manifestantes en Yakarta en 1998 y 1999. El equipo de investigación informó en abril de que en los homicidios había implicados 49 miembros de la policía y del ejército. Su recomendación de que el fiscal general investigara más a fondo el caso no se había puesto en práctica al terminar el año.
En abril, la Fiscalía envió un equipo de investigación a Papúa en respuesta a las conclusiones de otra Comisión de Investigación que había encontrado indicios de graves violaciones de derechos humanos en Abepura en diciembre de 2000, como el homicidio de tres estudiantes y la detención ilegítima y la tortura de un centenar más. Al terminar el año no se habían presentado cargos contra nadie.
De las 14 personas, entre ellas el jefe del Comando de Fuerzas Especiales, señaladas como sospechosas del homicidio de gran número de personas en Tanjung Priok, Yakarta, en 1984, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra unos manifestantes, ninguna había comparecido ante la justicia al terminar el año.
Represión de los movimientos independentistas
Nanggroe Aceh Darussalam
El diálogo entre el gobierno y el grupo armado de oposición Movimiento Aceh Libre (Gerakan Aceh Merdeka, gam) desembocó en la firma en diciembre de un acuerdo de alto el fuego. Este acuerdo fue concebido como un primer paso para poner fin a un conflicto que, según cálculos de organizaciones locales de derechos humanos, se había cobrado durante el año la vida de más de 1.300 personas.
Hubo informes de decenas de detenciones ilegales a manos de la policía y el ejército. La tortura y el maltrato a los detenidos continuaron siendo práctica habitual. Entre las víctimas había personas sospechosas de pertenecer o apoyar al gam, activistas políticos y defensores de los derechos humanos. En algunos casos, en lugar del presunto miembro del gam se detuvo a algún familiar. También hubo informes de casos en los que se pidió dinero para conseguir la libertad de los detenidos.
El gam también cometió graves abusos contra los derechos humanos, como secuestros y homicidios ilegítimos. El acuerdo de alto el fuego no contemplaba la reparación por la vía judicial de éstas y otras violaciones de derechos humanos.
Junaidi, jefe de la sección del distrito de Aceh Besar de la organización independentista Centro de Información sobre el Referéndum en Aceh, fue detenido el 8 de enero por soldados de la Comandancia Estratégica de Reserva del Ejército y «desapareció». Un familiar recibió una llamada telefónica suya en la que decía que estaba detenido en la zona del subdistrito de Seulimeum, distrito de Aceh Besar. El ejército negó que estuviera en su poder.
Hasan Basri, de 50 años, natural del subdistrito de Krueng Sabee, distrito de Aceh Occidental, pasó cinco meses detenido por el ejército. Durante ese tiempo lo sometieron a torturas tales como amenazarlo de muerte y obligarlo a presenciar la ejecución de otro preso. Su detención se atribuyó a que el ejército sospechaba que dos de sus hijos pertenecían al gam. Los abogados que intentaron ponerse en contacto con él fueron amenazados de muerte.
Papúa
Los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a las demandas políticas y de otra índole en Papúa siguieron viéndose obstaculizados por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Las restricciones a la libertad de expresión limitaron gravemente las actividades del movimiento civil independentista. Continuaron los juicios de tres destacados miembros del importante grupo político independentista Presídium del Consejo de Papúa, que fueron absueltos en marzo de cargos relacionados con sus actividades políticas pacíficas. Cuatro personas pertenecientes a la sección del distrito de Jayawijaya del Presídium, condenadas a cuatro años de cárcel en 2000, continuaron detenidas dentro de los límites de la localidad de Wamena, y Amnistía Internacional las consideró presos de conciencia.
Miembros del Comando de Fuerzas Especiales fueron acusados del homicidio, cometido en noviembre de 2001, del presidente del Presídium del Consejo de Papúa, Theys Eluay. Contra siete de ellos se habían formulado oficialmente cargos al terminar el año. El comienzo de los juicios, que iban a celebrarse ante un tribunal militar, estaba previsto para enero de 2003.
Las actividades mineras y madereras también fueron marco de violaciones de derechos humanos. En agosto, un indonesio y dos ciudadanos estadounidenses murieron en un atentado cerca de la mina PT Freeport Indonesia en el distrito de Mimika. El ejército atribuyó el ataque al grupo armado de oposición Movimiento Papúa Libre. Sin embargo, tanto la policía como las organizaciones locales de derechos humanos manifestaron públicamente sus sospechas de que el ejército indonesio estaba implicado en estas muertes.
El acceso al subdistrito de Wasior, en el distrito de Manokwari, continuó restringido tras las operaciones policiales de 2001 contra personas consideradas sospechosas de dos atentados contra empresas madereras. Se condenó a prisión, tras ser sometidas a juicios injustos, a 27 personas detenidas durante estas operaciones policiales. Todas salvo Marthinus Septinus Daisiwa, condenado a siete años de cárcel, habían quedado en libertad al terminar el año. No se investigaron las denuncias según las cuales las 27 habían sido torturadas y sometidas a otras violaciones de derechos humanos.
En noviembre y diciembre se detuvo, en relación con la celebración de actos independentistas pacíficos, a 49 personas, 41 de ellas en la localidad de Manokwari, en el distrito de Manokwari. Inicialmente, a estas 41 personas se les negó el acceso a abogados y familiares. Ocho seguían detenidas al terminar el año.
Presos de conciencia
Aumentó el uso de leyes represivas para detener y encarcelar a presos de conciencia. En aplicación de una ley que no se utilizaba desde 1998 se condenó a prisión a dos personas y contra tres se formularon cargos por «insultos a la Presidencia». Otras siete personas, entre las que había activistas sindicales e independentistas, fueron condenadas a prisión en virtud de otras leyes a causa de sus actividades pacíficas. Otro activista político, al que Amnistía Internacional consideraría preso de conciencia de ser declarado culpable, se encontraba aún en espera de juicio al terminar el año.
En octubre, Muzakkir y Nanang Mamija fueron condenados a un año de cárcel cada uno por «insultos a la Presidencia» tras desfigurar una imagen de la presidenta durante una manifestación en Yakarta. Ricky Tamba y Frederik estuvieron recluidos dos días en relación con la misma manifestación.
Raihana Diany, coordinadora de la Organización Democrática de Mujeres de Aceh, fue detenida en julio durante una manifestación pacífica en protesta por la política del gobierno y las violaciones de derechos humanos en la provincia de Nanggroe Aceh Darussalam, y fue acusada de «insultos a la Presidencia». Su juicio, que comenzó en octubre, no había terminado al finalizar el año.
Defensores de los derechos humanos
Los observadores nacionales e internacionales de derechos humanos tuvieron restringido el acceso a las provincias de Nanggroe Aceh Darussalam y Papúa. En ambas, los defensores de los derechos humanos continuaron sometidos a violaciones de dichos derechos, tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones ilegítimas. Muchos informaron de que los habían amenazado y hostigado en el desempeño de sus actividades. En Aceh se ejecutó extrajudicialmente a dos defensores de los derechos humanos. Durante el año se detuvo al menos a 23, 14 de los cuales denunciaron haber sido golpeados bajo custodia.
Siete personas fueron condenadas a 2 meses y 10 días de cárcel por el ataque perpetrado en marzo contra las oficinas en Yakarta de la Comisión sobre Desapariciones y Víctimas de la Violencia (Kontras). Sin embargo, siguieron sin resolverse casos pasados de violaciones de derechos humanos contra defensores de esos derechos, entre ellos el homicidio ilegítimo de tres trabajadores de la organización Acción de Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura, cometido en Nanggroe Aceh Darussalam en diciembre de 2000, a pesar de que ese mismo año se había identificado a los sospechosos.
En marzo, Nasrullah Ibrahim, Muhammad y Riza Pahlevi, miembros de la Asociación de Víctimas de Abusos contra los Derechos Humanos, permanecieron en régimen de incomunicación bajo custodia policial durante cuatro días, al cabo de los cuales fueron puestos en libertad sin cargos. Koes Sofyan, también miembro de esta asociación, fue detenido por agentes del Comando de Fuerzas Especiales y retenido durante casi tres meses antes de ser puesto en libertad sin cargos. Los cuatro fueron torturados.
Musliadi, jefe de la Coalición de Acción Estudiantil y Juvenil de Aceh Occidental, fue detenido en noviembre por seis hombres no uniformados en las oficinas de la organización en Banda Aceh, capital de la provincia de Aceh. Su cadáver fue encontrado cuatro días después flotando en un río a 70 kilómetros de Banda Aceh. Presentaba hematomas en las piernas, la espalda y el pecho, y una puñalada en la nuca. Se temía que lo hubieran matado a causa de sus actividades contra la violación de los derechos humanos en Aceh.
Pena de muerte
Se supo que nueve personas habían sido condenadas a muerte, lo que elevaba el número de condenados a la pena capital a un mínimo de 58. De los presos en espera de ejecución, 25 habían sido condenados por delitos relacionados con drogas. No se llevó a cabo ninguna ejecución.
Organizaciones intergubernamentales
El relator especial sobre la independencia de jueces y magistrados y el relator especial sobre el derecho a la educación visitaron Indonesia en julio. La petición de visitar Aceh del primero fue denegada.
El gobierno invitó a visitar Indonesia al relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Sin embargo, ni el relator especial sobre la cuestión de la tortura ni el representante especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos recibieron respuesta a sus peticiones para visitar el país.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informes
Indonesia: Impunity and human rights violations in Wasior, Papua (Índice AI: ASA 21/015/2002)
Indonesia: Grave human rights violations in Papua (Índice AI: ASA 21/032/2002)
Visita
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Indonesia en enero, incluida una breve parada en la provincia de Papúa.
Irak
República de Irak
Jefe del Estado y del gobierno:
Sadam Husein
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
Se ejecutó a decenas de personas, algunas de las cuales eran posibles presos de conciencia. Se decretó una amnistía general, pero siguió sin conocerse la suerte que habían corrido decenas de miles de personas «desaparecidas» en años anteriores. Se siguió expulsando al Kurdistán iraquí a habitantes de etnia no árabe de la región de Kirkuk, principalmente a kurdos. Continuaron las amenazas contra familiares de activistas de la oposición.
Información general
La amenaza de intervención militar estadounidense contra Irak se intensificó considerablemente hacia el final del año. En enero, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, acusó a Irak de formar parte del «eje del mal», y a lo largo del año pidió un «cambio de régimen» en el país. El gobierno estadounidense acusó a Irak de estar en posesión de armas de destrucción masiva, en contravención de resoluciones del Consejo de Seguridad de la onu, lo que constituiría una «amenaza para la seguridad de Estados Unidos». En un discurso pronunciado en septiembre ante la Asamblea General de la onu, el presidente Bush instó a ésta a velar por que Irak cumpliera todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y amenazó con emprender, de lo contrario, acciones militares contra el país.
En noviembre, tras dos meses de negociaciones, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1.441, en la que se exigía a Irak la eliminación de sus armas de destrucción masiva y se concedían amplios poderes a los inspectores de armas de la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección (unmovic) y del Organismo Internacional de Energía Atómica (oiea), a los que se debía permitir el «acceso inmediato, sin trabas, incondicional e irrestricto» a todos los lugares del país. Asimismo, en la Resolución se concedía a Irak un plazo de una semana para expresar su conformidad con ella, y un plazo de un mes para hacer una descripción exacta, cabal y completa de sus programas de desarrollo de armas químicas, biológicas y nucleares y de misiles balísticos. También se advertía a Irak de que se expondría a sufrir «graves consecuencias» si no aprovechaba esta «última oportunidad» de cooperar y acceder al desarme.
Irak aceptó la Resolución, por lo que a finales de noviembre comenzaron su trabajo los inspectores de la onu. En diciembre, el gobierno iraquí presentó al Consejo de Seguridad la descripción solicitada. El presidente de la unmovic, Hans Blix, manifestó que había en ella puntos sin aclarar, y el gobierno estadounidense afirmó que era incompleta y que Irak estaba incurriendo en un incumplimiento grave de sus obligaciones.
Irak continuó sometido a las sanciones económicas impuestas por la onu desde 1990. En mayo, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 1.409, por la que se permitía al país importar productos sin el consentimiento previo del Comité de Sanciones de la onu; no obstante, el Consejo de Seguridad elaboró una relación de productos para los que sí era necesaria la aprobación del Comité de Sanciones, ya que podían tener un doble uso y utilizarse con fines militares. El programa «petróleo por alimentos» se prorrogó seis meses tras aceptar Irak la Resolución 1.409, y luego otros seis más en diciembre.
A lo largo del año se tuvo noticia de muertes de civiles como consecuencia de la intensificación de los ataques aéreos lanzados por las fuerzas estadounidenses y británicas contra objetivos iraquíes dentro de las «zonas de exclusión aérea». El gobierno iraquí declaró que habían muerto cuatro civiles al atacar aviones estadounidenses y británicos blancos iraquíes en la zona de Mosul, en el norte de país, en febrero. En julio afirmó que una familia de cuatro miembros y una persona más habían muerto al bombardear aviones estadounidenses una zona de Al Diwaniya, en el sur.
En febrero, el relator especial de la onu sobre la situación de los derechos humanos en Irak visitó el país, tras acceder a ello el gobierno por primera vez desde 1992. Durante la visita mantuvo conversaciones con altos cargos gubernamentales, a los que expuso motivos de preocupación en materia de derechos humanos pendientes desde hacía mucho tiempo; asimismo, visitó dos prisiones y se reunió también con líderes religiosos y jueces, entre otros. En abril, la Comisión de Derechos Humanos de la onu aprobó una resolución en la que acusaba al gobierno iraquí de ejercer «una represión y una opresión omnipresentes, sostenidas mediante una amplia discriminación y el terror generalizado». La Comisión prorrogó un año el mando del relator especial.
En octubre, el presidente Sadam Husein fue reelegido para un nuevo mandato de siete años tras ganar un referéndum en el que, según informes, obtuvo el cien por cien de los votos y en el que él era el único candidato.
Amnistía general
En octubre, el Consejo del Mando de la Revolución, órgano ejecutivo supremo de Irak, promulgó el Decreto núm. 25, firmado por el presidente Sadam Husein y en el que se ordenaba, supuestamente, la excarcelación de todos los presos. La amnistía era aplicable a los «presos, detenidos y fugitivos condenados a prisión por razones políticas y a todos los demás encarcelados por razones ordinarias, incluidos los condenados a muerte [...] dentro y fuera de Irak». Sin embargo, no se beneficiaban de ella los árabes condenados por espiar para Israel y Estados Unidos, o que estuvieran acusados de ello. Las autoridades no hicieron público el nombre de los presos excarcelados en virtud de la amnistía, la mayoría de los cuales habían sido condenados, según informes, por delitos como tráfico de drogas, tenencia de armas, colaboración con Irán, corrupción y soborno. En noviembre se dio carácter condicional a las excarcelaciones con un nuevo decreto según el cual los presos liberados no serían indultados si cometían nuevos delitos.
Al parecer, tras decretarse la amnistía regresaron al país centenares de iraquíes residentes en el extranjero, incluidos activistas de la oposición. Siguió sin conocerse la suerte que habían corrido decenas de miles de personas «desaparecidas» en la década de los ochenta y en 1991, entre las que había ciudadanos extranjeros.
Pena de muerte
Continuó imponiéndose ampliamente la pena de muerte. Durante el año se ejecutó a decenas de personas, algunas de las cuales eran posibles presos de conciencia. Entre las víctimas había presuntos miembros o simpatizantes de grupos políticos y religiosos de oposición y militares acusados de mantener contactos con la oposición en el extranjero. En muchos casos fue imposible determinar si las ejecuciones habían sido judiciales o extrajudiciales, dado el secreto que las rodeaba.
En marzo fueron ejecutadas en la Dirección General de Seguridad de Bagdad cinco personas —Hussain al-Sayyid Hammadi al-Buhadma, Kamil al-Sayyid Muhsin ‘Abbas al-Buhadma, Hamza ‘Uwayd Jouida ‘Idan, Qassem al-Sayyid Jaber Hamza e ‘Inad al-Sayyid ‘Abbas Hamza— acusadas, según informes, del asesinato de un miembro del Partido Baás y de un policía en el pueblo de Al Wahabi, cerca de Al Kufa. Habían sido detenidas en diciembre de 2001 y se ignoraba si habían sido juzgadas. De acuerdo con la información disponible, se impidió a sus familias celebrar un funeral adecuado.
Según informes, tres militares, entre ellos Mohammad Abdallah Shahin y Mohammad Najib, fueron ejecutados en Mosul en marzo por presuntas críticas al presidente iraquí.
En julio se ejecutó en la prisión de Abu Ghraib a cinco personas de Basora —Fadhel Mrawwadh ‘Inaya al-Hamdani, Salah Jabr al-Hamdani, Falah Jabr al-Hamdani, Jassem Ahmad al-Hamdani y ‘Ali Jawwad al-Haydari— que habían sido detenidas al concluir 2001 y acusadas, según informes, de pertenecer a grupos ilegales de oposición chiíes.
Expulsión de personas de etnia no árabe
Se continuó expulsando al Kurdistán iraquí a habitantes de etnia no árabe de la región de Kirkuk, principalmente a kurdos, pero también a turkmenos y asirios. A algunos los obligaron a trasladarse al sur de Irak. En los últimos años se ha expulsado de Kirkuk a millares de personas debido a su origen étnico, así como debido a la situación estratégica y a los yacimientos petrolíferos de la región. Las autoridades han animado a los árabes del centro y el sur del país a mudarse allí.
En julio, Akbar ‘Omar, Sa’di Ali Karimand y Haji Mohammad Khosro fueron expulsados junto con sus familias del distrito de Shorja, de Kirkuk, y obligados a trasladarse al Kurdistán iraquí.
En septiembre se obligó a trasladarse de Kirkuk al Kurdistán iraquí, junto con sus familias, a Maid ‘Abd al-Hammed, Basin Thai, Nazim Shu‘at y Ashy Ahmad. Ese mismo mes se expulsó de la ciudad de Makhmur a Omar Unman Hassan, Baqi Fathallah y Najat Abdallah Hassan, que tuvieron que trasladarse también al Kurdistán iraquí junto con sus familias; asimismo, ‘Abd al-Rahman ‘Abd al-Hamid Shafiq, Jangi ‘Abd al-Hamid Shafiq, Yussef Jalal Rahman, Mohammad Hama ‘Ali y Hussain ‘Omar fueron expulsados junto con sus familias de la localidad de Tuz Khurmatu y obligados a trasladarse al sur de Irak.
Amenazas a familiares de activistas
de la oposición
Los servicios de seguridad obligaron a familiares de algunas figuras de la oposición iraquí en el exilio a aparecer en la televisión por satélite iraquí para denunciar a sus parientes exiliados. La medida parecía tener por objeto reducir al silencio a los activistas de la oposición.
En enero, la madre, dos hermanas y un hermano de Fa’iq al-Shaikh ‘Ali, periodista iraquí residente en Londres, fueron entrevistados por la televisión iraquí en su casa, en la ciudad de Al Jaf, situada al sur de Bagdad. Todos ellos denunciaron uno tras otro a Fa’iq ‘Ali y le pidieron que pusiera fin a sus actividades políticas. Antes de las entrevistas, habían estado detenidos durante varios días. Las detenciones se produjeron tras haber criticado Fa’iq ‘Ali la política del gobierno iraquí en un debate emitido por la televisión por satélite kuwaití Al Yazira.
En octubre, los hermanos de Al-Shaikh Hajem Hazzara, activista de la oposición residente en Jordania y miembro de la Alianza de Tribus, asociación política fundada en el exilio, tuvieron que presentarse en la jefatura de la agencia de Información General para ser interrogados. Según informes, los amenazaron con matarlos si su hermano continuaba con sus actividades en contra del gobierno. De acuerdo con la información disponible, los familiares de otros miembros de la Alianza de Tribus recibieron amenazas similares.
Kurdistán iraquí
En las provincias del norte de Irak, el Partido Demócrata del Kurdistán (pdk) y la Unión Patriótica del Kurdistán (upk) anunciaron en septiembre el comienzo de un proceso de reunificación y acordaron impulsar la aplicación del acuerdo de paz firmado en Washington, Estados Unidos, en 1998. Sus líderes se reunieron varias veces. Entre las medidas de normalización que acordaron figuraban la reapertura de las oficinas de cada uno de los dos grupos en las zonas controladas por el otro, la devolución de los bienes tomados en combate a mediados de la década de los noventa, la circulación sin obstáculos por sus zonas respectivas y la liberación de las personas recluidas desde la guerra civil (1993-1997). En octubre se reunió, por primera vez en seis años, el Parlamento regional kurdo, que en noviembre anunció el establecimiento de una comisión encargada de preparar elecciones legislativas para julio de 2003.
Siguieron estallando durante el año combates esporádicos entre las fuerzas de seguridad de la upk y miembros de Ansar al Islam, grupo islámico armado surgido de la fusión de otras dos organizaciones armadas, Jund al-Islam y un grupo escindido del Movimiento de Unidad Islámica. Se dijo que Ansar al Islam era responsable de varios atentados con bomba perpetrados contra edificios y autoridades del gobierno de la upk.
En agosto, las autoridades de la upk y el pdk promulgaron una legislación que sancionaba con una pena máxima de muerte los homicidios cometidos en nombre del honor.
Detenciones políticas
En abril fue detenido en Kalar, en la zona controlada por la upk, como sospechoso de espiar para un país extranjero, Mohammad Ahmad Mahmoud al-Zahawi, ex miembro de la Organización de Derechos Humanos de Kurdistán. Su familia no supo su paradero hasta mediados de junio, cuando le dijeron que se encontraba en Sulaimaniya bajo la custodia de los servicios de seguridad e información de la upk, conocidos como Dezgay Zanyari. Lo dejaron en libertad en septiembre. Se ignoraba si se habían presentado cargos contra él o si había sido juzgado.
En septiembre detuvieron en la zona controlada por el pdk a Burhan Qani, redactor jefe del periódico Ray Gishti, y a ‘Imad Shekhani, escritor. Según informes, al concluir el año continuaban privados de libertad. Se ignoraba el motivo de su detención y por qué seguían recluidos.
Acciones de Amnistía Internacional
En septiembre, Amnistía Internacional instó a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la onu a garantizar que se haría todo lo posible para resolver la crisis de Irak por medios pacíficos.
Irán
República Islámica de Irán
Líder de la República Islámica de Irán:
Ali Jamenei
Presidente: Mohammad Jatami
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
Se detuvo por motivos políticos a decenas de personas, algunas de la cuales fueron consideradas presos de conciencia. Otras, detenidas hacía ya tiempo, continuaron recluidas sin juicio o en cumplimiento de penas impuestas en juicios injustos. Algunas no tenían acceso a un abogado ni a su familia. El poder judicial continuó restringiendo la libertad de expresión y de asociación, y se detuvo a decenas de estudiantes, periodistas e intelectuales. Se ejecutó, a menudo públicamente y en algunos casos por lapidación, al menos a 113 personas, entre las que había presos políticos encarcelados desde hacía mucho tiempo, y se aplicaron penas de flagelación al menos a 84 personas, en muchos casos también en público.
Información general
Durante el año se intensificó la tensión política y social, con efectos negativos para los derechos humanos. Aumentó la rivalidad política entre, por un lado, los seguidores del presidente Jatami y la gran mayoría de los miembros del Parlamento, favorables a la reforma social, y por el otro, los partidarios del planteamiento conservador del líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Jamenei, el poder judicial y muchos miembros de las fuerzas de seguridad. Sumados al creciente desempleo, estos factores agravaron el descontento social, particularmente entre los jóvenes, que pedían mayor libertad social. Con la condena a muerte de Hashem Aghajari (véase infra), en octubre se iniciaron semanas de manifestaciones encabezadas por los estudiantes para protestar sobre todo por la falta de libertad de expresión.
El poder judicial respondió a la contestación social y política restringiendo cada vez más la libertad de expresión y asociación con medidas tales como detenciones arbitrarias, procesamientos por motivos políticos de estudiantes, escritores, intelectuales, parlamentarios y destacados reformistas, y el cierre arbitrario de publicaciones partidarias también de la reforma. Siguieron recibiéndose informes sobre juicios injustos, en especial de personas detenidas arbitrariamente, así como de tortura y de «confesiones» televisadas. El poder judicial recurrió a la imposición de penas de muerte y de flagelación en causas relacionadas con la libertad de expresión.
En el informe presentado por Irán al Comité de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la onu se realizó una revisión de las medidas de seguridad ya en vigor; no se adoptaron medidas nuevas.
En abril, la Comisión de Derechos Humanos de la onu recibió el informe final de su representante especial sobre la situación en Irán, cuyo mandato se dio por concluido tras una reñida votación. En julio, el gobierno manifestó que iba a permitir la visita a Irán de los relatores temáticos de la onu.
Ataques a la libertad de expresión
y de asociación
Se detuvo arbitrariamente a decenas de estudiantes, intelectuales y periodistas, contra muchos de los cuales se presentaron cargos de motivación política en aplicación de leyes sobre difamación o seguridad. Los juicios celebrados en este contexto incumplieron a menudo las normas internacionales de justicia procesal y continuaron celebrándose ante tribunales especiales y, con frecuencia, a puerta cerrada; como consecuencia de todo ello se encarceló a personas únicamente por sus creencias. Muchas de las detenciones arbitrarias de líderes estudiantiles practicadas en enero y en noviembre adoptaron la forma de secuestros, con varios estudiantes «desaparecidos» durante días. Se presentaron nuevos cargos contra presos de conciencia, entre ellos el líder estudiantil Ali Afshari (véase infra), con objeto, presumiblemente, de que continuaran recluidos. Otros fueron detenidos de nuevo nada más quedar en libertad.
El periodista e investigador Hasan Yousefi Eshkevari, encarcelado por su participación en una conferencia académica celebrada en Berlín, Alemania, en abril de 2000, fue puesto en libertad inesperadamente a principios de agosto. Volvieron a detenerlo semanas después sin orden judicial y sin explicación alguna, y posteriormente fue condenado a siete años más de prisión.
En enero se reanudó el juicio de hasta 30 presos de conciencia, entre los que había profesores universitarios, periodistas e intelectuales, relacionados con la asociación religioso-nacionalista Milli Mazhabi, y en especial con el Movimiento de la Libertad de Irán (Nehzat-e Azadi). A los acusados se les imputaban cargos vagamente definidos como «actos contra la seguridad nacional», «conspiración para menoscabar la fe religiosa de los estudiantes» e «intento de derrocar al gobierno por medios ilegales». Uno de los abogados defensores dimitió por considerar que era imposible representar a sus clientes sin acceso al sumario. A otro, Mohammad Ali Dadkhah, se le prohibió, según informes, presentarse en el juzgado, y fue posteriormente condenado a cinco años de prisión e inhabilitado para el ejercicio de la abogacía durante 10 años en relación con su actuación de defensa en la causa (véase infra). El 27 de julio se impusieron penas de hasta 10 años de cárcel a los 30 acusados y en la misma sentencia se ordenó la disolución del Movimiento de la Libertad de Irán.
Hashem Aghajari, académico y miembro del grupo reformista Organización Muyahidín de la Revolución Islámica, fue juzgado en relación con un discurso que había pronunciado en junio en la ciudad occidental de Hamedan. En él había pedido una reforma religiosa, afirmando que los fieles no debían «seguir ciegamente» a los líderes religiosos. Lo condenaron a muerte y a recibir 74 latigazos por cargos poco precisos relacionados con difamación de los líderes religiosos y la religión. El líder supremo de la Revolución Islámica tomó la poco corriente decisión de ordenar al poder judicial que revisara la condena.
Excarcelaciones
Un reducido número de presos de conciencia se benefició de excarcelaciones temporales, condicionales y de otro tipo. En febrero se concedió un permiso de hasta seis meses por razones médicas a Abbas Amir Entezam, preso de conciencia que había sido encarcelado por espionaje tras ser sometido a un juicio injusto en 1979. En noviembre, el ex director de periódico y destacado político Abdollah Nouri fue excarcelado tras cumplir tres de los cinco años de prisión a que estaba condenado. En octubre se concedió también por razones médicas un permiso de alrededor de una semana al activista estudiantil Manuchehr Mohammadi, que había sido trasladado en julio a la prisión de Qa’emshahr, donde, según informes, fue maltratado por funcionarios y por otros presos. Su hermano, Akbar Mohammadi, también consiguió un permiso médico temporal de alrededor de una semana en noviembre. A otro estudiante, Ahmad Batebi, encarcelado en relación con los disturbios estudiantiles de julio de 1999, se le concedió en agosto un permiso de un mes por razones familiares.
Abogados y defensores de los derechos humanos en peligro
Los abogados, que necesitaban un permiso del poder judicial para ejercer su profesión, continuaron siendo víctimas de hostigamiento judicial, en particular si se sabía que eran defensores de los derechos humanos. A veces se ponían en contacto con ellos representantes del poder judicial que les decían que no defendieran a determinadas personas o se les enviaría una citación. Debido a las protestas del Colegio de Abogados, en al menos un caso se anuló dicha citación.
En agosto, seis abogados —entre ellos Mohammad Ali Dadkhah y Abdolfattah Soltani— que habían participado en causas relacionadas con la libertad de expresión y asociación fueron acusados de delitos poco precisos, como «propagar mentiras», en relación con el desempeño de su profesión. Tras ser sometidos a juicios en los que se violaron las normas reguladoras del ejercicio de la abogacía, les impusieron condenas de prisión, en su mayoría condicionales, y les prohibieron ejercer su profesión. Sus casos provocaron protestas generalizadas, incluso del Colegio de Abogados. Al final del año continuaba pendiente la apelación contra las condenas.
El caso de los «asesinatos en serie»
Hubo novedades en relación con los funcionarios presuntamente implicados en la ejecución extrajudicial de tres escritores y dos activistas políticos en 1998, caso conocido como el de «los asesinatos en serie». En marzo se impusieron penas de prisión y de flagelación a cinco funcionarios del Ministerio de Información que habían interrogado a los presuntos autores de los asesinatos, tras la distribución clandestina de un vídeo que revelaba que los habían maltratado. Los condenados presentaron un recurso de apelación, pero al concluir el año no se había visto aún.
Nasser Zarafshan, abogado de las familias de algunas de las víctimas de los «asesinatos en serie», fue detenido en relación con unos comentarios que había hecho sobre el asunto. En marzo, un tribunal militar lo condenó a cinco años de prisión y a recibir 50 latigazos en un juicio celebrado a puerta cerrada y sin las debidas garantías; asimismo, se le prohibió ejercer su profesión. Un tribunal de apelación confirmó la sentencia el 16 de julio.
El abogado que sustituyó a Nasser Zarafshan solicitó por carta al Tribunal Revolucionario que se interrogara al ex ministro de Información, Dorri Najafabadi, acerca de su papel en los asesinatos pues, aunque anteriormente se le había eximido de declarar por no figurar su nombre en el sumario, el vídeo distribuido clandestinamente indicaba que a los funcionarios interrogados no se les había permitido referirse a él ni a su presunto papel en las muertes.
Propuestas legislativas y debate
sobre los derechos humanos
En mayo, el Parlamento aprobó un proyecto de ley por el que se declaraba ilegal el uso de la tortura para obtener confesiones o información. Sin embargo, el Consejo de Guardianes, órgano legislativo supremo, encargado de examinar la leyes para garantizar que son compatibles con los principios islámicos y la Constitución iraní, lo rechazó en julio por considerar, entre otras cosas, que no se definía claramente en él la tortura. En diciembre se presentó al Consejo una nueva versión del proyecto de ley. También en diciembre, el Parlamento aprobó una ley en la que se definían los delitos políticos y de la que el Consejo de Guardianes había rechazado un proyecto en 2001.
Dos proyectos de ley presentados en la segunda mitad del año aumentaron la tensión política. Uno de ellos, presentado a finales de septiembre y aprobado posteriormente por el Parlamento, parecía tener por objeto garantizar la capacidad del presidente para desempeñar las funciones constitucionales del cargo, en especial su poder para anular decisiones judiciales consideradas inconstitucionales. El otro, aprobado en octubre, modificaba los requisitos para presentarse como candidato a las elecciones parlamentarias y proponía, entre otras cosas, que el Consejo de Guardianes dejara de ser el encargado de aprobar a los candidatos. Al concluir el año, el Consejo de Guardianes no había aprobado aún ninguno de los dos proyectos.
La comisión parlamentaria sobre el artículo 90, encargada constitucionalmente de investigar denuncias de ciudadanos, siguió siendo la principal vía para exponer casos de violación de derechos humanos y publicó varios informes. Algunos de sus miembros formaron también un comité de derechos humanos dentro de ella con el propósito de promover las normas sobre estos derechos.
En diciembre comenzó el diálogo sobre derechos humanos entre la Unión Europea e Irán. Amnistía Internacional y la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch quisieron enviar delegados, pero se les negó la entrada.
Tortura y malos tratos
Continuaron infligiéndose torturas y malos tratos a personas detenidas, incluidos presos de conciencia, normalmente estando la víctima incomunicada por haberle prohibido las autoridades judiciales o de seguridad el acceso a su familia y a un abogado.
Siamak Pourzand, de 72 años, fue condenado a 11 años de prisión en abril en un juicio injusto. Según informes, había admitido diversas acusaciones, como «tener vínculos con monárquicos y contrarrevolucionarios» y «crear desilusión entre los jóvenes». También en abril hizo una «confesión» por televisión. De acuerdo con los informes, ese mismo mes sufrió un ataque cardiaco y, presumiblemente, no recibió asistencia médica efectiva. Amnistía Internacional temía que lo hubieran coaccionado para que no presentara un recurso de apelación contra su condena, que fue confirmada a principios de julio. Continuó recluido en un lugar secreto hasta su excarcelación temporal en diciembre.
Ali Afshari, dirigente estudiantil, informó a unos reporteros en febrero, durante un breve permiso penitenciario, de que la Guardia Revolucionaria Iraní lo había obligado a hacer una confesión falsa que había sido emitida por la televisión estatal en mayo de 2001, mientras él era interrogado en un centro de detención militar donde estuvo recluido en régimen de aislamiento durante casi un año. En agosto, Ali Afshari escribió una carta abierta al líder supremo de la Revolución Islámica en la que le exponía las circunstancias de su detención, encarcelamiento, interrogatorio y confesión forzada y le pedía que tomara medidas contra los organismos oficiales responsables de los malos tratos que había sufrido. Aunque cumplía una pena de un año por su participación en la conferencia de Berlín de abril de 2000, se presentaron nuevos cargos contra él por presunta difamación e incumplimiento de las medidas de seguridad. Posteriormente fue condenado a un año más de prisión.
Pena de muerte y otras penas crueles, inhumanas y degradantes
Se impusieron condenas de muerte y penas crueles, inhumanas y degradantes a personas acusadas de delitos por haber intentado ejercer su derecho a la libertad de expresión y asociación. Al menos 113 personas, 6 de ellas mujeres, fueron ejecutadas, en muchos casos en público. Según los informes, al menos dos personas fueron lapidadas, y al menos una de las ejecuciones se emitió por televisión. Como en años anteriores, se produjo un acusado aumento de las ejecuciones y flagelaciones públicas entre julio y septiembre. Se aplicaron penas de flagelación al menos a 84 personas. No obstante, es posible que el número verdadero de ejecuciones y flagelaciones fuera considerablemente superior. Algunas organizaciones políticas, por ejemplo, informaron de que en 2002 fueron ejecutadas 450 personas.
En abril, Ali Firouzi, condenado por asesinato, fue indultado por los padres de la víctima minutos antes de la ejecución, que iba a tener lugar en Qom, en el centro de Irán. Según informes, los padres cambiaron de opinión poco después, y 90 minutos más tarde Ali Firouzi fue ejecutado.
Cinco hombres, miembros, según informes, de una banda llamada los «Buitres Negros» y declarados culpables de gran número de delitos, fueron ahorcados simultáneamente el 30 de septiembre en dos lugares públicos distintos de Teherán. Las ejecuciones reavivaron el debate sobre la imposición de la pena capital.
Hoseyn Mojahed y Mojtaba Heydari, reformistas juzgados antes que Hashem Aghajari (véase supra), fueron condenados en septiembre a prisión y a recibir 74 latigazos.
Irlanda
Irlanda
Jefa del Estado: Mary McAleese
Jefe del gobierno: Bertie Ahern
Pena de muerte: abolicionista para todos
los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Continuó la preocupación por el trato dispensado a los solicitantes de asilo y por las denuncias de conducta policial indebida.
Información general
El gobierno siguió sin incorporar al derecho interno las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tampoco promulgó la legislación necesaria para vigilar la transferencia de material militar, de seguridad y policial de Irlanda a otros países.
En mayo, Irlanda ratificó el Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias.
En junio, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la onu expresó su preocupación por la persistencia de la discriminación contra las personas con discapacidad física o mental.
Al concluir 2002, en el Parlamento se encontraba pendiente de aprobación la legislación antiterrorista presentada como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Al finalizar el año, la Comisión de Derechos Humanos todavía no funcionaba plenamente.
Racismo
Persistió la preocupación por la violencia racista y el acoso a las minorías étnicas, así como por la deficiente legislación existente en este campo. Aumentaron los llamamientos en favor de la creación de un organismo de vigilancia independiente para investigar y vigilar el racismo y la discriminación.
Solicitantes de asilo y refugiados
Durante 2002 se detuvo por primera vez a solicitantes de asilo en aplicación de la Ley de Refugiados de 1996. La policía irlandesa (Garda Síochána) detuvo en julio a gran número de solicitantes de asilo rechazados, y el gobierno anunció planes para aumentar las expulsiones.
En mayo, el proyecto de Ley sobre Inmigración de 2002, que incluía disposiciones para sancionar a las compañías de transporte que permitieran entrar en el país a solicitantes de asilo, se retiró a causa de las elecciones generales. Sin embargo, volvió a presentarse en diciembre con mayores medidas restrictivas del asilo.
Actuación policial
En marzo se constituyó un tribunal para investigar denuncias sobre miembros de la división de Donegal de la policía irlandesa. En diciembre, Amnistía Internacional pidió que se concediera asistencia letrada plena a la familia McBrearty, cuyas denuncias sobre conducta indebida por parte de la policía eran fundamentales para las investigaciones del tribunal. Asimismo, pidió que éste examinara el papel de todas las autoridades que pudieran estar implicadas en el hecho de que presuntamente no se atendieran las denuncias.
En mayo, según informes, agentes de policía utilizaron fuerza excesiva durante una manifestación llevada a cabo en Dublín bajo el lema «reclama las calles». En noviembre, la Junta de Denuncias de la Policía manifestó que algunos agentes no habían cooperado con ella en sus investigaciones sobre la actuación policial durante la manifestación. Se anunció que siete agentes habían sido destinados a funciones burocráticas e iban a ser acusados de agresión.
Tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo para Asuntos Policiales de Irlanda del Norte, volvió a denunciarse que la policía irlandesa había tenido conocimiento del atentado con bomba perpetrado en Omagh en 1998 antes de que se produjera. En mayo, las autoridades iniciaron una investigación interna.
En octubre, el gobierno anunció que en 2003 promulgaría disposiciones legales para crear un cuerpo de inspección encargado de investigar denuncias contra agentes de policía.
La investigación sobre la muerte de John Carthy, al que la Unidad de Respuesta Urgente había matado a tiros en abril de 2000, entró en una nueva fase con el nombramiento en julio del juez Robert Barr como miembro único del Tribunal de Investigación.
Prisiones
Siguió la preocupación por el trato dispensado en las prisiones a las personas que padecían enfermedades mentales. En noviembre, Amnistía Internacional expresó su consternación por la negativa del gobierno a permitir a los investigadores de un proyecto conjunto de Amnistía Internacional e Irish Penal Reform Trust, ong que trabaja en favor de la reforma del sistema penitenciario, visitar varias prisiones para investigar el problema del racismo en los centros de detención irlandeses.
Atentados con bomba de Dublín
y Monaghan
Según informes, la Comisión Independiente de Investigación sobre los atentados con bomba perpetrados en 1974 en Dublín y Monaghan siguió teniendo dificultades para lograr la cooperación del gobierno del Reino Unido. Se amplió su cometido para investigar el homicidio sectario de Seamus Ludlow, católico muerto a manos de paramilitares unionistas con la presunta colaboración del Regimiento para la Defensa del Ulster del Ejército Británico.
Islas Salomón
Islas Salomón
Jefa del Estado: reina Isabel II,
representada por John Ini Lapli
Jefe del gobierno: Allan Kemakeza
Pena de muerte: abolicionista para todos
los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
Al menos 20 civiles y 4 policías murieron en un brote de violencia que estalló entre grupos étnicos rivales y dentro de ellos. Agentes de policía y ex miembros de grupos armados continuaron disfrutando de impunidad por los abusos cometidos contra los derechos humanos. El gobierno no garantizó servicios públicos básicos como la policía, la salud y la educación, y esto aceleró el declive del país. Miles de civiles sufrieron falta de alimentos, suministros médicos y libertad de circulación en las zonas controladas por pistoleros o afectadas por las operaciones policiales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos prorrogó su programa de derechos humanos en el país.
Información general
La amplia disponibilidad de armas ilegales, cientos de ellas robadas de los arsenales de la policía, fue el factor que más influyó sobre el orden público, los derechos humanos y la posibilidad de gobernar. El gobierno australiano calculaba que había más armas ilegales en el país que antes de que acabaran los combates de carácter propiamente militar, en octubre de 2000. En octubre, los mandos del grupo paramilitar disuelto Fuerza Águila de Malaita confirmaron los informes según los cuales el primer ministro Allan Kemakeza les había recomendado que no entregaran sus armas como exigía un proyecto de desarme apoyado por la onu.
La violencia armada aumentó temporalmente entre los grupos étnicos rivales y dentro de éstos, en un marco de corrupción gubernamental y de pago de las llamadas «indemnizaciones» por la presunta destrucción de bienes durante la guerra civil que duró desde 1998 hasta 2000. Las oficinas del gobierno fueron asaltadas en repetidas ocasiones por hombres armados que exigían dinero. Frente a estos pagos, contrastaba el hecho de que el gobierno no pagara las deudas y sueldos pendientes en servicios públicos básicos.
Instituciones médicas nacionales y unicef informaron del aumento en la desnutrición y las muertes por enfermedades evitables de niños y madres, en algunos casos por falta de suministros en hospitales y clínicas rurales, cuyo personal con frecuencia no recibía su sueldo. En julio, el ministro de Salud informó de que los médicos abandonaban el país. Una de las razones era que los grupos armados asaltaban las clínicas para vengarse de miembros de grupos étnicos rivales ingresados en ellas. Algunas escuelas y clínicas permanecieron cerradas todo el año o sólo abrieron temporalmente.
Las autoridades avanzaron en la tarea de reducir el número de agentes especiales de policía, 1.600 de los cuales habían sido reclutados entre los miembros de grupos étnicos armados después del Acuerdo de Paz de Townsville alcanzado en 2000. Unos 500 de estos agentes especiales figuraban fraudulentamente en las nóminas de la policía. A la mayoría se les pagaba sin estar sujetos a la disciplina y a los sistemas de rendición de cuentas de la policía. Según numerosos informes, estos agentes especiales estaban implicados en delitos u obstaculizaban los esfuerzos de los agentes de policía regulares que intentaban restaurar el orden público.
Preocupación internacional
En marzo, la ayudante del alto comisionado de Nueva Zelanda, Bridget Nicholls, murió de una puñalada en el corazón. El día anterior, la radio nacional había informado sobre su función en los planes de su gobierno para ayudar al mantenimiento del orden público en las Islas Salomón. Las autoridades locales afirmaron que había caído accidentalmente sobre su propio cuchillo, pero un pesquisidor neozelandés no pudo confirmar esta conclusión.
En agosto, la organización regional Foro de Instituciones de Derechos Humanos Nacionales de Asia y Oceanía, en virtud de su nuevo mecanismo de respuesta a las crisis, envió al país una delegación de Notables de Australia, Fiyi y Samoa. La delegación informó sobre la gravedad de la situación en una cumbre del Foro, y denunció que los pagos de «indemnizaciones» del gobierno «sólo llegaban a los que tenían armas» o a los criminales. La cumbre prorrogó hasta 2003 el mandato de vigilancia de la delegación.
Una oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas creada a finales de 2001 llevó a cabo un variado programa de actividades de formación, asesoría y sensibilización, organizando debates sobre cuestiones de derechos humanos, como la propuesta de una comisión de verdad y reconciliación que examinara el conflicto étnico de los años 1998-2000. En los talleres de derechos humanos participaron policías, encargados de la formación de policías, ex niños soldados, ancianos de los pueblos, grupos de mujeres y líderes religiosos y juveniles de varias provincias. El programa prestó también asistencia a la judicatura, que había sido objeto de considerable abandono por parte del gobierno.
A petición del primer ministro, en octubre visitó el país una delegación de evaluación de varios organismos de la onu para examinar la situación de seguridad y de derechos humanos, pero no se dieron a conocer detalles sobre sus conclusiones.
Retirada de los observadores de paz
En marzo, hombres armados a los que se atribuían actos de tortura, extorsión e intimidación de civiles participaron abiertamente en grandes marchas a favor de la paz en Auki y Honiara, sin que la policía hiciera nada para detenerlos.
En junio, un Equipo Internacional de Observadores de Paz, cuyos miembros iban desarmados, se retiró de las islas de Guadalcanal y Malaita tras recibir amenazas de hombres armados. En octubre, el gobierno anunció la creación de un Consejo Nacional de Paz para continuar con la labor de resolución de conflictos del Consejo de Supervisión de la Paz, establecido en aplicación del Acuerdo de Paz de Townsville.
Violencia política y étnica
La poca fiabilidad de los informes hizo difícil distinguir los delitos oportunistas de la violencia vinculada a las consecuencias del conflicto étnico.
En junio, durante los preparativos de una ceremonia de reconciliación en Weathercoast, en la isla de Guadalcanal, 10 pistoleros, en su mayoría malaitos, entre los que había un policía, fueron enviados en misión secreta a capturar al líder rebelde Harold Keke. Cada vez eran más las quejas de los habitantes de Weathercoast contra los hombres de Harold Keke, a quienes acusaban de liderar un reinado de terror entre ellos, ejecutando arbitrariamente a presuntos disidentes y violando a las jóvenes. La misión se saldó con la muerte de uno de los hombres de Keke y de todos menos uno de los enviados a capturarlo.
En agosto, Harold Keke declaró en la radio nacional que se hacía responsable de las muertes y de haber matado a tiros a Augustine Geve, ministro del gobierno y ex sacerdote católico que ese mes visitaba Weathercoast en misión de paz. Los pistoleros de Weathercoast también eran sospechosos de haber participado en una emboscada tendida en julio contra un vehículo policial robado que llevaba a niños con sus madres a una clínica para que los examinaran. En la emboscada murieron dos niños y una mujer, y resultaron heridas seis personas. La policía había intentado negociar para recuperar el vehículo.
En septiembre, siete destacados ex mandos de la Fuerza Águila de Malaita escribieron al primer ministro amenazando con no cooperar en el proceso de paz si la policía no tomaba medidas contra los rebeldes de Guadalcanal como Harold Keke. La policía lanzó entonces una importante operación conjunta con miembros armados de grupos ilegales de Guadalcanal, cuyos líderes estaban pagados como agentes especiales de policía, para capturar a Harold Keke. En octubre, el director general de la policía pidió ayuda humanitaria urgente para unos 3.000 habitantes de Weathercoast desplazados por la operación de captura que carecían de alimentos, techo y servicios médicos. Lanchas patrulleras de la policía les llevaron algo de ayuda y evacuaron de la zona de conflicto a cientos de civiles en peligro.
En noviembre y diciembre, dos policías y un civil, que actuaba como explorador de la policía, murieron en la operación, lo cual desencadenó una avalancha de amenazas y violencia contra los indígenas de Guadalcanal en Honiara. Cinco hombres y una mujer detenidos por su presunta ayuda a Harold Keke fueron maltratados y trasladados a Honiara, donde recibieron tratamiento médico por sus heridas. La policía afirmó que habían sido golpeados por ciudadanos rivales que apoyaban a la policía y que también habían incendiado pueblos abandonados por las familias que vivían en ellos, ahora desplazadas. Nadie fue puesto a disposición judicial por estos actos.
A partir de abril, la policía de Honiara y Auki comenzó a tomar medidas contra los pistoleros, algunos de ellos mandos policiales que hacían uso indebido de su autoridad. En septiembre, unos 150 policías se hicieron de nuevo con un ferry malaito secuestrado por unos hombres armados liderados por el ex jefe de la Fuerza Águila de Malaita Jimmy «Rasta», pero sólo detuvieron a tres guardias.
Israel y los Territorios Ocupados
Estado de Israel
Jefe del Estado: Moshe Katzav
Jefe del gobierno: Ariel Sharon
Pena de muerte: abolicionista para
los delitos comunes
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firma anulada
El ejército israelí mató al menos a 1.000 palestinos, en la mayoría de los casos ilegítimamente. Entre las víctimas había unos 150 niños y al menos 35 individuos cuya muerte fue un asesinato selectivo. Los grupos armados palestinos mataron a más de 420 israelíes, al menos 265 de los cuales eran civiles, 47 de ellos niños y unos 20 ciudadanos extranjeros, en ataques selectivos o indiscriminados. Se impusieron prolongados bloqueos y toques de queda en todos los Territorios Ocupados, y se destruyeron más de 2.000 viviendas. Se detuvo a miles de palestinos. La mayoría quedaron en libertad sin cargos, pero más de 3.000 permanecieron en cárceles militares. Más de 1.900 fueron sometidos a detención administrativa, sin cargos ni juicio, y contra unos 5.000 se formularon cargos por delitos relacionados con la seguridad, como participar en ataques contra israelíes. Más de 3.800 fueron juzgados ante tribunales militares en procesos que no cumplieron las normas internacionales pertinentes. Los palestinos detenidos sufrieron malos tratos de manera generalizada. Los soldados israelíes utilizaron a palestinos como «escudos humanos» durante operaciones militares. Ciertos abusos cometidos por el ejército israelí constituyeron crímenes de guerra. Entre esos actos figuraron homicidios ilegítimos, obstrucción de la ayuda médica y tomar como objetivo a personal médico, destrucción injustificada y a gran escala de bienes, tortura y trato cruel e inhumano, privación ilegítima de libertad y utilización de escudos humanos. Los homicidios selectivos y deliberados de civiles por parte de los grupos armados palestinos constituyeron crímenes contra la humanidad. Se encarceló al menos a 158 objetores de conciencia y reservistas israelíes que se negaron a prestar servicio en los Terrritorios Ocupados. Se detuvo a varios soldados y colonos israelíes por cargos de venta de armas y munición a grupos armados palestinos, y a cuatro colonos acusados de intentar poner una bomba en un colegio palestino.
Información general
En noviembre, el Partido Laborista se retiró del gobierno de coalición encabezado por el primer ministro Ariel Sharon. Su líder, Benyamin Ben Eliezer, dimitió del cargo de ministro de Defensa, en el que fue sustituido por Shaul Mofaz, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Defensa Israelí (fdi). Las colonias israelíes de los Territorios Ocupados, conocidas como «asentamientos», continuaron ampliándose y se fundaron otras nuevas. Israel continuó con su política de confiscación de tierras palestinas para ampliar la infraestructura necesaria para los asentamientos.
Operaciones de la fdi en los Territorios Ocupados
El alzamiento palestino, conocido como Intifada de Al Aqsa, continuó a lo largo de 2002. Las incursiones israelíes en las zonas bajo la jurisdicción de la Autoridad Palestina se intensificaron a comienzos del año. A partir de marzo, tras una serie de ataques de grupos armados palestinos contra civiles israelíes, la fdi lanzó una serie de importantes ofensivas contra los campos de refugiados y la mayoría de las ciudades de Cisjordania. El 29 de marzo emprendió la «Operación Muro Defensivo», que comenzó con un ataque a las oficinas del presidente de la Autoridad Palestina, Yasir Arafat, en Ramala. La fdi entró después en Belén, Tulkarem, Qalqiliya, Yenín y Nablús y tomó medidas como declararlas «zonas militares cerradas», prohibir la comunicación con el mundo exterior, cortar el suministro de agua y electricidad en la mayoría de las zonas e imponer estrictos toques de queda a los habitantes. A menudo se negó el acceso a estas zonas a los medios de comunicación y las ong internacionales, y a un equipo de investigación de la onu se le denegó el permiso para visitar el país. En el curso de éstas y otras operaciones, la fdi demolió más de 2.000 viviendas palestinas y decenas de edificios públicos y destruyó o dañó la infraestructura de suministro de agua y electricidad. Asimismo, los soldados dañaron y saquearon centenares de casas más, así como edificios públicos y privados, incluidas oficinas de ong.
La fdi siguió demoliendo viviendas y destruyendo tierras de labranza e instalaciones industriales en toda la Franja de Gaza, especialmente en las zonas próximas a los asentamientos judíos, las carreteras utilizadas por los colonos y las fronteras. El ejército reanudó también las voladuras de casas de familiares de conocidos o presuntos autores de ataques contra israelíes. La destrucción de viviendas palestinas dejó sin hogar a millares de personas, en su mayoría niños. La primera fase de la construcción de una barrera en torno a algunas ciudades de Cisjordania supuso la destrucción de grandes extensiones de tierra de labranza palestina. En todos los Territorios Ocupados se impusieron también castigos colectivos en forma de bloqueos y toques de queda en una escala sin precedente.
La fdi hizo uso habitual de aviones de combate F16, helicópteros de combate y tanques para bombardear zonas residenciales palestinas en respuesta a ataques palestinos con morteros o como represalia por atentados suicidas con bomba y otros ataques llevados a cabo por grupos armados palestinos en ciudades de Israel o en asentamientos de los Territorios Ocupados.
Los soldados israelíes utilizaron a menudo a palestinos como «escudos humanos» durante operaciones militares, obligándolos a realizar actos en los que corrían peligro de muerte, como entrar en casas para hacer salir de ellas a sus habitantes, registrar edificios en busca de explosivos, retirar objetos potencialmente peligrosos y cubrir a los soldados cuando disparaban contra otros palestinos. Al menos un palestino resultó muerto al ser utilizado con estos fines por la fdi.
La impunidad de los miembros de la fdi siguió siendo un problema grave. Se juzgó a algunos soldados por robar bienes palestinos, dos fueron condenados a 28 días de prisión por utilizar a un palestino como «escudo humano», y uno fue condenado a 65 días de cárcel por el homicidio de una palestina nonagenaria. Según la fdi, la policía militar había iniciado desde el comienzo de la Intifada 127 investigaciones contra miembros de esta fuerza, con el resultado de 12 procesamientos, ocho de los cuales se saldaron en condenas. Sin embargo, en la gran mayoría de los miles de casos de homicidio ilegítimo y otras violaciones graves de derechos humanos protagonizados por soldados israelíes desde el comienzo de la Intifada no se llevó a cabo, a juzgar por la información disponible, una investigación independiente e imparcial, a pesar incluso de que el gobierno prometió en octubre investigar todos los homicidios de niños.
Homicidios cometidos por el ejército israelí
Cientos de palestinos desarmados, incluidos más de 100 niños, murieron a causa de bombardeos o disparos efectuados al azar e imprudentemente por el ejército israelí o a causa del uso excesivo que el ejército hizo de la fuerza para hacer cumplir toques de queda u otras medidas. Centenares más murieron en enfrentamientos armados con el ejército israelí, y al menos 35 fueron víctimas de asesinatos selectivos, que a menudo causaron también la muerte de simples transeúntes. También murieron palestinos al demoler la fdi sus casas estando ellos dentro.
Ahmad Ghazawi, de 6 años de edad, y su hermano Jamil, de 12, murieron el 21 de junio al disparar un tanque de la fdi contra una zona residencial de las afueras de la ciudad de Yenín. Su hermano Tareq, de 11 años, y un vecino, Samer al-Ahmad, resultaron gravemente heridos en el ataque, que otro vecino grabó en vídeo.
El 22 de julio por la noche, un avión de combate F16 de la fdi lanzó una bomba de una tonelada sobre un barrio densamente poblado de la ciudad de Gaza, matando al activista de Hamas Salah Shehada, objetivo del ataque. Murieron también siete adultos más y nueve niños, y resultaron heridas más de 70 personas. La fdi acusaba a Salah Shehada de organizar ataques contra israelíes. La bomba destruyó también seis casas vecinas. Al día siguiente, el primer ministro Sharon dijo que el ataque había sido «una de las operaciones de mayor éxito» de la fdi.
Baha al-Bahesh, de 13 años, resultó muerto el 22 de septiembre en Nablús cuando se hallaba junto a cuatro trabajadores de ayuda humanitaria del Movimiento de Solidaridad Internacional y fue alcanzado por un disparo efectuado desde un vehículo blindado para transporte de personal de la fdi.
Shaima’ ‘Abu Shammala, de nueve años, murió el 17 de octubre en su casa, delante de sus padres y hermanos, al ser alcanzada por un proyectil disparado por la fdi contra un campo de refugiados densamente poblado de Rafah, en la Franja de Gaza. También resultaron muertos en el mismo incidente otros cinco habitantes del lugar, incluidos un niño de 15 años y una mujer de 70.
Iain Hook, ciudadano británico, se encontraba el 22 de noviembre en el complejo del campo de refugiados de Yenín del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (unrwa), organismo para el que trabajaba, cuando soldados israelíes de la fdi abrieron fuego contra él. Murió poco después: la ambulancia se demoró debido a los controles de la fdi. Ese mismo día, Cahoime Butterly, trabajadora irlandesa de ayuda humanitaria, resultó herida a causa de un disparo efectuado desde un vehículo blindado de la fdi para transporte de personal en el campo de refugiados de Yenín.
Homicidios cometidos por grupos armados palestinos
Los grupos armados palestinos mataron al menos a 265 civiles israelíes, entre ellos 47 niños y unos 20 ciudadanos extranjeros. De todas estas personas, unas 180 murieron en atentados suicidas con bomba, perpetrados con frecuencia en lugares muy concurridos, como cafeterías, y en otros ataques llevados a cabo dentro de Israel. Más de 80 murieron a causa de disparos u otros ataques en los Territorios Ocupados. También murieron más de 150 soldados, más de 100 de ellos en los Territorios Ocupados y 47 en Israel.
El 27 de enero, Pinhas Tokatli, de 81 años, murió y más de un centenar de personas resultaron heridas al hacer explosión en la calle Jaffa, en Jerusalén, una bomba que llevaba consigo Wafa Idris, la primera mujer palestina que cometía un atentado suicida. Se atribuyeron el ataque las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa, grupo surgido de Fatah.
El 27 de abril, tres palestinos armados mataron a la niña de cinco años Danielle Shefi en Adora, asentamiento israelí de los Territorios Ocupados. La pequeña murió de un disparo, y su hermana y sus dos hermanos, de dos y cuatro años, resultaron heridos. En el mismo asentamiento, los atacantes mataron a dos hombres y a una mujer. Las Brigadas Izz Al Din Al Qassam, brazo militar de Hamas, se atribuyeron el ataque, que calificaron de «operación heroica y audaz».
El 31 de julio, la explosión de una bomba en la cafetería de un centro internacional de estudiantes de la Universidad Hebrea de Jerusalén mató a siete personas, entre ellas a Levina Shapira, de 53 años, y David Ladovski, de 29. Más de 70 personas resultaron heridas. Se atribuyeron el atentado las Brigadas Izz Al Din Al Qassam.
El 21 de noviembre, en el distrito de Kiryat Menachem, en Jerusalén, un palestino hizo estallar los explosivos que llevaba encima en un autobús, en el atentado murieron 11 personas y resultaron heridas otras 47. Entre los muertos figuraban Hadassah Ben David, de 13 años, y Michael Sharshevsky, de 16. Tanto Hamas como la Yihad Islámica se atribuyeron el ataque.
Ataques de colonos israelíes a palestinos
en los Territorios Ocupados
Los colonos israelíes de los Territorios Ocupados perpetraron repetidos ataques contra palestinos y destruyeron sus bienes. En octubre, durante la cosecha de la aceituna, hubo frecuentes ataques de colonos israelíes contra campesinos palestinos, a los que impidieron recoger los frutos y cuyos olivos y otros bienes quemaron y destruyeron. Algunos de los ataques tuvieron lugar en los alrededores de Nablús. En el pueblo de Yanun, todos los habitantes palestinos se vieron obligados a huir debido a los reiterados ataques de los colonos israelíes. Regresaron más tarde con protección internacional y de pacifistas israelíes. En la mayoría de los casos, la fdi no hizo nada para proteger a los palestinos de los ataques, y a menudo declaró cerrada la zona en cuestión, impidiendo el acceso a ella de los agricultores palestinos. En agosto, seis colonos israelíes fueron detenidos cuando colocaban una bomba a la entrada de un colegio de niñas en Jerusalén Oriental. Su juicio comenzó en septiembre, y al terminar el año aún no había concluido.
El 28 de junio, unos colonos israelíes mataron a tiros a la niña de 14 años Nivin Jamjun en Hebrón, donde también destruyeron y ocasionaron daños en viviendas y bienes palestinos.
Bloqueos y toques de queda
La fdi impuso bloqueos y toques de queda en una escala sin precedente en todos los Territorios Ocupados. La mayoría de las ciudades y pueblos palestinos estuvieron aislados durante la mayor parte del año, y en los grandes centros de población se impusieron prolongados toques de queda. Desde comienzos de agosto, Nablús, ciudad habitada por unos 120.000 palestinos, estuvo sometida a un estricto toque de queda de 24 horas que duró 106 días consecutivos. Estas rigurosas medidas punitivas colectivas afectaron a millones de palestinos, a los que durante la mayor parte del año se negó o restringió seriamente el acceso a los lugares de trabajo, los colegios y los centros médicos. En varias ocasiones, los soldados de los controles de seguridad israelíes impidieron a delegados de Amnistía Internacional el acceso a ciudades de Cisjordania y la Franja de Gaza, y lo mismo les ocurrió a trabajadores de ayuda humanitaria, personal médico y periodistas internacionales.
Destrucción de viviendas,
tierras de labranza y otros bienes
El ejército israelí destruyó más de 2.000 viviendas palestinas y grandes extensiones de tierra de labranza, en las que se arrancaron decenas de miles de árboles. La fdi solía destruir las casas sin avisar previamente a sus moradores, a los que tampoco permitía rescatar ninguna de sus pertenencias.
Centenares de casas fueron destruidas durante operaciones militares. En abril, tras el fin de un enfrentamiento con palestinos armados, la fdi destruyó un barrio entero del campo de refugiados de Yenín, dejando a cerca de 800 familias sin hogar.
En Nablús, la fdi demolió el 6 de abril una casa dentro de la cual se encontraban 10 miembros de la familia Al-Shu’bi. Ocho de ellos murieron, incluidos tres niños, su madre, que estaba embarazada, y su abuelo, de 85 años. Otros dos ancianos de la familia fueron rescatados vivos de entre los escombros una semana después.
En la Franja de Gaza, la fdi destruyó centenares de viviendas y grandes extensiones de cultivos en las zonas situadas junto a los asentamientos israelíes y a lo largo de las carreteras utilizadas por los colonos y de la frontera entre Egipto e Israel.
El 10 de enero, la fdi destruyó unas 60 casas en el campo de refugiados de Rafah, dejando sin hogar a unas 500 personas.
La fdi destruyó unas 100 viviendas de familiares de personas de las que se sabía o se sospechaba que habían participado en ataques contra israelíes. La Fuerza de Defensa había utilizado este método en décadas anteriores, pero ahora llevaba sin utilizarlo desde 1993. En la mayoría de los casos, la fdi voló las casas, destruyendo o provocando graves daños en los edificios vecinos y, a veces, causando lesiones a los habitantes.
En la segunda mitad del año, la fdi destruyó grandes extensiones de tierra de labranza en los alrededores de Qalqilya, Tulkarem y Yenín para hacer sitio a una barrera con la que se pretendía impedir la entrada de palestinos de Cisjordania en Israel. La barrera se estaba construyendo al este de la «línea verde» (la frontera con Israel), dentro de Cisjordania, con lo que los agricultores locales no podían acceder a gran parte de sus tierras, que eran su principal o único medio de vida.
Detenciones masivas y torturas
o malos tratos a palestinos
La fdi detuvo a miles de palestinos, entre ellos centenares de menores, en todos los Territorios Ocupados. La mayoría quedaron en libertad sin cargos y, en muchos casos, sin haber sido siquiera interrogados. Los malos tratos fueron práctica generalizada durante las detenciones e interrogatorios, y hubo numerosos informes sobre tortura y malos tratos a detenidos. En ellos se describían actos como propinar a la víctima palizas, tenerla esposada y atada en posturas incómodas durante largos periodos, amenazarla a ella o a sus familiares e impedirle dormir. Al menos un detenido murió bajo custodia tras recibir una paliza.
De todos los palestinos detenidos, más de 1.900 estuvieron hasta un año sometidos a detención administrativa. No fueron acusados de ningún delito y su reclusión se ordenó a partir de «pruebas secretas» que ni ellos ni sus abogados pudieron ver ni impugnar ante un tribunal. Alrededor de 1.000 detenidos más fueron acusados de participar en ataques contra israelíes, y más de 3.800 comparecieron ante tribunales militares que los juzgaron sin cumplir las normas internacionales sobre juicios justos.
A la mayoría de los palestinos detenidos no se les permitía recibir visitas de sus familiares, ni siquiera, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuando éstos cumplían los requisitos de seguridad necesarios.
Objetores de conciencia
Se impusieron penas de hasta seis meses de prisión al menos a 158 israelíes judíos que se habían negado a cumplir el servicio militar o a realizarlo en los Territorios Ocupados. Amnistía Internacional los consideró presos de conciencia.
Traslado forzoso
El 4 de septiembre, Intisar y Kifah ‘Ajuri, residentes en Nablús, fueron obligados a mudarse a la Franja de Gaza por la presunta ayuda que habían prestado a un hermano suyo, asesinado por la fdi el 6 de agosto, para perpetrar ataques contra israelíes. Intisar había estado detenida desde el 4 de junio, y su hermano Kifah desde el 18 de julio, pero en ningún momento se iniciaron acciones judiciales contra ellos ni se les acusó de ningún delito.
Naciones Unidas
En abril, una delegación de la onu encabezada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no pudo viajar a los Territorios Ocupados por la falta de cooperación del gobierno israelí. Aunque al principio accedió a la visita de un equipo de investigación de la onu, organizada de conformidad con la Resolución 1.405, de 19 de abril de 2002, del Consejo de Seguridad, el gobierno cambió posteriormente de opinión, y el 3 de mayo el secretario general de la onu disolvió el equipo.
En agosto, el gobierno israelí informó al secretario general de la onu de que había decidido anular su firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En octubre, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a Israel que se abstuviera de atacar a niños; asimismo, señaló que «la ocupación ilegal del territorio palestino, los bombardeos de zonas civiles, los asesinatos extrajudiciales, el desproporcionado empleo de la fuerza por el ejército israelí, la demolición de viviendas, la destrucción de la infraestructura, las restricciones de circulación, y la cotidiana humillación de los palestinos sigue contribuyendo a la persistencia del ciclo de violencia».
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informes
El alto precio de las incursiones israelíes (Índice AI: MDE 15/042/2002/s)
Reclusión masiva de detenidos en condiciones crueles, inhumanas y degradantes (Índice AI: MDE 15/074/2002/s)
Israel, los Territorios Ocupados y la Autoridad Palestina: Sin distinción. Los ataques contra civiles perpetrados por grupos armados palestinos (Índice AI: MDE 02/003/2002/s)
Israel, los Territorios Ocupados y la Autoridad Palestina: Matar el futuro. Niños en la línea de fuego (Índice AI: MDE 02/005/2002/s)
A salvo de escrutinio: Violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza de Defensa Israelí en Yenín y Nablús (Índice AI: MDE 15/143/2002/s)
Visitas
Amnistía Internacional envió delegaciones a Israel y los Territorios Ocupados en enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre y noviembre. La secretaria general de la organización visitó la zona entre abril y mayo. Los delegados se reunieron en diversas ocasiones con autoridades gubernamentales israelíes y con oficiales de la fdi, les plantearon los motivos de preocupación de la organización y pidieron aclaración sobre decenas de casos. Se recibió respuesta específica sobre dos de estos casos, ambos sobre personas detenidas.
Italia
República Italiana
Jefe del Estado: Carlo Azeglio Ciampi
Jefe del gobierno: Silvio Berlusconi
Pena de muerte: abolicionista para todos
los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Siguieron recibiéndose informes sobre uso excesivo de la fuerza y malos tratos, que a veces constituían tortura,
a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley y guardias de prisiones, así como sobre muertes de detenidos y presos en circunstancias controvertidas. El funcionamiento del sistema de justicia penal fue objeto
de nuevas críticas de organismos nacionales e intergubernamentales. Uno de los tres hombres declarados culpables en 1995 de participar en un asesinato cometido por motivos políticos en 1972, en un juicio que no estaba claro que hubiera cumplido las normas de justicia procesal, seguía encarcelado, cumpliendo una condena de 22 años de prisión, en espera del resultado de una petición presentada ante la Comisión Europea de Derechos Humanos. Organizaciones de defensa de los derechos humanos de los refugiados manifestaron su inquietud por el hecho de que siguiera faltando legislación exhaustiva sobre el asilo y por la aprobación de una nueva ley, relativa principalmente a la inmigración, pero con algunas disposiciones sobre el asilo, que impedía el pleno ejercicio del derecho de asilo enunciado en las leyes internacionales sobre refugiados y las normas internacionales de derechos humanos y que acentuaba el riesgo de devolución (refoulement) de personas susceptibles de sufrir violaciones graves de derechos humanos. Un grupo político armado, las Brigadas Rojas para la Construcción del Partido Comunista Combatiente (br-pcc), reivindicó un atentado contra un prominente asesor económico del gobierno muerto a tiros en marzo.
Información general
En enero, tras producirse protestas de representantes del poder judicial en todo el país, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la onu sobre la independencia de jueces y magistrados expresó su preocupación por el creciente enfrentamiento entre el gobierno y la judicatura, que, según manifestó, podía menoscabar el Estado de derecho. En marzo y noviembre visitó el país para estudiar las causas de estas tensiones y ayudar a buscar una solución.
En los informes y las declaraciones preliminares que hizo tras sus visitas, el relator especial manifestó que estaba convencido de que jueces y fiscales tenían motivos razonables para sentir que su independencia estaba amenazada. Tras la visita de marzo instó a una serie de políticos, entre ellos el primer ministro, Silvio Berlusconi, acusados de corrupción y contabilidad falsa en juicios de gran notoriedad, a respetar los principios del debido proceso y a no servirse de su cargo para retrasar indebidamente las actuaciones judiciales. Asimismo, recomendó la creación de un comité coordinador con representación de todos los sectores de la administración de justicia que abordara el proceso de reforma del sistema judicial de forma integral y exhaustiva. En su visita de noviembre, constató que persistían la desconfianza y el recelo mutuos, lo que producía tensiones entre la judicatura y el gobierno. Asimismo, manifestó que las causas fundamentales parecían ser la lentitud del sistema judicial y sus procedimientos, que daba lugar a abusos, y los juicios de gran notoriedad seguidos contra destacados políticos que parecían aprovecharse de las flaquezas del sistema y servirse del proceso parlamentario cuando lo precisaban. También expuso, entre otras conclusiones, que no se habían producido grandes progresos en la reforma del sistema judicial, e indicó que el Comité de Ministros del Consejo de Europa consideraba igualmente motivo de preocupación la excesiva lentitud de los procedimientos judiciales en Italia y estaba vigilando la eficacia del sistema de justicia penal.
En su segundo informe sobre Italia, presentado en abril, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ecri) reconoció que, en los últimos años, el país había adoptado diversas medidas para combatir tales problemas, pero observó que éstos seguían manifestándose en forma, por ejemplo, de prejuicios sociales, discriminación y casos de violencia. Asimismo, destacó la función desempeñada en tal situación por la propaganda racista y xenófoba empleada por ciertas figuras políticas, que merecía una atención especial y urgente. Las autoridades italianas indicaron, en respuesta, que ningún partido político italiano, ni en su programa ni en su actitud, se inspiraba en la intolerancia racial y xenófoba.
Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley
Se abrieron o siguieron adelante numerosos procedimientos judiciales por denuncias de malos tratos y de uso excesivo de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley, así como de disparos, a veces mortales, en circunstancias controvertidas.
La ecri expresó preocupación por los informes que indicaban que ciertos agentes encargados de hacer cumplir la ley habían participado en controles discriminatorios, insultos, malos tratos y actos de violencia, con uso ilícito de armas de fuego en ciertos casos, y que ciertos grupos de personas, como los romaníes, los extranjeros y los ciudadanos italianos de origen inmigrante, eran especialmente susceptibles de convertirse en víctimas de este comportamiento. La ecri señaló que, según los informes, en la mayor parte de estos sucesos las víctimas no presentaban querella, las investigaciones de la policía eran escasas y había poca transparencia respecto a los resultados, y las personas que manifestaban su intención de denunciar malos tratos eran con frecuencia objeto a su vez de contradenuncias o amenazas de denuncia. Asimismo, subrayó la necesidad urgente de mejorar la respuesta a las denuncias de comportamiento indebido de la policía con miembros de minorías y recomendó, entre otras cosas, la creación de una comisión independiente para investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía.
Actualización de casos
Seguían en curso, entre otras, las investigaciones criminales de las violaciones de derechos humanos cometidas en las operaciones policiales efectuadas durante las manifestaciones multitudinarias convocadas en marzo y julio de 2001 con motivo del Tercer Foro Mundial de Nápoles y la cumbre del G8 de Génova, respectivamente.
Se sometió a investigación a decenas de agentes de policía de Nápoles. En abril, la juez de instrucción aprobó la petición de detención de ocho policías presentada por el fiscal general. Los agentes fueron acusados, entre otras cosas, de trasladar ilegal e indiscriminadamente a un centro de reclusión a decenas de personas que habían sido ingresadas en hospitales locales para recibir atención urgente por lesiones sufridas en las manifestaciones; de impedir a los detenidos ponerse en contacto con familiares y abogados; de someterlos a registros corporales ilegales y humillantes, agresiones físicas (en algunos casos, con porras), intimidaciones, amenazas y otros malos tratos, y de destrozar bienes de los detenidos e incautarse ilegalmente de película fotográfica, cámaras fotográficas y de vídeo, teléfonos móviles y otros objetos con el propósito de ocultar presuntos delitos cometidos por agentes encargados de hacer cumplir la ley. La sala de revisión del Tribunal de Nápoles anuló la orden de detención en mayo, si bien el Tribunal subrayó que, aunque consideraba que no había pruebas suficientes para respaldar un cargo de secuestro, existían pruebas fehacientes de delitos de coacción y lesiones personales, y declaró que «era indudable» que, especialmente en el centro de reclusión, había habido un comportamiento policial «violento, vejatorio y en clara violación de las disposiciones jurídicas» y que lo ocurrido había sido «anormal y absolutamente injustificable».
Una de las numerosas investigaciones criminales abiertas por la Fiscalía de Génova en torno a la cumbre del G8 trataba de la muerte por disparos de un manifestante, Carlo Giuliani. Se sometió a investigación por presunto homicidio al agente responsable, que había efectuado el disparo desde un vehículo de carabineros atacado por manifestantes, mientras se interrogaba a los testigos y se examinaban las pruebas periciales. En diciembre, la Fiscalía solicitó a la juez de instrucción el cierre de la investigación sin presentar cargos, alegando que el carabinero había actuado en defensa propia. Los abogados de la familia de Carlo Giuliani impugnaron la petición, y al concluir el año todavía estaba pendiente la decisión de la magistrada.
Otra investigación criminal estaba en marcha por la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir la ley durante el asalto a un edificio ocupado legalmente por el Foro Social de Génova. De las 93 personas detenidas en la operación, sufrieron lesiones un mínimo de 62, de las que algunas precisaron hospitalización urgente y, en algunos casos, intervención quirúrgica. Decenas de policías fueron sometidos a investigación, inicialmente por posibles cargos de abuso de autoridad, amenazas y agresión e insultos o por no haber impedido que agentes a sus órdenes cometieran tales delitos. La investigación se amplió al aparecer pruebas de peso que señalaban que los agentes habían cometido perjurio y falsificado pruebas contra los 93 detenidos, al parecer para justificar el asalto al edificio, el grado de fuerza empleada por la policía y las detenciones practicadas. Los 93 detenidos fueron acusados de resistencia a la autoridad, hurto, tenencia de armas y asociación ilícita con intención de saquear y destruir propiedades. En diciembre, la Fiscalía solicitó el sobreseimiento de los procedimientos judiciales referentes a los tres primeros cargos. Al concluir el año, seguía abierta una investigación criminal sobre el cuarto.
Seguía en curso una investigación sobre la conducta de agentes encargados de hacer cumplir la ley y personal penitenciario del centro de reclusión temporal de Bolzaneto, por el que habían pasado más de 200 detenidos. Según informes, al terminar el año, más de 30 personas, incluidos funcionarios de prisiones, médicos, carabineros y agentes de policía, estaban sometidas a investigación por abuso de autoridad, amenazas y agresión e insultos, o por no haber impedido tales delitos.
Prisiones
Persistió el hacinamiento crónico en los centros de reclusión y siguieron recibiéndose informes sobre atención médica inadecuada, malas condiciones de salubridad y un alto índice de automutilaciones, intentos de suicidio y suicidios. Hubo frecuentes protestas, suscitadas en gran medida por el deterioro de las condiciones tanto de los reclusos como del personal penitenciario. Estaban en curso numerosos procedimientos penales, algunos de ellos afectados por retrasos excesivos, contra guardias de prisiones por presuntos malos tratos, que en algunos casos habían constituido tortura. Se temía que el régimen de reclusión de alta seguridad conocido como «41 bis», que se aplicaba a presos encarcelados en relación con la delincuencia organizada y permitía un alto grado de aislamiento del exterior, constituyera en algunos casos trato cruel, inhumano y degradante. Una nueva legislación aprobada por el Parlamento en diciembre amplió su aplicación a los presos encarcelados en relación con la trata de personas y con delitos cometidos con fines «terroristas» o subversivos.
En mayo, más de 70 internos de la cárcel del distrito de Trento firmaron una denuncia donde se afirmaba que los guardias habían infligido una paliza a un recluso de origen marroquí y que incurrían frecuentemente en abuso de poder. El Ministerio de Justicia declaró en junio que la Fiscalía local había empezado a investigar tanto las denuncias de los presos como un informe presentado por los guardias de la cárcel de Trento, donde se alegaba que los presos habían cometido en mayo actos delictivos violentos contra ellos y que ciertos reclusos de origen marroquí habían participado en disturbios violentos.
En septiembre, la Fiscalía de Palermo abrió una investigación criminal sobre una denuncia presentada por escrito por unos 25 reclusos de la cárcel de Pagliarelli. Los presos denunciaban agresiones, intimidaciones y maltrato de obra y de palabra por parte de guardias penitenciarios, así como que tales actos habían sido causa de un intento de suicidio.
Se tuvo noticia de que las celdas de los presos sometidos al «41 bis» en las cárceles de Cuneo, L’Aquila y Viterbo tenían las ventanas cubiertas con hasta tres capas de cristal reforzado y barreras metálicas de seguridad que limitaban notablemente la entrada de aire y luz. Al parecer, los presos que llevaban mucho tiempo en este tipo de celdas tenían el sentido de la vista muy deteriorado.
En diciembre de 2002 se inició el juicio de ocho guardias de prisiones acusados de provocar graves lesiones corporales a Luigi Acquaviva, que murió en la cárcel sarda de Bad’e Carros en enero de 2000. La autopsia y los exámenes técnicos revelaron que su cuerpo, que se encontró colgado en una celda de aislamiento con vigilancia electrónica, había sufrido numerosos traumatismos antes de la muerte, así como lesiones en el cuello acordes con un acto de suicidio. Otro guardia estaba acusado de homicidio involuntario por no haber vigilado al preso ni impedido el suicidio.
Jurisdicción universal respecto
de los crímenes de lesa humanidad
En febrero, un ciudadano ruandés residente en Italia se desplazó en avión a Tanzania y se entregó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda de Arusha. En 2001, Italia se había negado a cumplir una orden internacional de detención dictada contra él por cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, alegando que, en virtud de la legislación interna italiana, no existía fundamento legal para proceder a la detención. Amnistía Internacional pidió a Italia que cumpliese de inmediato con sus obligaciones internacionales y que garantizase que se ponía a disposición judicial a todos los autores de violaciones graves de derechos humanos. En agosto se promulgó una ley de cooperación de Italia con el Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informe
Concerns in Europe, January-June 2002: Italy (Índice AI: EUR 01/007/2002)
Visita
Unas delegadas de Amnistía Internacional visitaron Italia en abril.
Jamaica
Jamaica
Jefa del Estado: reina Isabel II, representada por Howard Felix Cooke
Jefe del gobierno: Percival James Patterson
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
Continuaron recibiéndose informes sobre actos de brutalidad y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Al menos 133 personas murieron a manos de la policía, muchas de ellas en circunstancias controvertidas que hacían pensar en ejecuciones extrajudiciales. Se recibieron informes sobre detenciones sin cargos ni juicio, así como sobre malos tratos bajo custodia. Con frecuencia las condiciones de reclusión constituyeron trato cruel, inhumano y degradante. Al menos cinco personas fueron condenadas a muerte; no hubo ejecuciones. En enero el gobierno se negó a revocar las leyes que penalizan la homosexualidad.
Información general
Las elecciones del 16 de octubre volvieron a colocar en el poder al Partido Nacional del Pueblo (People’s National Party). Los comicios estuvieron acompañados de un aumento de la violencia por motivos políticos, y al menos 60 personas resultaron muertas en los días previos. Según la información recibida, simpatizantes de los dos partidos políticos principales atentaron contra los actos electorales del contrario. En julio se nombró un Defensor del Pueblo político en consonancia con una recomendación del Comité Nacional sobre Delincuencia y Violencia, como medio de reducir las tensiones políticas.
En octubre, el ministro de Seguridad Nacional anunció que se destinarían soldados de la Fuerza de Defensa de Jamaica (Jamaican Defence Force, jdf) a las zonas urbanas deprimidas en un intento de hacer frente a los «grupos terroristas paramilitares».
La situación económica seguía siendo desesperada y un gran número de personas vivían por debajo del umbral de pobreza. La sociedad jamaicana continuó padeciendo un altísimo grado de delincuencia violenta: según los informes, al menos 1.045 personas fueron asesinadas, entre ellas 16 agentes de policía.
Brutalidad de las fuerzas de seguridad
La policía mató al menos a 133 personas durante el año. Muchos de estos homicidios parecían ser ejecuciones extrajudiciales. Se recibieron nuevos informes sobre detenciones y reclusiones ilegítimas, así como un número creciente de informes sobre malos tratos bajo custodia policial que posiblemente constituían tortura.
El 6 de marzo, Glenroy Stewart, de 22 años, Jovan Campbell, de 20, Gregory Sharpe, de 19, y Douglas Rhoden, de 17, murieron por disparos de la policía en Worthy Park en circunstancias controvertidas. Según la versión de la policía, los cuatro murieron en un intercambio de disparos tras una persecución en automóvil. Testigos presenciales afirmaron que la policía había esposado a los cuatro jóvenes en el interior de un comercio, y que luego los había golpeado y se los había llevado en un vehículo policial. Al parecer, cuando los miembros de la comunidad protestaron por los homicidios, la policía los amenazó para que guardaran silencio.
En julio murió por disparos de la policía el adolescente de 15 años Jason Smith. Según la versión policial, la muerte se produjo en el curso de un tiroteo que estalló cuando el joven, que conducía una bicicleta, sacó un arma al dársele el alto. De acuerdo con los testigos, Jason Smith intentaba huir de un grupo de agentes de policía porque no llevaba luces en la bicicleta, pero lo atraparon. Un testigo de los hechos afirmó que Jason Smith cayó al suelo y suplicó a los agentes por su vida; entonces uno de ellos le dio una patada y a continuación otro le disparó, causándole la muerte. Según constaba en la autopsia, el cadáver de Jason Smith presentaba señales de golpes.
En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares por las que instaba a las autoridades jamaicanas a garantizar la seguridad de los residentes de Kingston Occidental. Era la respuesta a una solicitud presentada por el grupo de derechos humanos Jamaicanos por la Justicia en la que se describían con detalle violaciones de derechos humanos atribuidas a agentes de la comisaría de policía de Hunts Bay que no habían sido debidamente atendidas por las autoridades.
Impunidad
El Estado jamaicano seguía sin obligar a los autores de violaciones de derechos humanos a responder penalmente de sus actos y sin procurar resarcimiento a las víctimas. Las investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos fueron defectuosas. Parece ser que en muchos casos la policía no protegió los lugares donde se habían cometido los homicidios y los encargados de la investigación tardaron en presentarse en ellos, lo que permitió la manipulación o destrucción de pruebas importantes. Aunque en ocasiones se acusó a policías de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, no se supo de ningún agente de policía o miembro del ejército que hubiera sido condenado por esos delitos.
En enero, el director de la Fiscalía rehusó formular cargos contra los agentes de policía relacionados con el homicidio de Patrick Genius, cometido en 1999, a pesar de que el tribunal del pesquisidor había concluido que la policía debía responder penalmente de sus actos. Ignorando todas las pruebas que indicaban lo contrario, el director de la Fiscalía argumentó que era imposible refutar la versión de los agentes de que habían disparado en defensa propia. En noviembre, los familiares de Patrick Genius lograron que la Corte Suprema admitiera su recurso de apelación para que la decisión del director de la Fiscalía fuera sometida a revisión judicial. Al final del año aún no se había efectuado dicha revisión.
En octubre, la investigación del pesquisidor sobre los homicidios de siete jóvenes (los Siete de Braeton) cometidos el 14 de marzo de 2001 por miembros de la Unidad para la Gestión del Crimen, departamento especial de la policía, concluyó que ninguno de los agentes era penalmente responsable de las muertes. Según testigos, los jóvenes habían sido golpeados antes de ser ejecutados sumariamente de uno en uno en una casa de Braeton. Un patólogo que asistió a las autopsias como observador señaló que era «muy poco probable» que el tiroteo se hubiera producido tal como indicaba la policía. Amnistía Internacional se mostró crítica respecto a muchos de los procedimientos seguidos en la investigación del pesquisidor, como el hecho de que el juez no obligara a declarar a cuatro de los agentes implicados en el caso.
Aún no se había celebrado el juicio del agente de policía acusado de asesinar a la niña de 13 años Janice Allen en marzo de 2000, pero su inicio estaba previsto para principios de 2003. Se recibieron informes constantes sobre amenazas proferidas contra miembros de la familia de Janice Allen por policías que pretendían intimidarlos en relación con las actuaciones judiciales. Asimismo desapareció importante documentación policial relacionada con el caso.
Comisión de Investigación
sobre la Violencia en Kingston Occidental
En junio se publicó el informe de la Comisión de Investigación sobre la Violencia en Kingston Occidental. La Comisión no pudo establecer la identidad de las 27 personas que habían muerto durante los disturbios registrados en Kingston Occidental entre los días 7 y 10 de julio de 2001, ni tampoco la de quienes las mataron. A pesar de ello, en el informe se exculpaba por completo a las fuerzas de seguridad, si bien se recomendaba instruir a los agentes en el uso de armas no letales. El informe contenía importantes errores de hecho y de derecho, y en muchos casos parecía admitir las pruebas del Estado a pesar de que se daban contradicciones entre los testigos. También en junio, el primer ministro afirmó que el gobierno aceptaba en principio las recomendaciones de la Comisión, que incluían sustituir los mecanismos disciplinarios internos existentes para los agentes de policía por una Junta Civil de Revisión, imponer sanciones más severas por negarse a declarar ante una comisión de investigación y aplicar la Ley de Prevención de la Corrupción a los agentes de policía. En agosto, el Defensor del Pueblo manifestó que estaba discutiendo con el gobierno la posibilidad de pagar indemnizaciones por los que habían muerto. Al final del año aún no se había tomado una decisión.
Tortura y malos tratos bajo custodia
Las condiciones de reclusión en las cárceles y otros lugares de detención eran muy duras y en muchos casos constituían trato cruel, inhumano y degradante. Las enfermedades graves y el hacinamiento extremo eran habituales. En los calabozos policiales de Spanish Town había 131 presos recluidos en celdas concebidas para albergar solamente a 46. Se recibieron numerosos informes sobre violaciones de hombres, en especial de reclusos que padecían enfermedades mentales.
En mayo, más de 600 de los 800 guardias de prisiones que fueron suspendidos por protagonizar una huelga ilegal en el año 2000 comenzaron a incorporarse gradualmente al trabajo. Tras su reincorporación hubo informes sobre malos tratos físicos a reclusos por parte de guardias de la Prisión del Distrito de St. Catherine y del Centro Correccional de Adultos de Tower Street, con resultado de lesiones.
Pena de muerte
Al menos cinco personas fueron condenadas a muerte, lo que elevó a un mínimo de 50 el número de presos en espera de ejecución. No hubo ejecuciones. En enero el líder de la oposición pidió que se introdujera la pena de muerte para castigar el tráfico de drogas y el «terrorismo». En febrero el ministro de Seguridad Nacional afirmó que quien fuera declarado culpable de importar armamento en grandes cantidades sería ejecutado. En junio la Federación de Miembros del Servicio de Policía pidió que se reanudaran las ejecuciones, especialmente para castigar a los culpables de asesinar a agentes de policía. En septiembre, el primer ministro anunció que, si su partido regresaba al poder, modificaría la Constitución para facilitar la reanudación de las ejecuciones.
Violencia contra las mujeres
En octubre, una coalición de organizaciones de mujeres entregó una petición a los partidos políticos de Jamaica, con antelación a las elecciones generales. En ella se solicitaba la adopción de medidas para erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación basada en el género, en vista de los informes constantes que indicaban unos índices altísimos de violaciones y otras formas de violencia contra las mujeres.
Homosexualidad
Se recibieron nuevos informes sobre homosexuales agredidos tanto por individuos particulares como por agentes de policía. En enero el gobierno se negó a considerar la revocación de las leyes que declaran ilegales las relaciones homosexuales entre varones mantenidas en privado, a pesar de la recomendación al respecto formulada por el Comité Especial Conjunto que se encarga de redactar el proyecto de Ley sobre la Carta de Derechos.
En octubre el Reino Unido reconoció la condición de refugiado a un varón homosexual fundamentándose en que la homofobia en Jamaica era tan grave que representaba una amenaza para su seguridad personal.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
Jamaica: State killing in the English speaking Caribbean – a legacy of colonial times (Índice AI: AMR 05/003/2002)
Visitas
En febrero y agosto Amnistía Internacional envió un observador a la investigación del pesquisidor sobre la matanza de los Siete de Braeton. En abril una delegación de la organización se reunió con el fiscal general y con los ministros de Asuntos Exteriores, Seguridad e Información para discutir el uso de la pena de muerte.
Japón
Japón
Jefe del gobierno: Koizumi Junichiro
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
En el año 2002 fueron ejecutadas dos personas y más de un centenar siguieron condenadas a muerte, muchas de ellas por confesiones hechas durante la detención preventiva. Continuaron recibiéndose informes de malos tratos y tortura de presos bajo custodia. Fue motivo de preocupación el hecho de que los presos no contaran con un procedimiento independiente de presentación de quejas. Los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado no se ajustaban a las normas internacionales. Varios refugiados y aproximadamente una veintena de solicitantes de asilo fueron detenidos.
Información general
Durante el año, los medios de comunicación dieron mucha relevancia a las cuestiones relacionadas con la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte). En mayo, la policía china entró en el consulado de Japón en Shenyang (República Popular de China) y sacó por la fuerza a cinco solicitantes de asilo norcoreanos. Las autoridades japonesas afirmaron que la policía china había entrado en el consulado sin el consentimiento de Japón, mientras que la versión oficial de China fue que Japón había dado su autorización.
En septiembre se celebró una cumbre histórica en Pyongyang (Corea del Norte) entre el primer ministro Koizumi y el líder norcoreano, Kim Jong-Il. De esta reunión salió una declaración conjunta de los gobiernos japonés y norcoreano (la Declaración de Pyongyang) en la que Japón se disculpaba por su pasado colonial y ambos países acordaban una pronta normalización de sus relaciones. Durante la cumbre, Kim Jong-Il admitió que, a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, agentes norcoreanos habían secuestrado a 13 ciudadanos japoneses, de los cuales sobrevivían 5. Éstos pudieron visitar a sus familiares en Japón en octubre. Como resultado de la cumbre, en octubre se iniciaron unas conversaciones de normalización, que sin embargo fueron suspendidas cuando el gobierno japonés insistió en que Corea del Norte permitiera a los cinco japoneses secuestrados que visitaban Japón quedarse en el país, y a sus familiares norcoreanos reunirse allí con ellos.
Pena de muerte
El 17 de septiembre fueron ejecutadas dos personas en la horca, mientras la atención de los medios de comunicación estaba centrada en la cumbre entre Japón y Corea del Norte. Las autoridades siguieron llevando a cabo las ejecuciones en secreto e informando a los presos sólo unas horas antes, con lo que en la práctica les negaban el derecho a ver a sus familiares o consultar con sus abogados. Las dos ejecuciones se llevaron a cabo durante un receso de la actividad parlamentaria, por lo que el asunto no se pudo debatir en el Parlamento.
En 2001, el Consejo de Europa amenazó con retirar la condición de observador a Japón si este país no tomaba medidas definitivas para abolir la pena de muerte. Tras las ejecuciones de septiembre, el Consejo de Europa hizo una declaración de condena y afirmó que era terrible que los presos hubieran sido ejecutados sin que sus familiares supieran la fecha con antelación.
Al final de 2002, más de 100 presos seguían condenados a muerte y el Tribunal Supremo había confirmado las sentencias de 57 de ellos. Sus condiciones de reclusión equivalían a trato cruel, inhumano y degradante. Muchos estaban en régimen de aislamiento y su contacto con el mundo exterior era limitado. Algunos llevaban más de una década en estas condiciones.
Solicitantes de asilo
Al terminar 2002, sólo 11 personas habían sido reconocidas como refugiados, a pesar de haber aumentado el número de solicitudes. Los procedimientos de determinación de los casos de asilo continuaron sufriendo grandes retrasos y eran muy herméticos. Por ejemplo, no se daba a los solicitantes ninguna razón concreta del rechazo de su solicitud. Al menos cuatro refugiados cuya condición había sido reconocida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) estaban detenidos en centros de detención de inmigrantes, como el Centro de Inmigración de Japón Occidental. Este centro no cumplía las normas internacionales, pues los detenidos tenían muy pocas oportunidades de hacer ejercicio y su acceso a la atención médica era limitado. Algunos de ellos se autolesionaron para protestar por su detención indefinida, que en algunos casos duraba más de un año.
Según los informes, las autoridades siguieron devolviendo a solicitantes de asilo a países donde podían correr peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, vulnerando con ello el principio reconocido internacionalmente de no devolución (non-refoulement). Muchas repatriaciones se llevaron a cabo en secreto, aunque en unos pocos casos la atención de la opinión pública las evitó.
Según los informes, las autoridades japonesas trataron en marzo de devolver a Afganistán al menos a 19 solicitantes de asilo. Se creía que muchos pertenecían al grupo étnico hazara, perseguido durante el gobierno de los talibanes, mayoritariamente de etnia pastún. A pesar del derrumbe del régimen talibán, estos solicitantes seguían en peligro de ser torturados y perseguidos si eran devueltos a Afganistán. Se expidieron órdenes de expulsión contra casi todos ellos, pero, gracias a la presión internacional, todos quedaron en libertad provisional.
Tortura y malos tratos
Continuaron recibiéndose informes sobre tortura y malos tratos a manos de funcionarios de prisiones. Cada aspecto de las vidas de los presos estaba regido por normas notoriamente complejas y duras, incluida la forma de sentarse y los momentos en que podían hablar. Eran constantes los informes sobre presos obligados a sentarse sobre las piernas dobladas o con las piernas cruzadas y a pasar largos periodos inmóviles en esa postura.
Los tribunales continuaron confiando en un sistema basado en la confesión, denominado daiyo kangoku, que suponía la detención del presunto delincuente hasta 23 días en régimen de incomunicación antes de presentar cargos contra él. En algunos casos, las confesiones se conseguían utilizando técnicas como interrogar al sospechoso desde primeras horas de la mañana hasta la medianoche y someterlo a duras condiciones físicas y psicológicas equivalentes a tortura. Preocupaba la falta de un procedimiento independiente de presentación de quejas en las cárceles. Según varios informes, los presos que denunciaban torturas o malos tratos eran sometidos a palizas y a hostigamiento para obligarlos a retirar su denuncia.
En mayo, unos funcionarios de la cárcel de Nagoya colocaron a un preso de 49 años un dispositivo de inmovilización consistente en esposas y un cinturón, y lo dejaron en régimen de aislamiento sin supervisión. El preso murió de un ataque al corazón ese mismo día mientras estaba inmovilizado. Dos de los cinco funcionarios de prisiones que fueron detenidos en septiembre por otro caso (véase infra) también fueron acusados en relación con éste.
En septiembre, cinco funcionarios de la cárcel de Nagoya fueron detenidos, acusados de agredir a un preso de 30 años, colocarle un dispositivo de inmovilización hecho de cuero y recluirlo en régimen de aislamiento. Según los informes, el preso sufrió una hemorragia interna y tuvo que ser hospitalizado durante tres semanas. En noviembre, el ministro de Justicia anunció que el director de la cárcel y dos de sus ayudantes serían degradados a puestos en la oficina regional de prisiones.
Leyes
El gobierno presentó en marzo en la Cámara de Consejeros (cámara alta del Parlamento) un Proyecto de Ley para la Protección de los Derechos Humanos. Preocupaba que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que proponía esta ley no fuera a ser independiente del gobierno, sino que dependería del Ministerio de Justicia.
En mayo, el gobierno firmó los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la onu.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
¿Bienvenidos a Japón? (Índice AI: ASA 22/002/2002/s)
Visita
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Japón en diciembre.
Jordania
Reino Hachemí de Jordania
Jefe del Estado: rey Abdalá bin Husein
Jefe del gobierno: Ali Abu Ragheb
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Al menos seis presos políticos fueron absueltos en apelación y puestos en libertad. Se detuvo a centenares de personas tras manifestaciones o por presunta relación con grupos islamistas o con actividades «terroristas»; algunas fueron consideradas presos de conciencia. Se recibieron informes sobre torturas y otros malos tratos infligidos a detenidos. Se celebraron juicios contra presos políticos ante el Tribunal de Seguridad del Estado, cuyos procedimientos no cumplían las normas internacionales de justicia procesal. Hubo informes sobre hostigamiento y represión de defensores de los derechos humanos. Se condenó a muerte al menos a 15 personas, y al menos 14 fueron ejecutadas. No menos de 22 personas fueron víctimas de homicidio en el seno de la familia o en nombre del honor. Según informes, se devolvió a Irak a dos ciudadanos de este país que eran, al parecer, solicitantes de asilo.
Información general
Continuaron en vigor las leyes promulgadas y comenzadas a aplicar rápidamente en 2001, tras los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre, y siguieron utilizándose para restringir el derecho a la libertad de expresión. En agosto, las autoridades clausuraron la oficina local de la cadena catarí de televisión por satélite Al Yazira tras la emisión de un programa con participación telefónica del público que se consideró ofensivo para la familia real. Se había criticado en él al difunto rey Husein por un tratado de paz firmado en 1994 entre Jordania e Israel. Continuaron las manifestaciones contra las relaciones con Israel y la guerra contra Irak y en apoyo de la Intifada palestina.
En octubre mataron en Ammán de un disparo en la cabeza al diplomático estadounidense Laurence Foley. A raíz de ello se detuvo a decenas de personas por su presunta vinculación con grupos palestinos o islamistas y, más tarde, en noviembre, las fuerzas de seguridad lanzaron en la ciudad de Ma’an y en sus alrededores una serie de asaltos en los que, según informes, resultaron muertos al menos cuatro civiles, un agente de policía y un soldado. Posteriormente se detuvo a decenas de personas consideradas islamistas, y 136 quedaron, al parecer, a disposición del fiscal general para su interrogatorio. El gobierno manifestó que las detenciones guardaban relación con el tráfico de armas y drogas. En diciembre, las autoridades anunciaron la detención de dos hombres, uno de nacionalidad libia y el otro jordano, miembros al parecer de Al Qaeda, en relación con la muerte de Laurence Foley. Según los informes, al término del año 2002 seguían privados de libertad en régimen de incomunicación.
En noviembre, la Oficina Especial de Interpretación de las Leyes del Tribunal de Casación declaró «ilegal» la Junta de Presidentes Sindicales (Majlis al-Nuqabaa), que representaba a los sindicatos profesionales jordanos, y también declaró ilegal su Subcomité Antinormalización. La decisión guardaba, al parecer, relación con las actividades políticas realizadas por ambos órganos acerca de las relaciones de Jordania con Israel.
Excarcelaciones
En octubre, el Tribunal de Seguridad del Estado absolvió a seis hombres que, junto con otros tres, habían sido condenados en julio de 2001 por atentados con bomba de motivación política y pertenencia a la organización ilegal Grupo Reforma y Reto (Jama’at al Islah wal Tahaddi). La presa de conciencia y ex miembro del Parlamento Toujan al-Faisal, que se encontraba recluida en la prisión de mujeres de Jweideh, quedó en libertad el 26 de junio en virtud de una amnistía personal, pero su sentencia condenatoria no fue anulada. El Tribunal de Seguridad del Estado la había condenado en mayo a 18 meses de prisión en un juicio injusto por haber criticado públicamente la política del gobierno, y permaneció tres meses en prisión.
Detenciones
Se practicaron centenares de detenciones por razones políticas. Decenas de personas fueron detenidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión, en muchos casos en manifestaciones de apoyo a la Intifada o de oposición a la guerra contra Irak. Decenas más fueron detenidas por su presunta relación con grupos islamistas o con actividades «terroristas» o de tráfico de armas para la Intifada.
Según informes, tras un atentado con bomba perpetrado en Ammán en febrero y que mató a dos transeúntes delante de la casa del jefe de la Unidad Antiterrorista del Departamento General de Información, se detuvo a más de un centenar de personas consideradas activistas islámicos. Al parecer, la mayoría quedaron en libertad al cabo de unos días, pero, de acuerdo con los informes, seis fueron acusadas de «terrorismo» —dos in absentia—, y otra de ocultar información. La causa se remitió al Tribunal de Seguridad del Estado.
Tortura y malos tratos
Según informes, algunas personas privadas de libertad por motivos políticos fueron torturadas o maltratadas por agentes de seguridad y guardias de prisiones durante su reclusión.
De acuerdo con los informes, decenas de personas fueron maltratadas tras su detención en abril. Al parecer, las detuvieron en relación con una manifestación de apoyo a la Intifada organizada en Ammán, y entre ellas había también simples transeúntes. Según la información recibida, a los detenidos los golpearon en las comisarías de policía antes de llevarlos a la prisión de Jweideh, donde les dieron patadas y golpes con cables, cinturones y mangueras. Al parecer, la mayoría quedaron en libertad al cabo de unos días, pero al menos a tres, según los informes, les imputaron cargos y quedaron a disposición del Tribunal de Seguridad del Estado.
Presos de conciencia
Se detuvo a decenas de posibles presos de conciencia. En aplicación de una nueva reforma del artículo 150 del Código Penal, se detuvo a unos ocho periodistas por publicar información «falsa», considerada «perjudicial para el Estado y sus funcionarios». Estuvieron privados de libertad hasta cuatro días. A cinco les imputaron cargos y, según parece, sus causas estaban aún pendientes ante el Tribunal de Seguridad del Estado al concluir 2002.
Decenas de personas más, consideradas también posibles presos de conciencia, fueron recluidas por pertenecer a organizaciones ilegales como el Partido de Liberación Islámica (Hizb al-Tahrir), participar en actividades de apoyo a la Intifada u oponerse a la normalización de las relaciones con Israel.
En octubre fueron detenidos ‘Ali Abu-Sukkar, Badi’ Rafay’ah y Maysarah Malas, sindicalistas y miembros del Comité Antinormalización a los que Amnistía Internacional consideró posibles presos de conciencia. Fueron acusados de pertenecer a una organización ilegal, según informes tras repartir folletos en los que se criticaba la postura oficial de Jordania hacia Israel. Estuvieron recluidos en la prisión de Jweideh durante casi tres meses, y cuando quedaron en libertad no se retiraron los cargos contra ellos.
Defensores de los derechos humanos
Las autoridades sometieron a hostigamiento y represión a defensores de los derechos humanos. En octubre, el Ministerio del Interior disolvió arbitrariamente la Sociedad Jordana por los Derechos de los Ciudadanos. Al parecer, la medida guardaba relación con las críticas de la Sociedad al historial del gobierno en materia de derechos humanos y a la promulgación de nuevas leyes que restringían la libertad de expresión y de reunión.
Hisham Bustani, sindicalista y miembro de la Organización Árabe de Derechos Humanos, fue detenido en dos ocasiones durante el año 2002. El servicio de Seguridad Preventiva lo detuvo primero en abril y estuvo recluido durante cinco días, principalmente en la prisión de Jweideh. Había asistido a una reunión en la que se había hablado del uso de gas lacrimógeno por la policía contra manifestantes. Estuvo recluido como sospechoso de «difundir rumores perjudiciales para la reputación del Estado». El fiscal general desestimó posteriormente la causa por falta de pruebas. Volvió a ser detenido en diciembre por el Departamento General de Información después de publicar en el periódico jordano al-Arab al Yawm un artículo sobre malos tratos a presos de la cárcel de Jweideh. Estuvo recluido cinco días, principalmente en la prisión de Jweideh. Luego quedó en libertad bajo fianza.
Juicios ante el Tribunal de Seguridad
del Estado
Continuaron celebrándose juicios políticos ante el Tribunal de Seguridad del Estado, cuyos procedimientos no cumplían las normas internacionales de justicia procesal. Las causas remitidas a este tribunal trataban tanto de presuntas actividades «terroristas» como de publicación de material considerado «perjudicial para la reputación del Estado». El Tribunal vio al menos 13 causas de carácter político.
El 11 de febrero, el Tribunal de Seguridad del Estado condenó a Ra’ed Muhammad Hijazi a muerte por conspiración para llevar a cabo actividades «terroristas» y por producción y posesión ilegales de material explosivo. Lo absolvió de otros cargos, como pertenencia a la red Al Qaeda. Según informes, Ra’ed Muhammad Hijazi había sido torturado para obligarlo a «confesar» y fue declarado culpable en un juicio injusto. Se interpuso un recurso ante el Tribunal de Casación, que ordenó celebrar un nuevo juicio ante el Tribunal de Seguridad del Estado.
Pena de muerte
Se impusieron al menos 15 condenas de muerte; dos fueron conmutadas por cadena perpetua, y tres, por 15 años de prisión. Se llevaron a cabo al menos 14 ejecuciones.
Yaser Muhammad Ahmad Salamah Abu Shannar, palestino, fue ejecutado en la prisión de Swaqa el 4 de diciembre. El Tribunal de Seguridad del Estado lo había condenado a muerte en diciembre de 2001 en relación con la muerte a tiros de un diplomático jordano en 1994. Él negaba tal cargo, y, según informes, había sido torturado para obligarlo a «confesar». Jamal Darwish Fatayer fue condenado a muerte por el Tribunal de Seguridad del Estado el 17 de diciembre en relación con el mismo homicidio. Parece ser que fue sometido a un juicio que distó mucho de cumplir las normas internacionales sobre justicia procesal. Según los informes, su «confesión» le había sido extraída mediante torturas.
Refugiados
Se recibieron informes sobre la devolución a Irak de al menos dos personas que eran, al parecer, solicitantes de asilo.
En febrero fueron detenidos en Jordania dos iraquíes, ‘Ammar Sami Muhammad ‘Ali y Zayed Sami Muhammad ‘Ali. Según informes, habían intentado trasladarse a Siria, tras haber sido sometidos a presuntos actos de hostigamiento en Jordania por agentes de seguridad iraquíes, pero las autoridades sirias los habían devuelto. De acuerdo con la información disponible, al final fueron devueltos a Irak, donde estaban expuestos a sufrir violaciones de derechos humanos.
Homicidios en el seno de la familia
o en nombre del honor
Al menos 17 mujeres y 5 niños fueron víctimas de homicidio en el seno de la familia o en nombre del honor. Al menos 10 hombres que habían matado a mujeres en nombre del honor se beneficiaron del artículo 98 del Código Penal, que prevé una reducción de la pena en el caso de los delitos cometidos en un «arrebato de ira» causado por un acto ilegítimo o peligroso por parte de la víctima.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
Jordan: Security measures violate human rights (Índice AI: MDE 16/001/2002)
Kazajistán
República de Kazajistán
Jefe del Estado: Nursultan Nazarbayev
Jefe del gobierno: Imangali Tasmagambetov (sustituyó a Kasymzhomart Tokayev en enero)
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
Las sentencias de muerte
y las ejecuciones siguieron siendo muy numerosas. Continuaron recibiéndose informes de tortura y malos tratos, y al menos dos detenidos murieron en circunstancias no aclaradas. Dos líderes de la oposición fueron encarcelados, y simpatizantes de la oposición denunciaron ser objeto de hostigamiento. Las autoridades siguieron devolviendo a refugiados a países donde corrían el riesgo de ser víctimas de violaciones de derechos humanos.
Protección de los derechos humanos
En septiembre, el presidente creó la figura del comisionado de derechos humanos. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa acogió favorablemente esta iniciativa y pidió que se fortaleciera el cometido de la nueva institución en consonancia con las normas internacionales.
Pena de muerte
A lo largo del año siguió sentenciándose a muerte y ejecutando a gran cantidad de personas. Las autoridades no revelaron las cifras exactas. El recién designado comisionado de derechos humanos, así como el presidente y otros altos cargos públicos, hicieron declaraciones favorables a la adopción de medidas tendentes a abolir la pena de muerte. No obstante, el presidente del Tribunal Supremo se mostró a favor de mantenerla.
Hubo informes de tortura y malos tratos en varios casos de pena de muerte. Asimismo, el trato dispensado a los familiares de los presos condenados constituía una forma de crueldad mental. No se les comunicaba anticipadamente la fecha de la ejecución, sino que normalmente se enteraban de ella por telegrama una semana después de haberse producido. Además, la legislación disponía que no se les informase del lugar de enterramiento antes de dos años.
Tortura y malos tratos bajo custodia
Se siguieron recibiendo informes de tortura y malos tratos a detenidos. Dos personas, como mínimo, murieron durante su detención preventiva debido, según informes, a torturas.
Vladislav Shishov, detenido el 7 de septiembre por cargos relacionados con drogas, falleció el 11 de septiembre cuando era trasladado de la comisaría de policía a la prisión de investigación y aislamiento de la ciudad septentrional de Pavlodar. Según informes, el jefe de la comisaría comunicó a la madre de Vladislav Shishov que no habían podido controlarlo y que él mismo se había causado las lesiones que presentaba. Los informes indicaban que el funcionario médico de la prisión se había negado a prestarle atención médica. La autopsia que se le practicó reveló que había sufrido ruptura del hígado y lesiones en la cabeza, el pecho y el estómago, entre otras. En septiembre se efectuó una investigación criminal de seis días sobre su muerte y se llegó a la conclusión de que los autores habían sido otros detenidos. Según los informes, se emprendieron actuaciones judiciales contra dos de sus compañeros de celda, y a dos altos responsables de la prisión se los acusó formalmente de «negligencia criminal» y «desempeño impropio del deber del personal médico». Se recibieron informes según los cuales en la investigación se había hecho caso omiso de las denuncias que afirmaban que personal del establecimiento no había prestado deliberadamente protección a Vladislav Shishov, así como de otras denuncias según las cuales agentes de policía habían participado activamente en las palizas.
Expulsiones
Kazajistán siguió devolviendo a refugiados a países donde corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, al menos cinco personas reclamadas por las autoridades uzbekas por «extremismo religioso» fueron devueltas a Uzbekistán, y al menos dos de ellas, según los informes, acabaron siendo torturadas en los sótanos del Servicio Nacional de Seguridad en Tashkent, la capital uzbeka.
No obstante, como contrapunto positivo, Kazajistán no devolvió al ex preso político turcomano Gulgeldi Annannyyazov a Turkmenistán. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Kazajistán concedió la condición de refugiado a Gulgeldi Annannyyazov, quien a fines de septiembre fue trasladado a Noruega para recibir asistencia médica.
Libertad de expresión
Simpatizantes de la oposición laica denunciaron un mayor hostigamiento por parte de las autoridades tras la creación a finales de 2001 del movimiento político Opción Democrática de Kazajistán.
Mukhtar Ablyazov y Galymzhan Zhakiyanov, ex altos cargos públicos y destacados líderes del movimiento Opción Democrática de Kazajistán, fueron condenados a seis y siete años de prisión en julio y agosto, respectivamente, por «abuso del cargo» y por malversación de fondos estatales y otros delitos financieros. La corrupción de los funcionarios es un problema endémico en Kazajistán, del que a menudo no se rinde cuentas. Al parecer, Mukhtar Ablyazov y Galymzhan Zhakiyanov sufrían hostigamiento debido a sus actividades de oposición pacífica. A pesar de un patente deterioro de la salud de Galymzhan Zhakiyanov por los interrogatorios a que fue sometido en mayo y junio, el funcionario encargado de la investigación insistió, según informes, en seguir interrogándolo. Los juicios de ambos no cumplieron las normas internacionales de justicia procesal.
Varios periodistas de conocida posición crítica ante el gobierno tuvieron que hacer frente a hostigamiento, agresiones y, al parecer, cargos falsos.
En julio se acusó al periodista independiente Sergey Duvanov de «insultos contra el honor y la dignidad del presidente», debido al parecer a un artículo que relacionaba a cargos públicos con delitos financieros. El 28 de agosto, tres desconocidos vestidos de civil lo agredieron y tuvo que ser hospitalizado. En noviembre se le acusó de violar a una menor. El 24 de diciembre se inició el juicio contra él ante el Tribunal de Distrito de Karasay, en la región de Alma Ata. Al parecer, hubo denuncias según las cuales se había inventado esa imputación para desacreditarlo.
Los medios de comunicación independientes fueron objeto de incendios provocados y robos, instigados al parecer por el gobierno con el fin de intimidarlos. Según informes, las autoridades no investigaron estos sucesos de forma exhaustiva. También se obligó a cadenas privadas a suspender las emisiones temporalmente.
El 19 de mayo se encontró un perro decapitado en la redacción de Alma Ata del periódico independiente Delovoye Obozreniye-Respublika. Días después, la redacción se incendió a causa de un ataque con cócteles molotov.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
Concerns in Europe, January-June 2002: Kazakstan (Índice AI: EUR 01/007/2002)
Kenia
República de Kenia
Jefe del Estado y del gobierno: Mwai Kibaki (sustituyó a Daniel arap Moi en diciembre)
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
Siguieron dictándose penas de muerte, si bien no hubo ninguna ejecución. Según los informes, la policía mató a más de un centenar de personas en circunstancias que sugerían que podían haber sido víctimas de ejecución extrajudicial. La tortura siguió siendo una práctica generalizada. La policía empleó la violencia para dispersar concentraciones pacíficas e interrumpir manifestaciones. Los agentes de seguridad y los seguidores del partido gobernante cometieron violaciones de derechos humanos impunemente.
Información general
El 27 de diciembre se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias. El periodo previo a las elecciones se vio desestabilizado por la violencia motivada políticamente y por la intimidación y el hostigamiento infligidos a opositores por miembros y seguidores del partido gobernante, la Unión Nacional Africana de Kenia (Kenya African National Union, kanu) y otros candidatos. En la violencia relacionada con las elecciones estuvieron implicadas milicias privadas y bandas de jóvenes mercenarios. En todo caso, hubo menos abusos contra los derechos humanos en el contexto de las elecciones de lo que se había temido.
En marzo, la Unión Nacional Africana de Kenia y el Partido Nacional para el Desarrollo (National Development Party, ndp), dirigido por el líder opositor Raila Odinga, se fusionaron para formar un nuevo partido conocido como Nueva Unión Nacional Africana de Kenia (New kanu). Raila Odinga y otros destacados miembros del Partido Nacional para el Desarrollo fueron nombrados posteriormente ministros. La Constitución no permitía al presidente Moi presentarse a otro mandato, y en junio anunció que su opción como presidente era Uhuru Kenyatta, recién llegado al gobierno y ministro de Administración Local. En octubre, Uhuru Kenyatta fue nombrado oficialmente candidato presidencial de la Unión Nacional Africana de Kenia en la conferencia nacional de dicho partido.
Esta designación causó divisiones en el seno de la Unión Nacional Africana de Kenia. En agosto se formó la Alianza Arco Iris (Rainbow Alliance), integrada por sectores que pedían que la designación del candidato presidencial se decidiera mediante votación secreta en lugar de por aclamación. La Alianza Arco Iris decidió no participar en la conferencia de la Unión Nacional Africana de Kenia, y el 14 de octubre se constituyó en el Partido Democrático Liberal (Liberal Democratic Party, ldp).
En abril, los principales partidos de la oposición, entre ellos el Partido Democrático, Ford-Kenia y el Partido Nacional de Kenia, crearon la Alianza Nacional para el Cambio (National Alliance for Change, nac). En julio, dicha Alianza constituyó un partido político y anunció candidatos para las elecciones presidenciales. En octubre, la Alianza Arco Iris/Partido Democrático Liberal, la Alianza Nacional para el Cambio y Ford-Popular se fusionaron para formar la Coalición Nacional Arco Iris (National Rainbow Coalition, narc). La Coalición presentó a Mwai Kibaki, del Partido Democrático, como candidato presidencial.
Mwai Kibaki juró su cargo como tercer presidente de Kenia el 30 de diciembre. La Coalición Nacional Arco Iris obtuvo 125 escaños, la Nueva Unión Nacional Africana de Kenia 64, y el resto de partidos 21.
La Comisión de Revisión de la Constitución de Kenia prosiguió su trabajo bajo la presidencia del profesor Yash Pal Ghai hasta octubre, fecha en que se disolvió el Parlamento. Tanto la Unión Nacional Africana de Kenia como la Alianza Nacional para el Cambio presentaron a la Comisión sus proyectos para la composición de un nuevo gobierno, con la propuesta de un presidente, un vicepresidente y un primer ministro elegido en las urnas. La Comisión recopiló un informe nacional para presentarlo al Parlamento y redactó un proyecto de nueva Constitución para ser debatido en una Conferencia Nacional Constitucional. El informe nacional señalaba que muchos ciudadanos kenianos habían perdido confianza en el sistema judicial del país, lo que llevó a la presentación de dos denuncias por desacato contra el presidente y la propia Comisión, una interpuesta por dos abogados y otra por dos jueces.
En junio, el Parlamento aprobó un proyecto de ley para la creación de una Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos de carácter autónomo, que sustituiría al Comité Permanente sobre Derechos Humanos. Al finalizar el año, el proyecto de ley no había recibido la aprobación presidencial.
Pena de muerte
Al menos 126 personas fueron condenadas a muerte en 2002, si bien no hubo ninguna ejecución. Kenia se negó a votar a favor de una resolución presentada durante el 58 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la onu en la que se pedía la abolición de la pena de muerte. Asimismo, Kenia se negó a apoyar otra resolución en la que se condenaban las ejecuciones arbitrarias y la impunidad. Finalmente, Kenia sigue sin haber firmado el segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.
Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad
Se siguieron recibiendo numerosas denuncias de muertes y malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad. En junio, el Comité Permanente sobre Derechos Humanos publicó un informe acerca de la brutalidad policial que indicaba que algunos detenidos habían muerto bajo custodia policial como resultado de tortura y de la falta de cuidados médicos adecuados. El informe señalaba que el uso de fuerza excesiva por parte de la policía guardaba una relación directa con el número de personas que morían en las celdas de la policía. Según los informes, durante el año más de 100 personas murieron a manos de la policía en circunstancias controvertidas.
El 18 de julio, la policía dio muerte a un estudiante de la Universidad de Nairobi, lo que provocó una manifestación masiva en la ciudad. Según los informes, la policía utilizó munición real y disparó gas lacrimógeno para intentar dispersar a los estudiantes.
En septiembre de 2000, unos guardias penitenciarios mataron a seis presos de la Prisión King’ong’o, en Nyeri, Provincia Central. Se acusó al gobierno de encubrir las muertes. El 14 de mayo de 2002 se detuvo a 11 guardias penitenciarios en relación con las muertes. Su juicio no había comenzado al finalizar el año.
La policía disolvió numerosas reuniones y manifestaciones, a menudo de forma violenta, especialmente las de los partidos de la oposición, miembros de la Alianza Arco Iris y los grupos de derechos humanos.
La policía disolvió mediante gas lacrimógeno las manifestaciones de los profesores kenianos que se habían declarado en huelga debido a que el gobierno no había pagado completamente un aumento salarial negociado en 1997. La huelga se prolongó unas seis semanas desde fines de septiembre.
En mayo, la policía de Nairobi detuvo a centenares de refugiados de Etiopía, Somalia y otros países como sospechosos de inmigración ilegal. Estuvieron recluidos durante varios días, o semanas, según los casos, en durísimas condiciones, y hubo denuncias de abusos sexuales contra las refugiadas. A muchos los dejaron en libertad tras el pago de sobornos, práctica que en realidad parecía ser el objetivo primordial de las frecuentes redadas de refugiados.
Actos de violencia cometidos por el grupo Mungiki
El grupo Mungiki, que afirma basarse en los valores tradicionales africanos, fue responsable de un número creciente de incidentes violentos.
El 4 de marzo, al menos 23 personas murieron y muchas más resultaron heridas en el curso de un ataque llevado a cabo por unos 300 miembros de Mungiki en la urbanización Kariobangi, en Nairobi. El ataque se llevó a cabo, al parecer, como represalia por un enfrentamiento anterior entre miembros del grupo Mungiki y un grupo parapolicial local conocido como los Talibanes. Tras la matanza, Mungiki y 17 grupos parapoliciales y paramilitares fueron prohibidos, y se detuvo a más de 100 miembros de Mungiki.
A pesar de la prohibición, el grupo Mungiki se tornó cada vez más activo durante el periodo preelectoral. En agosto, centenares de sus miembros, algunos de ellos armados con machetes y porras, celebraron una reunión en el centro de Nairobi para expresar su apoyo a Uhuru Kenyatta, candidato presidencial de la Unión Nacional Africana de Kenia. La policía vigiló la reunión pero no intervino. Ese mismo mes, el grupo amenazó con utilizar la violencia contra cualquiera que insultara al presidente Moi.
Violencia étnica
Los conflictos étnicos continuaron durante el año. Como resultado de estos conflictos, especialmente entre grupos de las comunidades turkana y borana, miles de personas de la zona central de Kenia y del distrito de Isiolo quedaron desplazadas.
En octubre, el Tribunal Superior ordenó la publicación del informe de una investigación judicial llevada a cabo sobre los enfrentamientos étnicos registrados en Kenia entre 1991 y 1998. La «Comisión Akiwumi», encargada por el presidente Moi en 1998, investigó episodios de violencia étnica, entre ellos los incidentes ocurridos en 1992 en la Provincia del Valle del Rift y en 1997 en la Provincia de la Costa. En marzo de 1999, la Comisión había presentado al presidente su informe, en el que se concluía que los enfrentamientos equivalían a actos de «limpieza étnica», pero el gobierno se negó a hacerlo público. El informe pedía que diversas personalidades del país, entre ellas ministros del gobierno, dirigentes de la oposición y otros responsables fuesen investigados por su papel en el derramamiento de sangre. El gobierno desestimó el informe por «tendencioso».
Libertad de expresión
En mayo se aprobó una ley que imponía restricciones a los medios de comunicación, la Ley de Enmienda (Miscelánea) al Derecho Estatutario. Esta nueva ley exigía, entre otras cosas, que los editores de los medios de comunicación depositaran una fianza prohibitiva que amenazaba con obligar a cerrar a centenares de publicaciones. La ley disponía que los comerciantes que vendieran periódicos carentes de dicha fianza podían ser condenados a seis meses de cárcel.
Dos destacados patólogos, el Dr. Moses Njue y el Dr. Andrew Gachie, que participaron en la autopsia de una presunta víctima de tortura en abril, recibieron amenazas de muerte. También se amenazó a los médicos con retirarles la licencia si no modificaban el informe de la autopsia, y el doctor Njue fue apartado de su cargo de patólogo provincial. En mayo se aprobaron algunas directrices que exigían a los médicos remunerados por el Estado que pidieran permiso a sus superiores para llevar a cabo autopsias a título particular, pero las nuevas normas se retiraron poco tiempo después.
Violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres, pese a estar prohibida en las normas internacionales de derechos humanos y en la propia Constitución y las leyes de Kenia, era una práctica muy extendida y frecuente. El gobierno anunció reiteradamente su intención de promover la igualdad de géneros a través de la legislación, pero no puso en práctica las disposiciones necesarias para promover y proteger los derechos de la mujer.
Al finalizar el año seguía sin haberse promulgado el proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica (Protección Familiar), presentado en el Parlamento en 2000, que aumentaría la protección de las mujeres frente a este tipo de violencia. En julio se encontraba en su segunda fase de estudio en la Asamblea Nacional, pero no se envió para el examen necesario por el comité parlamentario pertinente antes de iniciar su tercera fase de estudio en la Asamblea. En virtud del proyecto de ley, se crearía un fondo de protección para las víctimas y se permitiría a los tribunales intervenir para proteger a las mujeres contra los cónyuges que abusaran de ellas. No obstante, el proyecto de ley no establecía expresamente como delito la violación en el seno del matrimonio ni cuestionaba el supuesto de que el acto del matrimonio implicaba conceder el consentimiento para mantener relaciones sexuales.
Derechos de los menores
El 1 de marzo entró en vigor la Ley del Menor, que prohibía la práctica de la mutilación genital femenina, la prostitución infantil y el trabajo de los menores de edad. En aplicación de esta ley se crearon al menos 43 tribunales de menores. No obstante, la práctica de la mutilación genital femenina prosiguió en varias comunidades, especialmente en la zona occidental del país.
En abril, 17 niñas de Eldoret huyeron de sus casas cuando su comunidad se negó a admitir un rito alternativo, y acudieron ante las autoridades judiciales para tratar de impedir que las sometieran a la práctica de la mutilación genital femenina.
Indemnización británica
En julio, el Ministerio de Defensa del Reino Unido aceptó pagar un mínimo de unos 7 millones de dólares estadounidenses en indemnizaciones más los costes a 228 pastores masai y samburu que habían sufrido la pérdida de un familiar o resultado heridos por piezas de artillería sin detonar dejadas por el Ejército Británico durante los ejercicios llevados a cabo en sus tierras de pastoreo. Se esperaba que se presentaran más casos.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
La violación, el delito invisible (Índice AI: AFR 32/001/2002/s).
Visitas
Delegados de Amnistía Internacional visitaron Kenia en febrero para llevar a cabo una investigación, en marzo para presentar un informe de la organización sobre la violencia contra la mujer, en julio y agosto para realizar un seminario con organizaciones no gubernamentales, y en noviembre y diciembre para llevar a cabo una investigación sobre violaciones de derechos humanos por motivos políticos durante el periodo preelectoral y en las elecciones.
Kirguistán
República Kirguís
Jefe del Estado: Askar Akayev
Jefe del gobierno: Nikolay Tanayev
(sustituyó a Kurmanbek Bakiyev en mayo)
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
La policía hizo en marzo uso excesivo de la fuerza para disolver manifestaciones. Al menos cinco manifestantes resultaron muertos. Se sometió a hostigamiento, detención y encarcelamiento a defensores de los derechos humanos y personalidades de la oposición. Se devolvió a refugiados a países donde corrían el riesgo de ser víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Información general
A lo largo del año se convocaron una serie de manifestaciones multitudinarias de protesta. En marzo murieron al menos cinco personas en el distrito meridional de Aksy cuando la policía abrió fuego contra una manifestación (véase infra). Se detuvo a cientos de manifestantes. En enero murió un manifestante que se había declarado en huelga de hambre. Hubo ocasiones en que los manifestantes tomaron como rehenes a funcionarios públicos y a agentes de policía como protesta por las acciones del gobierno.
El primer ministro y su gabinete dimitieron el 22 de mayo después de que una comisión estatal encargada de investigar el caso de los cinco manifestantes muertos por disparos de la policía en Aksy responsabilizara de lo ocurrido a varios altos cargos.
En agosto, el presidente creó un consejo de reforma constitucional, integrado por autoridades del gobierno, parlamentarios, figuras de la oposición y activistas de derechos humanos. A principios de 2003 estaba prevista la celebración de un referéndum nacional sobre la reforma constitucional.
En junio se aprobó la ley sobre el Defensor de los Derechos del Pueblo y en noviembre se eligió al primer titular del cargo.
Siguieron practicándose detenciones de presuntos miembros del partido islamista prohibido Hizb-ut-Tahrir.
La coalición militar dirigida por los Estados Unidos utilizó bases en Kirguistán en el marco de la intervención armada en Afganistán. En diciembre, la Federación Rusa desplegó aviones militares en Kirguistán.
Uso excesivo de la fuerza por la policía
Al menos cinco personas murieron los días 17 y 18 de marzo en enfrentamientos entre agentes de policía y manifestantes en el distrito de Aksy, región de Jalalabad. Los manifestantes reclamaban la liberación de Azimbek Beknazarov (véase infra). Según informes, durante los enfrentamientos sufrieron lesiones tanto policías como manifestantes.
El entonces primer ministro declaró que la policía se había visto obligada a disparar en defensa propia cuando la manifestación tomó un cariz violento. No obstante, en un informe presentado el 17 de mayo, una comisión estatal encargada de investigar los sucesos de Aksy afirmó que el «uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley […] fue erróneo y el empleo de armas de fuego fue ilegal». A finales de agosto se iniciaron acciones judiciales contra varios funcionarios acusados de abuso del cargo en relación con las muertes de las manifestaciones de marzo. El juicio se aplazó varias veces —al menos dos, por incomparecencia de algunos de los procesados, y otras, porque el asunto se sometió de nuevo a investigación—. A finales de diciembre, el Tribunal Militar de la ciudad meridional de Osh impuso penas de entre dos y tres años de prisión a cuatro personas que habían sido altos cargos de las fuerzas del orden durante los sucesos de Aksy. Otros tres funcionarios fueron absueltos.
Defensores de los derechos humanos
El vicepresidente del Comité para la Protección de los Derechos de los Musulmanes, Bakhadir Akhmedov, de 37 años de edad y de etnia uzbeka, fue detenido el 11 de enero en la ciudad meridional de Jalalabad, tras un registro policial de su vivienda. Según informes, durante el registro los agentes colocaron municiones en el horno de gas de la casa para incriminar a Bakhadir Akhmedov. El 13 de enero, éste fue trasladado a la prisión de investigación y aislamiento de Bishkek, acusado de «tenencia ilícita de armas de fuego». El 12 de agosto se le acusó además de pertenecer al Movimiento Islámico de Uzbekistán. Había indicios de peso de que los cargos no estaban respaldados por pruebas convincentes. El 30 de diciembre se retiró el cargo de pertenencia al Movimiento Islámico de Uzbekistán. Aunque el cargo inicial se mantuvo, el tribunal ante el que compareció resolvió que ya había cumplido la pena en prisión preventiva, y Bakhadir Akhmedov quedó en libertad.
Presos políticos
El político y parlamentario de la oposición Azimbek Beknazarov fue detenido el 5 de enero en la región de Jalalabad, acusado de no investigar un asesinato en 1995, cuando trabajaba como investigador en una fiscalía de la región. Sus partidarios consideraban que se le habían imputado estos cargos como castigo por su oposición al gobierno y, en particular, por sus críticas a la cesión de territorio kirguís a China por un acuerdo de trazado de fronteras. El 19 de marzo, tras las manifestaciones multitudinarias conovocadas en el distrito de Aksy para pedir su liberación, fue excarcelado con la condición de que no viajara al extranjero. El 24 de mayo, el Tribunal de Distrito de Toktogul lo condenó a un año de prisión por «abuso de poder». La sentencia condenatoria suponía la pérdida de su escaño en el Parlamento. El juez resolvió que Azimbek Beknazarov ya había estado el tiempo suficiente en prisión preventiva, por lo que éste quedó en libertad de inmediato. El 28 de junio, el Tribunal Regional de Jalalabad dio por cerrada la causa, con lo que Azimbek Beknazarov recuperó su mandato parlamentario.
El 11 de octubre, el Tribunal Municipal de Bishkek confirmó la sentencia dictada contra Feliks Kulov, líder del partido de oposición Ar-Namys y ex alto cargo público. En mayo había sido condenado a 10 años de privación de libertad en una colonia penitenciaria de régimen estricto por abuso del cargo y desfalco siendo gobernador de la región septentrional de Chui entre 1993 y 1997 y alcalde de Bishkek en 1998 y 1999. Se temía que se le hubieran imputado estos cargos por motivos políticos.
Refugiados
Kirguistán continuó devolviendo a refugiados a países donde corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos.
Según informes, dos ciudadanos chinos de etnia uigur fueron expulsados a principios de agosto a su país, donde estaban expuestos a sufrir graves violaciones de derechos humanos. Los informes indicaban que, en julio, el ministro del Interior kirguís había comunicado a la prensa que estas dos personas, acusadas de matar a finales de junio a un alto cargo de la embajada china en Kirguistán, serían juzgadas en el país y no serían extraditadas a China.
Pena de muerte
Según informes, al concluir 2002 había al menos 160 presos condenados a muerte. Seguía vigente la suspensión de las ejecuciones declarada en diciembre de 1998.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
Kyrgyzstan: Open letter from a coalition of non-governmental organizations to Askar Akayev, President of the Republic of Kyrgyzstan (Índice AI: EUR 58/001/2002)
Kuwait
Estado de Kuwait
Jefe del Estado: jeque Jaber al Ahmad
al Sabah
Jefe del gobierno: jeque Sa’ad al ‘Abdallah
al Sabah
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
Siguieron sintiéndose en el país los efectos de los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. Se detuvo a decenas de hombres por su presunta participación en actividades «terroristas». Continuaron recluidos más de 30 presos políticos condenados en juicios manifiestamente injustos desde 1991; algunos de ellos eran presos de conciencia. Seguía sin conocerse la suerte que habían corrido más de 70 personas «desaparecidas» bajo custodia en 1991. Durante el año fueron ejecutados cuatro hombres, y al menos cuatro más fueron condenados a muerte. Hubo informes de tortura, pero no parecieron realizarse investigaciones independientes sobre ninguno de ellos.
Efectos de los atentados
del 11 de septiembre de 2001
Según informes, en abril se detuvo a varios hombres devueltos desde Afganistán y Pakistán, a los que se mantuvo recluidos durante algún tiempo antes de dejarlos en libertad sin cargos.
El trato que recibían los kuwaitíes detenidos en Afganistán y en la bahía de Guantánamo, Cuba, fue motivo de preocupación (véase el apartado sobre Estados Unidos). En julio, un tribunal de Washington D.C., Estados Unidos, rechazó un recurso judicial presentado con el respaldo del gobierno contra la detención de 12 kuwaitíes en la bahía de Guantánamo.
Con objeto de combatir el «terrorismo», el gobierno adoptó medidas como la imposición de controles financieros y la regulación de las actividades de las organizaciones benéficas. Kuwait firmó en abril de 1998 la Convención Árabe para la Represión del Terrorismo, la cual Amnistía Internacional considera motivo de preocupación, ya que muchas de sus disposiciones conculcan las normas internacionales de derechos humanos y pueden facilitar que se cometan violaciones de esos derechos.
Según informes, en octubre se detuvo a decenas de hombres a raíz de unos ataques sufridos por personal militar estadounidense destacado en el país con miras a una previsible acción militar contra Irak.
El 8 de octubre, un marine estadounidense resultó muerto en un ataque lanzado contra la base de Estados Unidos en la isla de Failaka. Las fuerzas estadounidenses mataron posteriormente a dos kuwaitíes —Anas Ahmad Ibrahim al-Kandari y Jassem Hamad Mubarak al-Hajeri— que, según informes, habían participado en el ataque. De acuerdo con la información disponible, en respuesta a éste y a otros ataques contra las fuerzas estadounidenses, las autoridades kuwaitíes detuvieron a decenas de personas e interrogaron a centenares en relación con su presunta vinculación con Al Qaeda. Al menos ocho seguían detenidas al concluir el año y contra no menos de cuatro se habían presentado formalmente cargos. Según su abogado, Mohsen al-Fadli, Maqbool Fahad al-Maqbool, Mohammed al-Mutairi y Adel Yusif Buhaimed manifestaron al juez su inocencia. Su juicio proseguía al terminar el año.
El 15 de octubre, las fuerzas de seguridad kuwaitíes irrumpieron, según informes, en los domicilios de Mohammad Youssef al-Malifi y Jaber al-Jalahima y se los llevaron detenidos. De acuerdo con la información disponible, ambos fueron detenidos a instancias de organismos de seguridad estadounidenses tras haber manifestado en los medios de comunicación su apoyo a los ataques contra las fuerzas estadounidenses en la isla de Failaka. Ambos se enfrentaban a cargos diversos, entre ellos «transmitir propaganda en tiempo de guerra».
El 21 de noviembre, dos soldados estadounidenses fueron objeto de disparos y resultaron gravemente heridos cuando viajaban desde una base militar estadounidense. Tras ser acusado de haber realizado los disparos, Khaled Messier al-Shimmari, agente de policía kuwaití, huyó a Arabia Saudí, donde fue detenido y devuelto a Kuwait. Según autoridades kuwaitíes, Khaled Messier al-Shimmari padecía trastornos mentales y con anterioridad había estado ingresado en un hospital para ser objeto de tratamiento psiquiátrico.
Pena de muerte
Se condenó a muerte a cuatro hombres, uno de los cuales había sido declarado culpable del asesinato de una periodista en marzo de 2001. Los otros tres, un kuwaití y dos saudíes, habían sido condenados en julio por el secuestro, violación y asesinato de una niña bidun (apátrida) de seis años en mayo. Según informes, los tres declararon al comienzo del juicio que habían confesado bajo coacción, pese a lo cual el tribunal aceptó las «confesiones» como prueba.
Se ejecutó a cuatro hombres, entre ellos tres ciudadanos de Bangladesh que fueron ahorcados en público el 30 de junio tras haber sido declarados culpables de la violación y asesinato de una mujer de Sri Lanka. Los cadáveres quedaron «expuestos al público» durante 10 minutos después de la ejecución. Según informes, los tres habían sido golpeados varias veces durante su reclusión y no habían recibido atención médica por las lesiones sufridas. Uno de sus abogados manifestó que sus «confesiones» habían sido obtenidas mediante tortura.
Tortura
Hubo informes de tortura, pero no parecieron realizarse investigaciones independientes sobre ninguno de ellos.
Seis filipinos, hombres y mujeres, acusados del asesinato en octubre de 2001 de un ciudadano canadiense, fueron presuntamente torturados durante su interrogatorio; asimismo, se temía que sus confesiones hubieran sido obtenidas mediante coacción. Al concluir el año continuaban detenidos, a pesar de haber ordenado un tribunal su liberación tras anular la sentencia condenatoria dictada contra ellos.
Presos políticos
Continuaron recluidos al menos 30 presos políticos, en su mayoría iraquíes, condenados en juicios injustos desde 1991 y considerados en algunos casos presos de conciencia. Tenían que ser expulsados una vez cumplida su condena. En la mayoría de los casos, el fin de la condena o la concesión de una amnistía suponen, de hecho, el traslado del preso a un centro de expulsión donde permanece recluido por tiempo indefinido.
Seguía sin conocerse la suerte que habían corrido más de 70 personas «desaparecidas» bajo custodia en 1991.
Amnistías
Según informes, cuatro presos de conciencia de origen palestino quedaron en libertad en febrero en virtud de una amnistía concedida por el emir. En septiembre, cuatro presas políticas de origen iraquí, entre las que se encontraban Ibtisam al-Dakhil e Intisar Rasan Khallati, fueron indultadas por el emir. De acuerdo con la información disponible, los ocho continuaban recluidos en un centro de expulsión al final del año.
Derechos de la mujer
El Tribunal Constitucional rechazó tres nuevas impugnaciones judiciales de la legitimidad de la legislación electoral, que negaba a las mujeres el derecho al voto. El 17 de febrero, durante la elaboración anual del censo electoral, decenas de mujeres activistas kuwaitíes que reivindicaban sus derechos sociales y políticos intentaron inscribirse en el censo para las próximas elecciones. Los funcionarios encargados de la elaboración del censo les dijeron que no estaban autorizados a inscribir a mujeres.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Visita
Amnistía Internacional realizó en febrero una visita de investigación a Kuwait, en la que se entrevistó con familiares de kuwaitíes recluidos por las fuerzas estadounidenses en la bahía de Guantánamo, Cuba, y en Afganistán.
Laos
República Democrática Popular de Laos
Jefe del Estado: Khamtay Siphandone
Jefe del gobierno: Bounyang Vorachit
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
La tortura, las condiciones de reclusión, la detención arbitraria y la falta de un sistema judicial justo e imparcial fueron motivo de acuciante preocupación. Había privados de libertad al menos ocho presos de conciencia y dos presos políticos. Tres personas fueron condenadas a muerte por delitos relacionados con drogas en aplicación de nuevas leyes, más duras en el castigo a estos delitos, y esperaban el resultado de sus apelaciones finales. Libertades fundamentales como las de expresión, asociación y religión siguieron estando muy restringidas.
Información general
En febrero hubo elecciones a la Asamblea Nacional. Khamtay Siphandone fue reelegido jefe del Estado y permaneció como jefe del Partido Revolucionario Popular de Laos, que conservó 108 de los 109 escaños de la Asamblea Nacional. La mayoría de las figuras destacadas del gobierno continuaron en sus puestos. El general de división Soutchay Thammasith sustituyó al también general de división Asang Laoly como ministro de Seguridad, y éste fue elegido viceprimer ministro.
Laos no ratificó los dos convenios de derechos humanos de las Naciones Unidas que había firmado en diciembre de 2000.
Las autoridades de Laos continuaron solicitando a Tailandia la extradición de 17 ciudadanos laosianos, presuntos miembros de un grupo de oposición implicado en un ataque armado en la provincia de Champassak en 2000.
Tortura y malos tratos
Se recibieron informes que sugerían que en comisarías y cárceles se sometía a detenidos y presos a torturas y malos tratos, y testimonios de malos tratos durante los interrogatorios policiales. Según los informes, los métodos utilizados para torturar y maltratar fueron patadas y puñetazos, golpes con palos o porras, amenazas de muerte y simulacros de ejecución, reclusión en régimen de aislamiento e inmovilización en cepos de madera durante largos periodos de tiempo. También se informó de otros métodos, como provocar la asfixia de la víctima, introducirla en el agua hasta casi ahogarla, aplicarle descargas eléctricas, quemarla con cigarrillos y exponerla a temperaturas extremas.
Un preso de la cárcel de Phonthong contaba en una carta que le habían dado varias palizas y que los policías le habían colocado una tabla sobre los pies y se habían mantenido de pie sobre ella durante más de cinco horas, a consecuencia de lo cual no podía andar. También decía que lo habían golpeado en el pecho y tosía sangre, que le habían quemado el pene y que se estaba «muriendo lentamente».
Los presos permanecían en cepos durante largos periodos —en ocasiones meses— entre sus propios excrementos. Según los informes, el uso de cepos era una práctica común en las cárceles, como sucedía en la de Samkhe, en Vientiane.
Condiciones de reclusión
La atención médica en cárceles y centros de detención era inadecuada, y la mental, inexistente. Los guardias calificaban de «locos» a los presos que padecían problemas mentales, que eran especialmente vulnerables a los abusos.
La salud de presos preventivos y convictos se deterioraba durante su detención debido a la desnutrición, pues las raciones de comida eran insuficientes. Según los informes, los presos sin dinero, familia o acceso a sus representantes consulares dependían de la ración básica y de la buena voluntad de sus compañeros, sin la cual podían llegar a graves extremos de desnutrición.
Una pareja australiana recluida en la cárcel de Phonthong durante 2000 y 2001 presenció la muerte bajo custodia de un ciudadano francés, Francis Prasak, el 5 de enero de 2001, al parecer a causa de un ataque cardíaco. Los guardias de la prisión no hicieron caso a los desesperados llamamientos de auxilio de los otros presos.
Presos políticos
Continuó el hermetismo oficial sobre los presos políticos, y la falta de acceso al país y las restricciones a la libertad de expresión siguieron dificultando la recopilación de información independiente e imparcial. Sin embargo, las autoridades laosianas admitieron por primera vez ante los miembros del Parlamento Europeo, durante las conversaciones mantenidas en junio en Estrasburgo (Francia), que cinco miembros de un grupo llamado Movimiento de Estudiantes Laosianos en Favor de la Democracia habían sido condenados en junio de 2001 a penas de prisión, que cumplían en la cárcel de Samkhe, por intentar celebrar una manifestación en Vientiane en octubre de 1999 para pedir respeto a los derechos humanos, libertad para los presos políticos, un sistema político pluripartidista y nuevas elecciones a la Asamblea Nacional. Los cinco, Thongpaseuth Keuakoun, Khamphouvieng Sisaath, Seng-Aloun Phengphanh, Bouavanh Chanhmanivong y Keochay, eran presos de conciencia.
Los presos de conciencia Feng Sakchittaphong y Latsami Khamphoui continuaron recluidos en el Campo de Reclusión 7, situado en una zona remota de la provincia de Houa Phanh. Los dos habían ocupado cargos de responsabilidad en el gobierno y fueron detenidos en 1990 por pedir pacíficamente cambios políticos y económicos. En 1992 fueron condenados a 14 años de cárcel en aplicación de la legislación de seguridad nacional tras un juicio sin las debidas garantías. Las condiciones de su detención continuaron siendo muy duras, y se les restringía severamente el acceso a sus familiares.
Khamtanh Phousy, preso de conciencia detenido desde 1996, continuó en el Campo de Reclusión 7. Phousy, ex oficial del ejército convertido al cristianismo, había sido condenado a siete años de cárcel por cargos que, al parecer, tenían motivación política. No se recibió información sobre la situación de otros dos presos políticos que, según se creía, permanecían también en el Campo de Reclusión 7. Sing Chanthakoummane y Pangtong Chokbengboun, detenidos sin cargos ni juicio desde 1975 con fines de «reeducación», terminaron siendo condenados a cadena perpetua tras un juicio sin las debidas garantías en 1992.
Persecución religiosa
En julio, el primer ministro promulgó un decreto para «garantizar la libertad religiosa» cuyos artículos restringían severamente este derecho, al exigir autorización oficial para muchos aspectos del culto organizado.
Continuaron recibiéndose informes de detenciones y hostigamiento a miembros de pequeños grupos religiosos cristianos no autorizados, y hubo informes sin confirmar sobre la puesta en libertad de personas encarceladas por motivos religiosos, pero resultó sumamente difícil conseguir información fiable sobre la persecución religiosa.
Pena de muerte
Tres narcotraficantes fueron condenados a muerte en junio, las primeras condenas de este tipo desde que en 2002 se decidió aplicar la pena capital para los delitos de narcotráfico. Según los informes, los tres presentaron recurso ante el Tribunal Supremo. En la legislación del país había varios delitos punibles con la muerte, pero, según fuentes oficiales, desde hacía más de 10 años no se llevaban a cabo ejecuciones.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
Lao People’s Democratic Republic: ‘The laws are promulgated but have no impact on the people’ – Torture, ill-treatment and hidden suffering in detention (Índice AI: ASA 26/004/2002)
Letonia
República de Letonia
Jefa del Estado: Vaira Vike-Freiberga
Jefe del gobierno: Einars Repše
(sustituyó a Andris Berzins en noviembre)
Pena de muerte: abolicionista para todos
los delitos comunes
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
El Parlamento letón aprobó la legislación necesaria para establecer un servicio civil alternativo al servicio militar. Las condiciones de los centros de detención no cumplían en general las normas mínimas internacionales pertinentes. Letonia dio un paso adelante hacia la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias.
Objeción de conciencia
El Parlamento letón (Saeima) aprobó el 30 de mayo una ley de establecimiento de un servicio civil alternativo al servicio militar. A mediados de 2001, el gobierno había aprobado un proyecto de ley de servicio civil alternativo, preparado por un grupo especial de trabajo en el periodo 2000-2001, y a principios de febrero de 2002 lo remitió al Parlamento para que lo examinase. Como ya se temía, la ley, que entró en vigor el 1 de julio, conservó un carácter sancionador en cuanto a la duración, pues obligaba a los objetores de conciencia al servicio militar a prestar un servicio alternativo de dos años, el doble que el servicio militar. Los objetores de conciencia con título universitario debían prestar un servicio de 18 meses.
Condiciones de reclusión
A finales de septiembre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (cpt) visitó por segunda vez Letonia e inspeccionó diversos centros de detención del país. El informe de noviembre de 2001 sobre la visita inicial del cpt a Letonia, realizada en febrero de 2001 y centrada principalmente en los centros policiales de detención y las prisiones de la capital, Riga, había revelado que las condiciones de reclusión eran a menudo inaceptables y, en algunos casos, constituían trato inhumano y degradante. El informe de la Comisión Europea de octubre de 2002 sobre los progresos de Letonia en la vía de la adhesión a la Unión Europea se hizo eco de las conclusiones del cpt. Aunque tomaba nota de ciertas medidas adoptadas por las autoridades para mejorar las condiciones de reclusión, el informe indicaba que había constancia de que la situación en las prisiones seguía siendo crítica con respecto a las condiciones de salud e higiene, el hacinamiento y las medidas ocupacionales. La duración de la prisión preventiva, especialmente de menores, seguía siendo motivo de gran preocupación, pues agravaba tanto los retrasos en la administración de justicia como el hacinamiento.
Pena de muerte
El 3 de mayo, con la firma del Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, Letonia dio el primer paso hacia la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, incluida la guerra.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
Concerns in Europe, January-June 2002: Latvia (Índice AI: EUR 01/007/2002)
Líbano
República Libanesa
Jefe del Estado: Emile Lahoud
Jefe del gobierno: Rafiq al Hariri
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
Se detuvo por razones políticas a decenas de personas afiliadas a grupos cristianos e islamistas de oposición. Al menos 12 personas más fueron detenidas por su presunta afiliación a Al Qaeda o a otros grupos calificados de «terroristas». Decenas de personas, entre las que había presos políticos y presuntos miembros del Ejército del Sur del Líbano, ya disuelto, fueron juzgadas ante el Tribunal Militar, acusadas de «colaboración» con Israel; asimismo, decenas de personas detenidas por motivos políticos relacionados con grupos islamistas estuvieron recluidas sin juicio durante largos periodos. Hubo informes de torturas y malos tratos a personas detenidas por motivos políticos. Se cometió al menos un homicidio de motivación política. A lo largo del año aumentó la violencia contra la mujer en el seno de la comunidad. Se impusieron al menos 10 penas de muerte, pero no hubo ejecuciones. Se recibieron informes sobre expulsión, detención y maltrato de refugiados y solicitantes
de asilo, y los refugiados palestinos continuaron siendo objeto de discriminación.
Información general
Las autoridades adoptaron nuevas medidas para combatir el «terrorismo», entre ellas el restablecimiento de la Ley Antiterrorismo de 1958. Debido a ello, se persiguió a grupos islamistas sunníes que en algún momento se habían opuesto al gobierno y se restringió el derecho legítimo a la libertad de expresión y asociación.
En junio, el Líbano y la Unión Europea firmaron un acuerdo en materia política y económica que contenía una cláusula sobre derechos humanos.
En septiembre, el fiscal general dispuso que se dictaran órdenes de registro para hacer posible la vigilancia en el Líbano y en el extranjero de personas sospechosas de participar en actividades en contra del gobierno, como mantener «contactos» con Israel y realizar actos «perjudiciales» para las relaciones del Líbano con sus vecinos árabes. Esta medida tenía su origen en la oposición ejercida desde Estados Unidos contra la presencia siria en el Líbano y encabezada por el general exiliado Michel Aoun, ex comandante del ejército libanés y líder del grupo de oposición Movimiento Patriótico Libre. En medio de un creciente descontento por la presencia militar siria en el país, especialmente entre los grupos cristianos de oposición, el jefe de los servicios sirios de información militar en el Líbano fue trasladado a Siria y sustituido.
Detenciones
Se detuvo a decenas de personas afiliadas a grupos cristianos e islamistas de oposición. Entre ellas había miembros de la organización ilegal Partido de las Fuerzas Libanesas y del Movimiento Patriótico Libre, así como presuntos miembros de grupos islamistas sunníes, como el Partido de la Liberación (Hizb al-Tahrir), y de Al Qaeda.
La mayoría de las detenciones de miembros del Partido de las Fuerzas Libanesas y del Movimiento Patriótico Libre guardaban relación con su participación en manifestaciones de oposición a la presencia militar siria en el Líbano y con la distribución de folletos políticos.
Al menos tres alumnos de la Universidad Libanesa, incluidos Bashir Matar y Charbel Ayoub, fueron detenidos en marzo por miembros de las Fuerzas de Seguridad Interna. Quedaron en libertad sin cargos posteriormente. Habían acudido a una concentración política organizada por el Partido de las Fuerzas Libanesas, a la que asistían también miembros del Movimiento Patriótico Libre y el Partido Nacional Liberal.
También en marzo, durante la cumbre árabe de Beirut, se detuvo a tres hombres por distribuir, presuntamente, un folleto del Partido de la Liberación en el que se criticaba la propuesta saudí de paz en Oriente Medio. Los detenidos eran Wisam Husain al-Humsi, Muhammad Nayef al-Humsi y Khaled Nayef al-Humsi, detenidos en el oeste de Al Biqa’. También se buscaba a otras personas que, presuntamente, habían distribuido folletos en pueblos de la zona. Los tres detenidos fueron enviados al departamento antiterrorista de Beirut de las Fuerzas de Seguridad Interna para su interrogatorio.
En octubre, en vísperas de la cumbre de países francófonos en Beirut, al menos 10 estudiantes fueron detenidos en una manifestación contra la política gubernamental y la presencia militar siria en el Líbano. Entre ellos se encontraban Edward Cham’un, Cynthia Zaraziri y Richard Yunan, quienes, según informes, sufrieron lesiones al hacer las Fuerzas de Seguridad Interna uso excesivo de la fuerza para disolver una manifestación ante la entrada de la Universidad de San José de Beirut.
En septiembre y octubre, los servicios de información militar detuvieron a Khaled Minawi (véase infra), libanés de 18 años, a Muhammad Ramiz Sultan, de doble nacionalidad, libanesa y australiana, y a Ihab Husain Dafa’, saudí. Los tres estuvieron recluidos en régimen de incomunicación y fueron acusados posteriormente de delitos como establecer una «organización terrorista» y formar una «célula» de Al Qaeda. Según informes, fueron torturados y maltratados para obligarlos a «confesar».
Juicios
Decenas de personas, entre las que había presos políticos y presuntos miembros del Ejército del Sur del Líbano, ya disuelto, fueron juzgadas ante el Tribunal Militar, acusadas de «colaboración» con Israel. Los juicios no cumplieron las normas internacionales de justicia procesal, y hubo numerosos informes sobre confesiones obtenidas mediante coacción. Decenas de personas detenidas por motivos políticos relacionados con grupos islamistas estuvieron recluidas sin juicio durante largos periodos.
En julio, el Tribunal Militar de Apelación impuso sendas penas de 15 meses de prisión a Tawfiq al-Hindi, dirigente del Partido de las Fuerzas Libanesas, y Habib Yunes, periodista, así como una pena de 30 meses al también periodista Antoine Basil. Los tres habían sido acusados de mantener «contactos» con Israel. La sentencia se dictó en un nuevo juicio ordenado por el Tribunal de Casación tras rechazar las condenas de tres y cuatro años impuestas anteriormente por el Tribunal Militar. Sometidos a juicios aparentemente injustos, los tres condenados fueron considerados posibles presos de conciencia por Amnistía Internacional. Según informes, habían sido torturados o maltratados y en ambos juicios dijeron al tribunal que sus confesiones habían sido obtenidas mediante coacción. Tawfiq al-Hindi y Habib Yunes quedaron en libertad en noviembre por haber cumplido ya sus condenas.
Tortura
Hubo informes de tortura y malos tratos infligidos a personas detenidas por motivos políticos en centros de reclusión de los servicios de Información Militar.
Según informes, Fadi Taybah, activista sunní, fue torturado y maltratado en agosto en el centro de detención de Ba’abda de los servicios de información militar. Fue detenido en Trípoli el 12 de agosto, llevado a Ba’abda y, de acuerdo con los informes, torturado reiteradamente durante más de tres días, en el transcurso de los cuales no le dieron de comer ni de beber. Afirmaba que los agentes lo golpearon en los pies con cables durante su interrogatorio y que le dieron golpes en la cabeza, las manos y el estómago. Quedó en libertad el 20 de agosto.
En octubre, Khaled Minawi, de 18 años, fue, según informes, torturado y maltratado durante los cinco días que permaneció recluido en régimen de incomunicación en el centro de detención del Ministerio de Defensa. De acuerdo con los informes, lo sometieron al «balanco» (método de tortura consistente en atar a la víctima las manos a la espalda y colgarla de las muñecas) y lo golpearon brutalmente en el estómago y en la cara, además de tenerlo sin comer durante los cinco días. Ya había sido torturado anteriormente, durante su detención en régimen de incomunicación en 2000, cuando tenía sólo 16 años.
Condiciones penitenciarias
Las condiciones penitenciarias mejoraron en algunas zonas en 2002, aparentemente como resultado de la presión de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos. La prisión de mujeres de Trípoli fue trasladada a un nuevo edificio, y en la prisión de mujeres de Ba’abda se sacó del recinto penintenciario la residencia de los guardias varones, que estaba dentro de él. Igualmente positivo fue el hecho de que, en octubre, las autoridades permitieran al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a las prisiones libanesas.
Homicidios políticos
Durante 2002 hubo al menos un homicidio de motivación política.
En mayo, la policía descubrió el cadáver en descomposición de Ramzi ‘Irani, ingeniero y activista del Partido de las Fuerzas Libanesas, en el barrio de Karkas de Beirut. Había «desaparecido» el 7 de mayo cuando se dirigía a recoger a su hijo al colegio, en el centro de la capital. El cadáver apareció en el maletero de su automóvil, y se llevó al depósito para que le practicaran la autopsia. Al concluir el año no parecía haberse iniciado ninguna investigación independiente sobre esta «desaparición» y homicidio.
«Desapariciones»
Concluyó el trabajo de la comisión gubernamental de investigación sobre las «desapariciones» creada en febrero de 2001, pero no se dieron a conocer los resultados. Los grupos nacionales de derechos humanos y las familias de las víctimas intensificaron sus esfuerzos por descubrir lo que les había sucedido a los libaneses «desaparecidos» durante la guerra y a los que se creía detenidos en Siria.
En julio, miembros del Comité de Familias de Libaneses Detenidos en Siria se reunieron en Damasco con el ministro sirio del Interior y le expresaron su preocupación por los detenidos. El ministro prometió examinar la cuestión en el plazo de dos meses, pero al terminar el año aún no había dado una respuesta.
Violencia contra la mujer
A lo largo del año aumentó la violencia contra la mujer en el seno de la comunidad, incluidos los homicidios en el seno de la familia o en nombre del honor, las violaciones y las palizas. Los hombres continuaron cometiendo delitos en nombre del honor con casi total impunidad.
En julio, Ziyad Misbah Shahab mató a puñaladas a su esposa, Widad Muhammad al-Nabulsi, y a su hija, Nasrin, en el domicilio familiar de Beirut. Según informes, dijo a la policía que «sospechaba» de la «conducta» de ambas. De acuerdo con la legislación libanesa, un hombre que asesina a una mujer de su familia en un «arrebato de ira» por «sospechar» que mantiene relaciones con otro hombre sólo debe ser castigado con una condena poco severa.
Derechos del niño
En enero, el Comité de los Derechos del Niño de la onu examinó el informe periódico del Líbano sobre su aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y expresó preocupación por el hecho de que se hubieran denunciado torturas y malos tratos a niños de tan sólo 15 años durante su detención en régimen de incomunicación. Recomendó que las autoridades tomaran medidas para impedir la detención de niños en régimen de incomunicación e investigaran los casos de tortura y malos tratos a niños de que se tenía noticia.
Libertad de expresión
En 2002 aumentó el uso de medidas represivas contra los medios de comunicación, en especial los que criticaban la política del gobierno y la presencia militar siria.
En octubre, el Tribunal de Publicaciones confirmó una decisión anterior en la que se ordenaba la clausura de la cadena de televisión mtv por contravenir el artículo 68 de la Ley de Elecciones Parlamentarias, presuntamente por emitir propaganda electoral no autorizada. La decisión provocó una manifestación de grupos cristianos de oposición en el centro de Beirut, que las fuerzas de seguridad disolvieron por la fuerza. Al menos seis manifestantes, algunos de los cuales eran empleados de la cadena de televisión, sufrieron lesiones. La mtv era propiedad de Gabriel al-Murr, parlamentario de la oposición, y algunos grupos políticos se mostraron contrarios a su cierre, entre ellos la Agrupación Qurnat Shahwan de parlamentarios de oposición. El ministro del Interior prohibió las protestas públicas relacionadas con este asunto. En noviembre, en una vista injusta en la que no se reconocía el derecho de apelación, el Consejo Constitucional despojó a Gabriel al-Murr de su escaño en el Parlamento por no declarar, presuntamente, sus intereses económicos.
Pena de muerte
A lo largo del año se impusieron al menos 10 condenas de muerte, pero no hubo ejecuciones. Continuó la suspensión de hecho de las ejecuciones iniciada en noviembre de 1998.
Refugiados
Refugiados palestinos
Millares de refugiados palestinos acogidos en campos del Líbano continuaron siendo objeto de discriminación sistemática. Estaban expuestos a ser detenidos arbitrariamente, su libertad de circulación estaba restringida y tenían prohibido el acceso a decenas de profesiones.
En septiembre, dos civiles palestinos resultaron muertos al asaltar el ejército libanés el superpoblado campo de refugiados de Al Jalil, en Ba’albek, teóricamente con el fin de recoger armas y documentos en una oficina abandonada de Fatah-Consejo Revolucionario.
Otros refugiados
Continuaron cometiéndose violaciones de derechos humanos contra refugiados y solicitantes de asilo, incluidas detenciones arbitrarias y malos tratos. Decenas de solicitantes de asilo, entre los que había refugiados reconocidos de Irak, Sudán, Somalia y Túnez, permanecieron detenidos. Se recibieron informes según los cuales 300 iraquíes, entre los que había solicitantes de asilo y refugiados, fueron expulsados del Líbano a países donde no estaban protegidos frente a la devolución.
Yasser Akrach, refugiado sudanés reconocido como tal, fue recluido arbitrariamente una vez cumplida una condena de prisión impuesta por entrar al país ilegalmente. Según informes, en septiembre, al declararse en huelga de hambre durante dos días, fue golpeado y colgado de las muñecas como castigo.
Según informes, dos solicitantes de asilo iraquíes, Khaled Salem Azzaoui y ‘Ali Alkout, murieron bajo custodia en la prisión de Rumieh en marzo, al parecer por falta de asistencia médica adecuada.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Declaración
Amnistía Internacional reitera sus preocupaciones sobre la situación de refugiados y solicitantes de asilo (Índice AI: MDE 18/005/2002/s)
Visitas
Amnistía Internacional envió varias delegaciones al país para llevar a cabo trabajos de investigación, mantener conversaciones con autoridades del gobierno y con organizaciones no gubernamentales y realizar labores de formación en derechos humanos.
Liberia
República de Liberia
Jefe del Estado y del gobierno:
Charles G. Taylor
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
Mientras proseguía el conflicto, las fuerzas gubernamentales y, en menor medida, la oposición armada, mataron ilegítimamente y torturaron a un gran número de civiles. Ambos bandos llevaron a cabo reclutamientos forzados de niños. Las transferencias de armas prosiguieron a pesar de las sanciones impuestas por la onu. Varios centenares de miles de civiles se convirtieron en refugiados o desplazados internos. La declaración del estado de excepción provocó una mayor represión contra los adversarios políticos, los periodistas
y los activistas de derechos humanos. Los responsables de abusos contra los derechos humanos disfrutaron de impunidad casi absoluta.
Información general
A lo largo de 2002 prosiguió el conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y el grupo armado de oposición Liberianos Unidos por la Reconciliación y la Democracia (Liberians United for Reconciliation and Democracy, lurd) en el norte y el oeste del país. Hubo numerosas muertes y se generalizaron los desplazamientos de población así como la destrucción de propiedades e infraestructuras. Un elevado número de personas carecían de asistencia y la situación humanitaria se deterioró notablemente. A menudo resultaba difícil verificar la información sobre los abusos y, en ocasiones, era difícil establecer si los responsables habían sido las fuerzas gubernamentales o los lurd.
El conflicto amenazó la estabilidad de las vecinas Guinea y Sierra Leona, que junto con Liberia forman la Unión del Río Mano. Las fuerzas de los lurd actuaban desde Guinea y recibían el apoyo de este país, extremo que negaba el gobierno guineano.
La comunidad internacional desarrolló varias iniciativas para resolver el conflicto. En febrero, los jefes de Estado de los tres países de la Unión del Río Mano se reunieron en Marruecos, pero los avances fueron escasos. En noviembre, el presidente Charles Taylor expresó su disposición a iniciar un diálogo con los lurd. En diciembre se reunió un grupo de contacto internacional sobre Liberia, coordinado por la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, que animó a que se iniciaran sin dilación las negociaciones para lograr una solución, incluidos un alto el fuego, un acuerdo sobre desarme y el respeto del Estado de derecho y a los derechos humanos.
El presidente Taylor impuso un estado de excepción desde principios de febrero hasta septiembre, alegando que los lurd amenazaban la capital, Monrovia. Se prohibieron las actividades políticas y las reuniones públicas y se redujo la libertad de expresión.
En septiembre se nombró al representante especial del secretario general de la onu en Liberia y posteriormente el Consejo de Seguridad de la onu decidió elaborar una estrategia global sobre el país. Amnistía Internacional pidió que la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Liberia (unol), cuyo mandato se amplió hasta fines de 2003, incluyera un fuerte componente en materia de derechos humanos, lo que incluiría vigilar e informar de los abusos contra tales derechos. Posteriormente, el Consejo de Seguridad recomendó que se ampliara la función de la unol, por ejemplo, reforzando y vigilando el respeto por los derechos humanos y presentando informes periódicos sobre la situación de estos derechos.
Violaciones de derechos humanos cometidas
por las fuerzas de seguridad
Las Fuerzas Armadas de Liberia, a través de dos unidades de seguridad especiales —la Unidad Antiterrorista y la Unidad de Operaciones Especiales— y las milicias aliadas gubernamentales cometieron violaciones de derechos humanos en gran escala. Las violaciones de derechos humanos aumentaron notablemente tras la imposición del estado de excepción, y el gobierno no hizo nada o muy poco por impedirlas. Tampoco llevó a los responsables ante los tribunales.
Ejecuciones sumarias
Las fuerzas de seguridad liberianas llevaron a cabo ejecuciones entre la población civil, incluso mujeres y niños, en las zonas afectadas por los combates. Tras expulsar a las fuerzas de los lurd de una zona se golpeó, torturó o mató a los civiles sospechosos de apoyar a dicho grupo armado. Se denunciaron varios casos de secuestro y ejecución sumaria de niños o jóvenes que se habían negado a combatir con las fuerzas gubernamentales. Tras la imposición del estado de excepción, se detuvo y obligó a combatir a un elevado número de personas en Monrovia y sus alrededores.
En enero, soldados de las Fuerzas Armadas de Liberia mataron a tiros a una mujer e hirieron a su hijo de cuatro años en Sawmill, cerca de Tubmanburg, condado de Bomi.
El 20 de marzo, según informes, la policía detuvo a Henry Cooper, miembro de un partido político de la oposición en el condado de Bong. Posteriormente se encontró su cadáver con numerosas heridas de bala.
En mayo, 11 personas de origen étnico mandingo fueron muertas en Gbaney y otras ocho en Gbeka, ambos cerca de Gbarnga, condado de Bong.
Durante los combates librados en Sawmill a mediados de abril, los hombres y niños que se negaron a combatir con las fuerzas gubernamentales fueron ejecutados sumariamente. Entre ellos estaba Fofoe Kanneh, de etnia mandinga.
En mayo, más de una docena de niños —el más joven de 15 años de edad— y de hombres fueron reclutados forzadamente en los barrios periféricos de Monrovia. Posteriormente a cuatro de ellos los ejecutaron sumariamente por negarse a combatir.
Detenciones y reclusiones arbitrarias,
tortura y malos tratos
Cualquier persona sospechosa de ser «disidente» o de mantener vínculos con los lurd, en particular los miembros de los grupos étnicos krahn y mandingo, corría peligro de ser detenida y recluida arbitrariamente. Tras la imposición del estado de excepción, las unidades de seguridad llevaron a cabo operaciones diarias en Monrovia y sus alrededores, incluidos los campos de desplazados, en busca de miembros de los lurd. Decenas de niños y jóvenes fueron golpeados y detenidos. Algunos no quedaron en libertad hasta que sus familias pagaron un soborno. A menudo los detenidos eran conducidos para ser interrogados al Palacio Ejecutivo, la oficina de la presidencia, en Monrovia. El reclutamiento forzado también vino acompañado a menudo de detención arbitraria y malos tratos. La tortura y los malos tratos eran una práctica habitual y, según informes, decenas de personas murieron como resultado de ello.
En marzo, el relator especial de la onu sobre la cuestión de la tortura informó de que no se había creado ninguna institución para la protección de los derechos humanos y que no había ningún tipo de formación sobre las normas internacionales de derechos humanos para las unidades especiales, como la Unidad Antiterrorista y la Unidad de Operaciones Especiales, de las que constaba que torturaban habitualmente a los detenidos.
El 24 de febrero, fuerzas de la Unidad Antiterrorista y la Unidad de Operaciones Especiales detuvieron a 45 jóvenes varones en un campo de desplazados de Monrovia. Quedaron en libertad al día siguiente tras los pagos efectuados por sus familias.
En febrero, en Tubmanburg, miembros de la Unidad Antiterrorista torturaron a cuatro hombres sospechosos de ser «disidentes». Uno falleció posteriormente. Una de las víctimas supervivientes informó de que le habían golpeado el escroto con un martillo.
Las detenciones y malos tratos de presuntos opositores continuaron tras el levantamiento del estado de excepción en septiembre.
El 14 de diciembre, Throble Suah, periodista del diario The Inquirer, fue interceptado en una calle de Monrovia y golpeado brutalmente por miembros de las fuerzas de seguridad pertenecientes, al parecer, a la Unidad Antiterrorista. Precisó asistencia médica urgente.
El 11 de diciembre, cinco miembros de partidos políticos de la oposición fueron detenidos en el condado de Grand Bassa y trasladados a Monrovia, donde fueron recluidos sin cargos. Posteriormente quedaron en libertad.
A fines de diciembre se detuvo a David Kiazolu y Christopher Toe, miembros destacados del Consejo Interreligioso de Liberia, al parecer por su presunta colaboración con los lurd.
Violaciones y otras formas de violencia sexual
Las mujeres y las niñas de las zonas afectadas por los combates sufrieron a menudo violaciones y otras formas de violencia sexual.
En febrero, una mujer de 23 años de edad que había huido de su casa fue violada en grupo y golpeada por las fuerzas de seguridad en el condado de Margibi.
En mayo, mientras miles de civiles huían de los combates librados en torno a Gbarnga, unas 20 mujeres denunciaron que habían sido violadas por las fuerzas de seguridad. Entre ellas había una mujer de 19 años violada por cuatro miembros de la milicia aliada con el gobierno. Otra mujer fue secuestrada, recluida durante dos días y violada repetidas veces por un miembro de la Unidad Antiterrorista.
Ataques contra la comunidad de defensores
de los derechos humanos
Las personas que condenaban las violaciones de derechos humanos eran acusadas de difundir información falsa con el fin de «manchar la imagen» de Liberia dentro de la comunidad internacional o de apoyar a los lurd. Los ataques contra los activistas de derechos humanos aumentaron durante el estado de excepción. Si bien algunos sólo permanecieron recluidos cortos periodos de tiempo, otros continuaban detenidos a fines de año.
Frances Johnson-Morris, ex presidenta del Tribunal Supremo y presidenta del grupo católico Comisión Justicia y Paz, fue detenida en febrero tras cuestionar públicamente la legalidad constitucional del estado de excepción. Permaneció recluida un periodo breve con presos varones hasta que el ministro de Justicia ordenó su libertad sin cargos.
Tiawan Gongloe, abogado de derechos humanos, fue detenido en abril y lo torturaron mientras estuvo bajo custodia policial. Tuvo que recibir tratamiento en un hospital a causa de las lesiones sufridas. Inicialmente le impidieron salir del país y en mayo volvieron a detenerlo por un periodo breve.
Hassan Bility, periodista del diario The Analyst, fue detenido en junio con dos colegas, tras la publicación de unos artículos en los que se condenaban las violaciones de derechos humanos. Sheikh Sackor, director ejecutivo del Observatorio Humanista, fue detenido al mes siguiente. Ambos permanecieron recluidos en régimen de incomunicación y fueron torturados. El gobierno los acusó de pertenecer a los lurd y anunció que serían juzgados por un tribunal militar. No se presentaron cargos contra ellos. A pesar de que el gobierno había manifestado en octubre que serían puestos en libertad, Hassan Bility siguió recluido hasta diciembre, cuando lo entregaron a funcionarios de la embajada estadounidense y lo sacaron del país en avión. Sheikh Sackor continuaba recluido al finalizar el año.
Aloysius Toe, destacado defensor de los derechos humanos, se escondió a fines de octubre tras irrumpir la policía en su casa y detener brevemente a su esposa y a otros tres activistas de derechos humanos. Estas detenciones se produjeron tras emprender la Coalición de Defensores de los Derechos Humanos de Liberia una campaña para lograr la excarcelación de Hassan Bility y Sheikh Sackor. Aloysius Toe fue detenido y acusado de traición cuando salió de su escondite. La acusación estaba basada únicamente en un documento de los lurd fácilmente disponible que, según se dijo, había recibido por correo electrónico. Seguía recluido en la Prisión Central de Monrovia.
Abusos cometidos por los grupos armados de oposición
La falta de información independiente hizo difícil confirmar los informes sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos por los lurd. No obstante, las pruebas indicaban que seguían cometiendo abusos contra los civiles, si bien menos sistemáticos y generalizados que los perpetrados por las fuerzas gubernamentales. Los abusos incluían homicidios ilegítimos, violación y otras torturas, y la utilización de niños combatientes. Entre las víctimas también se contaba la población civil sierraleonesa que vivía cerca de la frontera, dado que los lurd realizaban incursiones en Sierra Leona.
A principios del año 2002 se registraron casos aislados de homicidios de presuntos colaboradores gubernamentales, violaciones y reclutamientos forzados. Conforme se intensificaba la ofensiva de las fuerzas gubernamentales, aumentaban las denuncias de abusos. Especial peligro corrían los refugiados que huían a Guinea y los desplazados internos. Centenares de niños y jóvenes fueron reclutados a la fuerza para combatir y la población civil, incluso mujeres y niños, se utilizó sistemáticamente como mano de obra forzada. Según informes, la dirección de los lurd llevó a cabo algunos intentos para que los combatientes respetaran los derechos humanos de la población civil.
En enero, un comandante de los lurd obligó a varios hombres de Kolahun, condado de Lofa, a portar munición. A dos hombres les dispararon en la pierna por no andar lo suficientemente deprisa, y uno de ellos murió posteriormente.
En agosto, unos combatientes de los lurd secuestraron entre Kotolahun y Honyahun a tres mujeres que huían a Guinea. Las obligaron a hacer de porteadoras y las violaron. Los jefes posteriormente golpearon a los responsables.
En junio, durante un ataque llevado a cabo por los lurd contra un campo de refugiados de Sinje, condado de Grand Cape Mount, se secuestró a cinco enfermeras que trabajaban para una organización liberiana de ayuda humanitaria y se las mantuvo recluidas hasta septiembre.
Refugiados y desplazados internos
La difícil situación de los refugiados y desplazados internos empeoró notablemente. Además del desplazamiento interno de varios centenares de miles de ciudadanos liberianos, los combates provocaron el éxodo de cerca de 200.000 a los países vecinos. A menudo a los refugiados se los rechazaba en las fronteras. Los refugiados liberianos eran acosados por las fuerzas de seguridad, en particular en Costa de Marfil y Guinea.
Las fuerzas de seguridad guineanas impidieron a los ciudadanos liberianos cruzar la frontera, obligándolos a volver y quedar en manos de los lurd. Los refugiados liberianos presentes en Ghana también corrían peligro a causa de la presencia de las fuerzas de seguridad liberianas y de las deficientes condiciones de seguridad imperantes en los campos de refugiados.
Las fuerzas de seguridad de Costa de Marfil extorsionaban o robaban las pertenencias a los refugiados que pasaban la frontera, y detenían a los refugiados liberianos de origen étnico mandingo y krahn. La situación de los aproximadamente 72.000 refugiados liberianos inscritos empeoró notablemente a partir de septiembre conforme la violencia y la inseguridad se apoderaron de Costa de Marfil. Al finalizar el año 2002, más de 30.000 habían retornado a Liberia, mientras que unos 20.000 ciudadanos de Costa de Marfil habían huido también a Liberia.
Al acabar el año se calculaba que había unos 130.000 desplazados internos en campos permanentes, mientras que otros 200.000 seguían en zonas de combate donde el acceso de la ayuda humanitaria estaba gravemente limitado. El ataque llevado a cabo en junio por los lurd contra el campo de refugiados de Sinje obligó a huir a unos 25.000 refugiados de Sierra Leona y desplazados internos liberianos.
En febrero, un informe elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) y la organización británica Save the Children reveló el peligro que corrían los niños refugiados y desplazados internos en Guinea, Liberia y Sierra Leona de sufrir explotación y abusos sexuales a manos de empleados de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, del propio acnur y de otros organismos de la onu, así como de las fuerzas de seguridad y otros refugiados y desplazados internos. Si bien la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la onu llevó a cabo una investigación sobre estas denuncias y publicó un informe en octubre, Amnistía Internacional consideraba que su ámbito y alcance era demasiado limitado y que, por consiguiente, era improbable que sus conclusiones reflejaran la verdadera situación.
Ayuda militar externa
El Grupo de Expertos creado por el Consejo de Seguridad de la onu para vigilar el cumplimiento de las sanciones que había impuesto a Liberia en el año 2001, entre ellas la prohibición de transferencias de armas y la exportación de diamantes en bruto, publicó sus informes en abril y octubre. En ellos se indicaba que el gobierno había seguido adquiriendo armas. En mayo, el Consejo de Seguridad amplió las sanciones otros 12 meses. El gobierno protestó, alegando que la prohibición sobre las transferencias de armas le había impedido proteger al país frente a la oposición armada. El Grupo de Expertos, que especificó que la prohibición también se aplicaba a los lurd, descubrió que las armas llegaban a dicho grupo a través de países vecinos, entre ellos Costa de Marfil, Guinea y Sierra Leona.
El Grupo de Expertos estableció vínculos expresos entre la industria maderera liberiana y el comercio de armas. Amnistía Internacional respaldó las recomendaciones del grupo respecto a que la industria maderera debía ser objeto de una auditoría financiera a largo plazo por parte de una empresa especializada internacional.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informes
Guinea, Liberia y Sierra Leona. El comercio de diamantes debe someterse a control y supervisión desde el punto de extracción al de exportación (Índice AI: AFR 05/001/2002/s)
Liberia: State of emergency signifies a greater need for international involvement in human rights protection (Índice AI: AFR 34/002/2002)
Liberia: Hassan Bility: Incommunicado detention without charge (Índice AI: AFR 34/011/2002)
Los civiles están expuestos a sufrir abusos contra los derechos humanos en el país y más allá de sus fronteras (Índice AI: AFR 34/020/2002/s)
Aloysius Toe: Activista de derechos humanos juzgado por traición (Índice AI: AFR 34/029/2002/s)
Libia
República Árabe Libia Popular y Socialista
Jefe del Estado: Muamar al Gadafi
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
Fueron excarcelados alrededor de 65 presos políticos, entre ellos cinco presos de conciencia recluidos desde 1973. Según informes, centenares más continuaron encarcelados. Las autoridades informaron a las familias de decenas de presos de que éstos habían muerto en prisión, pero sin comunicarles la fecha ni la causa de la muerte. Continuaron sin aclararse varios casos de «desaparición». Dos posibles presos de conciencia fueron condenados a muerte. Siguieron recibiéndose informes de tortura, y no se tuvo noticia de que se llevara a cabo ninguna investigación. Continuaron en vigor leyes que trataban como delitos actividades políticas no violentas y hacían posible la celebración de juicios injustos.
Información general
Tras la excarcelación, como se había anunciado, de varios presos políticos y presos de conciencia, el 1 de septiembre, en su discurso anual de conmemoración de la Revolución de 1969, el coronel Muamar al Gadafi declaró: «Las prisiones libias existentes se quedarán vacías [salvo en el caso de] un grupo de herejes de quienes se cree que tienen vínculos con lo que se conoce como Al Qaeda y con los talibanes». Explicando que estos detenidos serían tratados del mismo modo que Estados Unidos trataba a las personas detenidas en la bahía de Guantánamo, dijo: «Estados Unidos ha dicho que estas personas no tienen derecho a defenderse; no les proporcionaremos jamás abogados ni se respetarán sus derechos humanos».
Persistió un clima de terror en el que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares se exponían, dentro y fuera del país, a sufrir represalias si proporcionaban información a organizaciones de derechos humanos.
Presos políticos y presos de conciencia
Unos 65 presos políticos quedaron en libertad. Entre ellos había cinco presos de conciencia: Muhammad ‘Ali al-Akrami, Al-‘Ajili Muhammad Salah ‘Abd al-Rahman al-Azhari, Muhammad ‘Ali al-Kajiji, Salih ‘Omar al-Qasbi y Muhammad al-Sadiq al-Tarhuni. Llevaban casi tres décadas encarcelados por su relación pacífica con la organización prohibida Partido de Liberación Islámica (Hizb al Tahrir al Islami).
Aunque las autoridades afirmaban que no había más presos políticos en el país, se recibieron informes según los cuales en las prisiones quedaban aún centenares.
Ahmad ‘Abd al-Qadir al-Thulthi, ingeniero detenido en abril de 1986, continuaba, se creía, privado de libertad a pesar de haber sido absuelto en 1987 por falta de pruebas. Según informes, estaba acusado de sabotaje y de pertenencia a una organización política ilegal.
Juicios injustos
Siguieron recibiéndose informes sobre la celebración de juicios injustos, especialmente ante los Tribunales Populares creados en 1988. En una declaración en la que comentaban el Informe 2002 de Amnistía Internacional, las autoridades reiteraron que el Tribunal Popular es un «organismo independiente» que «mantiene todas las salvaguardias jurídicas con respecto a los niveles de litigio y el derecho de defensa». Aunque hubo aparentes progresos en el «juicio por infección con el vih», la ausencia de las debidas garantías en la administración de justicia siguió siendo motivo de preocupación.
En febrero, el Tribunal Popular de Trípoli anuló el cargo de conspiración contra el Estado presentado en el caso de siete profesionales de la salud, seis búlgaros y un palestino, que estaban siendo juzgados desde febrero de 2000, acusados de infectar deliberadamente a casi 400 niños con el virus de inmunodeficiencia humana (vih) en un hospital. El Tribunal remitió de nuevo la causa al fiscal, quien, en junio, presentó cargos similares a los que habían servido para fundamentar el proceso original, pero retiró el de conspiración contra el Estado. En agosto, la Sala Preliminar ordenó la comparecencia de los acusados ante un tribunal penal. Según informes, los agentes de seguridad que los habían interrogado y, presuntamente, torturado tras su detención en 1999, también quedaron a disposición del tribunal penal.
Juicio por el caso Lockerbie
En marzo, un tribunal de apelación escocés, establecido en los Países Bajos, donde se había celebrado el juicio original, confirmó la pena de cadena perpetua impuesta al ciudadano libio ‘Abdel Basit al-Megrahi, contra quien se había dictado sentencia condenatoria en 2001 por participar en la colocación de una bomba en un avión de la compañía Pan Am que explotó cuando sobrevolaba la ciudad escocesa de Lockerbie, Reino Unido, en 1988, matando a 270 personas. En septiembre, según los informes, los abogados de ‘Abdel Basit al-Megrahi solicitaron una vista ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que el juicio había sido injusto.
Pena de muerte
Continuaron en vigor leyes que penaban con la muerte actividades que equivalían simplemente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de asociación. Siguieron imponiéndose condenas de muerte. No se tuvo noticia de ninguna ejecución. Las autoridades llevaban manifestando su intención de esforzarse por abolir la pena capital desde 1988, pero en 2002 no tomaron medidas concretas en esta materia.
El 16 de febrero, dos posibles presos de conciencia, Abdullah Ahmed Izzedin y Salem Abu Hanak, fueron condenados a muerte en un juicio injusto ante un Tribunal Popular de Trípoli. En el mismo juicio se impusieron a decenas de acusados más penas de entre10 años de prisión y cadena perpetua. Los condenados formaban parte de un grupo de 152 profesionales y estudiantes detenidos en 1998 y acusados de ser partidarios o simpatizantes del Grupo Islámico Libio (Al Jama’a al Islamiya al Libiya), organización prohibida de la que no se sabía que hubiera recurrido a la violencia o propugnado su uso. De acuerdo con la información disponible, no se llevó a cabo ninguna investigación sobre las denuncias de tortura bajo custodia presentadas por algunos de los acusados. Tanto éstos como el fiscal apelaron contra la sentencia.
Tortura y malos tratos
La tortura seguía siendo común en los centros de detención. Según la información que obra en poder de Amnistía Internacional, las autoridades no tomaban medidas para investigar las denuncias de tortura u ofrecer resarcimiento a las víctimas. Según informes, siguieron aplicándose castigos corporales establecidos por la ley.
El 5 de septiembre, Muhammad Mas’ud Zubaida acudió a la oficina del Comité Revolucionario de Beni Walid para preguntar si su hijo, ‘Abdullah Muhammad Mas’ud, recluido desde 1994, estaba incluido en la última tanda de excarcelaciones. Según informes, fue detenido, y murió poco después de quedar en libertad al día siguiente. Al parecer, había sido torturado y maltratado durante su detención.
Según información publicada en los medios de comunicación libios, el 3 de julio se amputó la mano derecha y la pierna izquierda a cuatro hombres declarados culpables de robo, tras haber confirmado el Tribunal Supremo la pena.
Muertes bajo custodia
No se investigó ninguna de las numerosas muertes bajo custodia de que se tuvo noticia. Las autoridades informaron a las familias de decenas de detenidos de la muerte de éstos, pero al parecer sin comunicarles la fecha ni la causa. A algunas les dijeron que no podían entregarles el cadáver porque la persona llevaba años muerta. Este dato hizo pensar que las víctimas figuraban entre las decenas de presos a los que, al parecer, las fuerzas de seguridad mataron ilegítimamente en julio de 1996 en la Prisión de Abu Salim de Trípoli.
«Desapariciones»
Las autoridades se vieron sometidas a una presión cada vez mayor para que aclararan varios casos de «desaparición», pero al concluir el año no habían abierto investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre ellos.
En su discurso anual del 1 de septiembre, el coronel Muamar al Gadafi reconoció oficialmente que Imam Musa al-Sadr, destacado clérigo chií, nacido en Irán y residente en el Líbano, había «desaparecido en Libia» durante una visita que realizó al país en 1978.
Las autoridades no revelaron información sobre Mansur Kikhiya, ex ministro de Asuntos Exteriores y notable defensor de los derechos humanos a quien se vio por última vez en El Cairo, Egipto, en diciembre de 1993, ni sobre Jaballah Matar e Izzat Youssef al-Maqrif, destacados activistas de la oposición libia «desaparecidos» en El Cairo en marzo de 1990.
Correspondencia con las autoridades
En una declaración realizada en respuesta al Informe 2002 de Amnistía Internacional, el Comité General del Pueblo para la Justicia y la Seguridad Pública negó que los motivos de preocupación expuestos por la organización tuvieran algún fundamento. Al concluir el año, Amnistía Internacional no había recibido ninguna respuesta a la correspondencia enviada a las autoridades para llamar su atención sobre casos y motivos concretos de preocupación en materia de derechos humanos.
Macedonia
Ex República Yugoslava de Macedonia
Jefe del Estado: Boris Trajkovski
Jefe del gobierno: Branko Crvenkovski
(sustituyó a Ljubcho Georgievski en noviembre)
Pena de muerte: abolicionista para todos
los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Aunque la situación de los derechos humanos siguió mejorando, hubo presuntos casos de ejecución extrajudicial y de muerte como consecuencia del uso imprudente de armas de fuego por agentes de seguridad; asimismo, se sucedieron las denuncias de tortura y malos tratos a manos de agentes de policía y de seguridad. Se recibieron informes de homicidios ilegítimos y toma de rehenes por grupos armados, así como de ataques de «agresores desconocidos», presuntamente vinculados con las fuerzas de seguridad. Se amenazó a defensores de los derechos humanos y se agredió a periodistas de la oposición.
Información general
Persistieron en el norte y el oeste del país las ramificaciones del conflicto de 2001 entre el Ejército de Liberación Nacional, grupo de oposición armada de etnia albanesa, y las fuerzas de seguridad macedonias.
En marzo se promulgó una amnistía para todos los implicados en el conflicto, salvo para los acusados de crímenes de guerra competencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (el Tribunal). En virtud de esta amnistía, que se sumaba al indulto presidencial promulgado en diciembre de 2001, quedaron en libertad 54 personas. En octubre de 2002, una de las Salas de Primera Instancia del Tribunal resolvió que los tribunales macedonios debían deferir cinco causas a su competencia. Cuatro de ellas se referían a presuntos abusos cometidos por el Ejército de Liberación Nacional, y la quinta al homicidio de seis albaneses en Ljuboten en agosto de 2001, presuntamente a manos de las fuerzas de seguridad. En abril de 2002 concluyó la exhumación de los cadáveres de la causa Ljuboten, pero al terminar el año aún no se habían hecho públicos los resultados de las pruebas forenses.
El proceso de paz siguió recibiendo el apoyo de la comunidad internacional, un apoyo que incluyó el envío de al menos 200 observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (osce) y la Unión Europea, protegidos por un contingente de la otan con efectivos procedentes de 11 países.
Se redujeron los incidentes violentos, aunque la tensión siguió siendo fuerte. Entre otras cosas, hubo atentados con bomba y tiroteos, que en algunos casos se saldaron con muertes. No obstante, se consiguió desplegar en nuevas zonas unidades mixtas de policía de etnia albanesa y macedonia, bajo la supervisión de observadores de la osce. Aunque el Ejército de Liberación Nacional se había disuelto y había entregado parte de su armamento a la otan, siguieron activos algunos grupos armados de etnia albanesa escindidos. Se registraron enfrentamientos esporádicos entre diversas facciones albanesas a medida que los comandantes del Ejército de Liberación Nacional iban incorporándose a la vida política.
Tras la celebración de elecciones nacionales en septiembre, el gobierno del grupo de etnia predominantemente macedonia Organización Revolucionaria Nacional Macedonia-Partido Democrático para la Unidad Nacional Macedonia (vmro-dpmne) fue sustituido por una coalición encabezada por la Unión Socialdemócrata de Macedonia (sds) y la Unión Democrática por la Integración (bdi), fundada por el ex dirigente del Ejército de Liberación Nacional Ali Ahmeti.
Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad
El uso ocasionalmente imprudente de armas de fuego por agentes de seguridad con resultado de muerte fue motivo de preocupación. En un caso, la información al respecto indicaba una posible ejecución extrajudicial.
El 2 de marzo, unos agentes de policía mataron a tiros a siete hombres (seis de Pakistán y uno de India) durante una batida policial en Rashtanski Lozja, cerca de Skopje. Las autoridades alegaron que las víctimas eran «terroristas» islámicos radicales vinculados al Ejército de Liberación Nacional y a los grupos surgidos de él, que planeaban atacar embajadas de países occidentales en Skopje. Sin embargo, los datos disponibles indicaban que todos ellos eran emigrantes económicos que viajaban a Grecia.
El 18 de octubre, una persona de etnia albanesa, Metin Adili, murió y otras dos resultaron heridas cuando la policía abrió fuego contra un automóvil que no se había detenido en un control de carretera en Tetovo. Un representante de la policía adujo que los ocupantes del vehículo habían disparado contra los agentes, pero, según informes, los observadores de la osce no hallaron datos que respaldaran esta versión.
Tortura y malos tratos policiales
Continuaron los malos tratos a manos de la policía al practicar detenciones y durante la reclusión de los detenidos. En muchos casos, especialmente en los que afectaban a personas de etnia albanesa o romaní, los presuntos malos tratos tuvieron en parte una motivación étnica o racial. En muchos de los incidentes participaron miembros de los «Leones», unidad policial paramilitar especial, de composición monoétnica, creada por el Ministerio del Interior tras el alzamiento del Ejército de Liberación Nacional y a cuyos miembros se consideraba en general partidarios de la vmro-dpmne. Se desestimaron casos expuestos al Ministerio del Interior por el Defensor del Pueblo por considerarse infundados, pese a existir en ocasiones datos fehacientes de lo contrario. No obstante, el nuevo gobierno contestó en noviembre a Amnistía Internacional que, conforme a las recomendaciones que la organización le había remitido previamente al respecto, se iba a elaborar un plan para la formación de agentes de policía y la aplicación efectiva de las normas europeas que regulan la conducta de los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Las autoridades no revelaron las conclusiones de tres visitas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura realizadas en octubre de 2001, julio de 2002 y noviembre de 2002.
El 3 de abril, dos macedonios musulmanes, Cano Canoski y Vebija Saloski, recibieron al parecer fuertes palizas y fueron amenazados con armas de fuego y cuchillos por un grupo de entre seis y ocho miembros de los «Leones» mientras recogían leña cerca de Struga.
El 9 de octubre unos agentes de la policía infligieron, al parecer, malos tratos a Arben Ismaili, que padecía parálisis cerebral y debía desplazarse en silla de ruedas. Según la información al respecto, la víctima había salido de su casa, en Nerezi, localidad cercana a Skopje, con un vecino de etnia también albanesa, cuando los agentes les dieron el alto y profirieron insultos racistas contra ellos. Seguidamente, los policías propinaron repetidos puñetazos a Arben Ismaili en la cara a pesar de que éste les suplicó que cesaran, diciéndoles que era discapacitado y que no había hecho nada malo.
Ataques de «agresores desconocidos»
Se produjeron ataques ocasionales contra ciudadanos por parte de agresores «desconocidos» que podrían estar vinculados con las autoridades.
El 23 de enero, Pavle Todorovski, vicepresidente del consejo comunitario local de Tearce, localidad próxima a Tetovo, sufrió lesiones graves al ser agredido por un grupo de enmascarados provistos de armas automáticas que lo llamaron «traidor a Macedonia». Al final del año no parecía haberse emprendido investigación policial seria alguna sobre la agresión, y se sospechaba que ésta había sido obra de miembros de las fuerzas de seguridad, que habían agredido a Pavle Todorovski por su postura conciliadora respecto a los ciudadanos de etnia albanesa.
Se cometieron una serie de agresiones físicas contra periodistas a los que se consideraba contrarios a las autoridades.
El 16 de julio, Mare Stoilova, corresponsal de a1 tv, fue atacada por ocho hombres tras haber informado esta cadena de televisión de un caso de presunta corrupción relacionado con un político de la vmro-dpmne.
Amenazas a defensores de los derechos humanos
La ong Comité de Helsinki fue blanco en enero de reiteradas críticas en la prensa y la televisión macedonias, instigadas desde el gobierno, entre otros por el propio primer ministro y el ministro del Interior. El ministro del Interior tachó a su presidenta, la dra. Mirjana Najchevska, de «enemigo número uno del Estado», «anti Macedonia» y «abogada de los albaneses» por haber denunciado el Comité las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades contra personas de etnia albanesa. La dra. Najchevska, que se encontraba en Francia, fue advertida de que podría ser detenida cuando volviese a Macedonia. Sin embargo, la presión ejercida por Amnistía Internacional, entre otros, propició su regreso sin incidentes, mientras que las autoridades negaron que hubiera existido alguna vez amenaza alguna para ella. La dra. Najchevska fue también objeto de insultos personales en unas declaraciones hechas por el Ministerio del Interior a raíz de la emisión el 3 de septiembre de un comunicado de prensa del Comité de Helsinki en el que se ponía en tela de juicio la imparcialidad política de la policía. En esas mismas declaraciones se amenazó con iniciar procedimientos penales contra directores de medios de comunicación opuestos al gobierno.
Abusos cometidos por grupos armados
Los miembros de varios grupos armados, la mayoría presuntamente relacionados con lo que quedaba del Ejército de Liberación Nacional, cometieron repetidos abusos a lo largo del año, incluidos homicidios. Durante el periodo previo a las elecciones se acentuaron las tensiones, evidenciadas por una sucesión de asesinatos de ex miembros del Ejército de Liberación Nacional cometidos por sectores rivales de etnia albanesa, la muerte a tiros de dos policías en Gostivar, secuestros breves de personas y una serie de atentados con bombas y granadas contra sedes de partidos políticos de etnia albanesa. La jornada electoral transcurrió sin incidentes destacables.
Refugiados y desplazados
La Cruz Roja macedonia informó en octubre de que el número de desplazados internos registrado como consecuencia de las hostilidades de 2001 era de 9.013, de los que 6.826 se alojaban en hogares de familiares y 2.187 en centros colectivos.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informes
Días aciagos en Tetovo (Índice AI: EUR 65/007/2002/s)
Macedonia: Possible extra-judicial killing of seven men in Rashtanski Lozja (Índice AI: EUR 65/012/2002)
Macedonia: The «Lions» beat tonight: alleged ill-treatment of citizens by paramilitary police (Índice AI: EUR 65/025/2002)
Madagascar
República de Madagascar
Jefe del Estado: Marc Ravalomanana
(sustituyó en mayo a Didier Ratsiraka)
Jefe del gobierno: Jacques Sylla
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
Las controvertidas elecciones presidenciales celebradas en diciembre de 2001 provocaron una importante crisis política así como disturbios y enfrentamientos localizados. En este contexto se cometieron numerosos abusos contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos, tortura, detenciones arbitrarias y juicios injustos.
Información general
El 22 de febrero, tras semanas de manifestaciones de sus partidarios en la capital, Antananarivo, en protesta por los resultados oficiales de las elecciones, Marc Ravalomanana, principal rival de Didier Ratsiraka, el mandatario saliente, se proclamó presidente. Por su parte, Didier Ratsiraka constituyó su gobierno en el puerto oriental de Toamasina, con el apoyo de cinco de los seis gobernadores provinciales, mientras que los ministros nombrados por Ravalomanana se instalaron en la sede gubernamental de la capital. Los bloqueos y la destrucción de puentes por los partidarios de Ratsiraka llevaron en la práctica al aislamiento de la capital, en el interior, de las provincias costeras. A continuación los partidarios de Ravalomanana se convirtieron en algunas provincias en el blanco de los miembros de las fuerzas de seguridad y de los partidarios leales a Didier Ratsiraka. En abril se cometieron abusos contra los derechos humanos durante los combates registrados entre ambos bandos en la provincia de Fianarantsoa.
Tras el recuento de los votos, el Tribunal Constitucional declaró ganador a Marc Ravalomanana, que juró el cargo el 6 de mayo. Didier Ratsiraka se opuso a la decisión y cuatro gobernadores provinciales declararon su «independencia» de la capital, ante lo cual Marc Ravalomanana envió al ejército para apoderarse de las provincias a la fuerza. El ejército detuvo a centenares de personas por sospecharse que habían prestado apoyo a Didier Ratsiraka, que huyó a Francia el 7 de julio. Al final del año, algunos de los detenidos habían sido juzgados mientras que otros aguardaban serlo, si bien la mayoría de los procesos judiciales no respetaban las normas procesales internacionales.
El 15 de diciembre se celebraron elecciones parlamentarias, una de las condiciones impuestas por los mediadores internacionales, a pesar de que muchos miembros de los partidos de la oposición continuaban detenidos. Según los observadores internacionales, no hubo violencia a pesar de los casos aislados de intimidación contra los candidatos de la oposición. El partido del presidente Ravalomanana, Tiako´I Madagascar, y sus aliados obtuvieron 125 de los 160 escaños del Parlamento.
Homicidios ilegítimos
Decenas de personas murieron durante los disturbios. Al parecer, algunas fueron ejecutadas extrajudicialmente, mientras que otras murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones o disturbios en circunstancias que sugerían el uso de fuerza excesiva.
El 2 de marzo, agentes de las fuerzas de seguridad y partidarios de Didier Ratsiraka detuvieron en sus casas y golpearon brutalmente a Olivier Ratsimba y Lalason Rajaobelina, partidarios de Marc Ravalomanana en la isla de Nosy-Be, perteneciente a la provincia septentrional de Antsiranana. Cuando Lalason Rajaobelina se despertó en un automóvil conducido por sus atacantes, Olivier Ratsimba se encontraba tumbado a su lado inconsciente. A continuación el automóvil con los dos hombres dentro fue arrojado por un precipicio. Lalason Rajaobelina sobrevivió pero Olivier Ratsimba falleció. Según informes, se abrió una investigación sobre el incidente.
El 14 de marzo, agentes del Órgano Mixto de Concepción, cuerpo encargado del mantenimiento del orden integrado por fuerzas de la policía y del ejército, abrieron fuego contra presuntos saqueadores en el distrito de Morarano de Toamasina matando al menos a dos personas. Según informes, los agentes habían recibido órdenes de disparar contra los saqueadores, lo que contravenía el derecho internacional que únicamente permite utilizar intencionadamente de forma letal las armas de fuego cuando los agentes encargados de hacer cumplir la ley u otras personas corren peligro inminente de muerte o de sufrir lesiones graves. La tensión había ido en aumento en la localidad en medio del malestar creciente que enfrentaba a los partidarios de Didier Ratsiraka y Marc Ravalomanana.
Tortura
Durante los disturbios registrados en las provincias, agentes de las fuerzas de seguridad y partidarios de Ratsiraka torturaron o maltrataron a decenas de personas. Algunos presuntos partidarios de Ratsiraka también fueron torturados o maltratados al detenerlos las fuerzas armadas de Ravalomanana.
El 23 de junio, militares y agentes de seguridad partidarios de Ratsiraka, con la ayuda, según informes, de hombres de la zona, tendieron una emboscada a 73 vendedores ambulantes que volvían a Ambilobe, Antsiranana, desde la capital. Los golpearon, los ataron entre sí con cuerdas y los trasladaron en un camión militar a la ciudad de Antsiranana, capital de la provincia. Fueron recluidos en el cuartel del Segundo Regimiento de Fuerzas de Intervención junto a la oficina del gobernador, donde los golpearon con culatas de armas y con piedras, los amenazaron de muerte, los humillaron y les robaron sus objetos personales. Algunos fueron obligados a permanecer de pie toda la noche con una granada sobre la cabeza. Al día siguiente, los mantuvieron atados todo el día a las rejas de la oficina del gobernador, al parecer, para servir como «rehenes» mientras las fuerzas armadas de Ravalomanana entraban en la ciudad. Finalmente, los soldados partidarios de Ratsiraka los dejaron marchar tras obligar a algunos a pagar un «rescate».
El 15 de junio, el agente de policía Said Ibrahim fue detenido sin orden judicial y torturado por partidarios de Ravalomanana en una sala de la oficina del jefe provincial nombrado por Ravalomanana, que se había instalado hacía poco en Mahajanga. Según informes, a Said Ibrahim le vendaron los ojos, lo golpearon con las culatas de sus armas, lo desnudaron y lo obligaron a beber su propia orina. Fue trasladado a Tsiafahy, un centro de detención de Antananarivo, y acusado de «participar en los bloqueos».
Detención y reclusión arbitrarias
Se recibieron numerosos informes de detenciones y reclusiones arbitrarias de presuntos partidarios de Ravalomanana llevadas a cabo por seguidores de Ratsiraka durante los disturbios. A su vez, cuando el ejército de Ravalomanana volvió a hacerse con el control de las provincias, soldados carentes de potestad legal para practicar detenciones procedieron a la detención arbitraria de presuntos partidarios de Ratsiraka.
En abril, las fuerzas de seguridad y partidarios de Ratsiraka detuvieron al menos a 19 personas por separado en la provincia de Antsiranana por el presunto apoyo que habían prestado a Marc Ravalomanana durante las elecciones. Todos fueron torturados al ser detenidos y, posteriormente, los trasladaron al cuartel de Pardes, en Antsiranana. El tribunal de Antsiranana no logró acusarlos de un delito común reconocible. Después, la mayoría fueron trasladados a sus ciudades de origen. Algunos quedaron en libertad sin cargos, mientras que, en otros casos, los tribunales locales formularon cargos contra algunos de ellos, al parecer por presión de las fuerzas de seguridad provinciales. No fueron juzgados. Al menos uno de ellos, Jonathan Odilon Venor, murió en octubre, aparentemente como consecuencia de las lesiones provocadas por la tortura.
El 27 de mayo, Tantely Andrianarivo, primer ministro del gobierno de Ratsiraka, fue detenido en la residencia del primer ministro por fuerzas de seguridad leales a Marc Ravalomanana. Estuvo recluido brevemente en una comisaría y, posteriormente, quedó bajo vigilancia domiciliaria durante casi cinco meses. Durante este plazo de tiempo ni se presentaron cargos contra él ni pudo acceder con regularidad a asistencia letrada. Finalmente, el 7 o el 8 de octubre, sus abogados pudieron visitarlo. El 21 de octubre fue acusado de varios delitos, entre ellos «atentar contra la seguridad del Estado» y «apropiación indebida de fondos públicos». Ese mismo día fue trasladado a la prisión de Antanimora, en Antananarivo.
Juicios injustos
Centenares de presuntos partidarios de Ratsiraka y miembros de las fuerzas de seguridad fueron detenidos cuando el ejército de Ravalomanana se hizo con el control de las provincias. La mayoría fueron acusados de delitos que iban desde «intentar socavar la seguridad interna del Estado» hasta «participación en bloqueos». Algunos eran considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional. En la mayoría de los casos, los procedimientos judiciales no cumplieron las normas procesales internacionales: a algunos acusados los torturaron al detenerlos y les negaron el acceso a asistencia letrada durante el interrogatorio así como los debidos cuidados médicos.
El 14 de junio, soldados del ejército de Ravalomanana detuvieron a Venance Raharimanana, educador, en Mahajanga y lo trasladaron a Antananarivo. A su llegada lo golpearon en la cara y la cabeza con culatas de armas y después lo mantuvieron recluido en régimen de incomunicación. Al día siguiente, su familia, que había conseguido localizarlo, lo llevó a un hospital. Posteriormente fue acusado de «difundir noticias falsas» e «incitar a la comisión de delitos», con el pretexto de que había apoyado la declaración de independencia del gobernador de la provincia de Mahajanga. No se atendieron las peticiones para que lo trasladaran a un hospital, a pesar de las graves lesiones que le causaron los golpes que le habían propinado al detenerlo. Fue declarado culpable el 23 de agosto en un juicio sumario carente de las debidas garantías y condenado a una pena condicional de dos años. Mientras estuvo recluido, Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia.
Restricciones a la libertad de reunión
y de expresión
Durante los disturbios, las sedes de los medios de comunicación fueron atacadas y las manifestaciones se reprimieron violentamente.
La noche del 23 de febrero, unos hombres sin identificar atacaron la emisora de radio Madagascar Broadcasting Service, en Fianarantsoa, propiedad de Marc Ravalomanana. La oficina fue quemada y tres guardias resultaron gravemente heridos durante el ataque. El 27 de febrero, la emisora de radio Tsiokavao fue incendiada por los partidarios de Ravalomanana en represalia por el ataque sufrido por Madagascar Broadcasting Service.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Informe
Madagascar: Justice is selective (Índice AI: AFR 35/004/2002)
Visita
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Madagascar del 14 al 28 de agosto.
Malaisia
Malaisia
Jefe del Estado: rajá Tuanku Syed Sirajuddin
Jefe del gobierno: Mahathir Mohamad
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
Durante el año, las autoridades utilizaron un conjunto de leyes restrictivas, como la Ley de Seguridad Interna, que permite la detención sin juicio, para negar o limitar injustificadamente derechos humanos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y de reunión. En virtud de la Ley de Seguridad Interna se detuvo a 37 personas sospechosas de tener vínculos con organizaciones presuntamente responsables de organizar actos de violencia, lo que las ponía en peligro de sufrir torturas o malos tratos. Los dirigentes de la oposición fueron sometidos a detenciones y acusaciones por motivos políticos y algunos siguieron detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. La policía disolvió o impidió que se celebraran manifestaciones y reuniones pacíficas, y continuó imponiendo la prohibición de celebrar reuniones políticas públicas (ceramah). Hubo informes de malos tratos en los campos de detención a manos de las autoridades malaisias durante la expulsión masiva de migrantes indocumentados. Cientos de personas fueron condenadas a recibir azotes con vara en virtud de las enmiendas a la Ley de Inmigración. Durante el año fueron condenadas a muerte al menos siete personas y al menos tres fueron ejecutadas.
Información general
Todos los intelectuales, así como los estudiantes universitarios, profesores y funcionarios, fueron obligados a firmar un juramento de lealtad «al rey, el país y el gobierno», lo cual suscitaba dudas sobre la libertad intelectual.
Tras 21 años en el poder, el primer ministro Mahathir Mohamad anunció inesperadamente su renuncia en agosto, declarando que abandonaría el cargo en octubre de 2003. Fadzil Noor, presidente del Partido Islámico Pan-Malaisio (Parti Islam se Malaysia), principal grupo político de oposición, murió en junio y fue sustituido por Abdul Hadi Awang, ministro principal del estado de Terengganu.
En julio, la asamblea del estado de Terengganu, controlada por el Partido Islámico Pan-Malaisio, aprobó la ley hudud (código penal de la shari’a o ley islámica), que estipula castigos como los golpes con vara, la amputación y la pena de muerte. Sin embargo, según la Constitución de Malaisia, la legislación penal es competencia federal, lo que suscitó serias dudas sobre la aplicación real de esta nueva ley.
El gobierno utilizó los atentados de septiembre de 2001 en Estados Unidos y el atentado con bomba en Bali, Indonesia, de octubre de 2002, como justificación para seguir utilizando la Ley de Seguridad Interna.
Reclusión sin juicio
La Ley de Seguridad Interna permite la reclusión sin juicio de cualquier persona que las autoridades consideren una amenaza potencial para la seguridad nacional o el orden público. Los vagos términos en que está redactada no proporcionan una definición o un criterio precisos para determinar quién supone un peligro. Los detenidos por la policía en aplicación de esta ley pueden permanecer recluidos hasta 60 días con fines de investigación. Durante este periodo, los detenidos son sometidos a malos tratos, algunas veces equivalentes a torturas, y permanecen en régimen de incomunicación (algunas veces de aislamiento) sin poder acceder a abogados, familiares ni médicos independientes. Tras este periodo, el ministro del Interior puede dictar una orden de detención por dos años, renovable indefinidamente. Tras dos sentencias judiciales que declararon ilegal la detención de varias personas en virtud de la Ley de Seguridad Interna, el gobierno propuso enmiendas que limitaban aún más el control judicial.
Durante el año 2002 fueron detenidas en aplicación de la Ley de Seguridad Interna 37 personas por presuntos vínculos con el Grupo Muyahidín Malaisio (Kumpulan Mujahidin Malaysia, kmm) o la Sociedad Islámica (Jemaah Islamiyah), lo cual elevó el total de detenidos al menos hasta los 71. Según las autoridades, ambos grupos planeaban la creación de un Estado pan-islámico en el Sudeste Asiático utilizando métodos violentos. No se hizo pública ninguna prueba que respaldara esta acusación, y ninguno de los detenidos fue juzgado.
Nasharuddin Nasir fue detenido en abril por sospecharse su pertenencia al kmm y se dictó contra él una orden de dos años de reclusión. En noviembre, el Tribunal Superior falló que su detención había sido ilegal y ordenó su puesta en libertad. Lo detuvieron inmediatamente después y dictaron contra él otra orden de dos años de reclusión.
Activistas de la oposición
Los opositores políticos continuaron siendo víctimas de detención, procesamiento y encarcelamiento.
Seis activistas del movimiento reformasi (reformador), entre los que había miembros del Partido de Justicia Nacional (Parti Keadilan Nasional, pkn), continuaron detenidos en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. Habían sido detenidos en abril de 2001 y acusados de planear derrocar al gobierno por medios «radicales», aunque nunca se dieron a conocer pruebas que apoyaran esta acusación. Todos ellos eran presos de conciencia. El 6 de septiembre, el Tribunal Federal determinó que la detención inicial de 60 días de algunos de los activistas era ilegal, pero no los puso en libertad, ya que su sentencia se refería sólo a los 60 días de detención bajo custodia policial, y no a la posterior orden de detención de dos años dictada por el ministro del Interior. La Ley de Seguridad Interna impide que los actos de este ministro en aplicación de esta ley sean cuestionados por los tribunales, salvo en lo que se refiere a cuestiones de procedimiento. En diciembre, la Junta de Vigilancia de la Aplicación de la Ley de Seguridad Interna anunció su recomendación de que los activistas debían ser puestos en libertad, pero nada se hizo al respecto.
En varias ocasiones, entre junio y agosto, se detuvo a miembros del Partido de Acción Democrática, de oposición, en aplicación de la Ley contra la Sedición por distribuir folletos en los que se criticaba la afirmación del primer ministro de que Malaisia era un Estado islámico. Todos quedaron en libertad bajo fianza. La policía asaltó la sede del partido y confiscó 5.000 folletos. La Ley contra la Sedición pone grandes limitaciones a la libertad de expresión, especialmente en lo que se refiere a cuestiones políticas delicadas.
Gopala Krishnan, dirigente del pkn, fue detenido en octubre en aplicación de la Ley contra la Sedición por sus presuntas críticas al trato que reciben las personas de etnia india bajo custodia policial. Sus presuntas críticas habían venido precedidas de un aumento de la difusión dada a las muertes bajo custodia de la policía; durante el año murieron 19 personas bajo custodia. Gopala Krishnan quedó más tarde en libertad bajo fianza.
En julio, el ex viceprimer ministro Anwar Ibrahim perdió el recurso presentado contra una condena de seis años de cárcel por cargos de corrupción impuesta en el año 2000 tras un juicio injusto, y seguía esperando que se celebrara la vista de su apelación contra su condena de nueve años por sodomía. Anwar Ibrahim era preso de conciencia.
En agosto, Mohamad Ezam Mohd Nor, dirigente de la rama juvenil del pkn, fue condenado a dos años de cárcel en virtud de la Ley de Secretos Oficiales por leer en público, en una conferencia de prensa celebrada en 1999, documentos sobre las investigaciones de la Agencia contra la Corrupción a importantes ministros del gobierno. La Ley de Secretos Oficiales restringe seriamente el derecho a la libertad de expresión.
Refugiados y migrantes indocumentados
La Ley de Inmigración se modificó para que toda persona declarada culpable de estar en el país sin los documentos adecuados fuera obligatoriamente condenada a un máximo de cinco años de cárcel y seis golpes de vara (hasta entonces los golpes sólo podían aplicarse como castigo a los reincidentes). La enmienda también imponía los golpes de vara como pena preceptiva para los culpables de dar cobijo a cinco o más indocumentados. Al terminar 2002, cientos de personas habían sido condenadas a golpes de vara.
Una amnistía gubernamental vigente desde marzo hasta finales de julio permitió a los indocumentados salir del país sin ser detenidos. La oferta se prorrogó dos semanas para quienes hubieran pedido la salida antes de acabar el periodo de vigencia de la amnistía pero no hubieran podido conseguir transporte.
Decenas de miles de personas, fundamentalmente migrantes filipinos e indonesios, estaban en campos de detención esperando a ser expulsadas. Permanecían en condiciones insalubres, sin atención médica y sometidas a malos tratos. Hubo informes según los cuales en campos del estado de Sabah murieron de deshidratación y enfermedades decenas de personas, incluidos niños. También se detuvo a refugiados y solicitantes de asilo y se les envió a campos de detención durante la represión.
Según los informes, una niña de 13 años fue violada por tres policías en un centro de detención del estado de Sabah. Inicialmente se pensó que la muchacha, expulsada en agosto, era filipina, pero una investigación más detallada mostró que era ciudadana malaisia. La policía malaisia inició una investigación, sin que al acabar 2002 se hubiera detenido a nadie.
La Comisión Nacional
de Derechos Humanos
Dos años después de su creación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Suhakam) recibía cada vez más críticas por parte de los grupos de derechos humanos. Una coalición de 32 organizaciones no gubernamentales malaisias se mantuvo al margen de ella durante 100 días como protesta por su mal funcionamiento y por la inacción gubernamental respecto a sus recomendaciones.
Durante 2002, la Comisión llevó a cabo una investigación sobre las condiciones del centro de detención de Kamunting, donde se recluye a los detenidos en virtud de la Ley de Seguridad Interna. En agosto organizó un seminario sobre libertad de prensa, en el que declaró que el gobierno debía revisar todas las leyes que coartaban la libertad de expresión, incluidas la Ley de Imprentas y Editoriales, la Ley de Secretos Oficiales, la Ley de Seguridad Interna y la Ley contra la Sedición. El gobierno prometió construir cuatro nuevas cárceles en respuesta a un informe de la Comisión sobre el hacinamiento y la falta de separación de los menores detenidos por delinquir. La Comisión criticó la prohibición gubernamental de celebrar reuniones políticas, y aconsejó que sólo fuera necesario notificar dichos actos a la policía, no obtener su autorización para celebrarlos.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
Visitas
Un delegado de Amnistía Internacional visitó Malaisia en agosto.
Malawi
República de Malawi
Jefe del Estado y del gobierno: Bakili Muluzi
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
Aumentaron las tensiones políticas ante la perspectiva de las elecciones generales previstas para el año 2004. La policía no investigó varios casos de violencia política contra la oposición perpetrada por simpatizantes del partido gobernante, el Frente Democrático Unido (United Democratic Front, udf). Se intensificó la represión estatal a las libertades de expresión y de reunión. Alrededor de 22 personas fueron condenadas a muerte. No se había llevado a cabo ninguna ejecución desde 1992.
Información general
El gobierno siguió buscando la forma de modificar la Constitución para permitir que el presidente Muluzi gobernara un tercer mandato, lo que suscitó numerosas críticas de países donantes occidentales, grupos de derechos humanos e iglesias locales. El artículo 83.3 de la Constitución de Malawi, adoptada en 1994 tras alcanzarse la democracia multipartidista, sólo permite que el presidente gobierne durante dos mandatos. Después de rechazarse un proyecto de ley para modificar el artículo 83.3, el ministro de Justicia redactó un nuevo proyecto de Ley sobre el Tercer Mandato Presidencial, cuyo debate en el Parlamento estaba previsto para enero de 2003.
Actuación policial
Los abusos de poder por parte de la policía siguieron siendo práctica generalizada. La tortura de sospechosos y las muertes bajo custodia fueron habituales, así como el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones públicas. La reclusión de presuntos delincuentes sin cargos ni juicio fue práctica ordinaria, como también lo fue la denegación de acceso a asistencia letrada. Alrededor de dos tercios de los reclusos, incluidos menores de edad, siguieron privados de libertad durante largos periodos sin cargos ni juicio, muchos de ellos en condiciones duras. Según informes, se produjeron numerosos abusos sexuales y violaciones de menores detenidos a manos de reclusos adultos.
Michael Chauluka murió bajo custodia en abril. Según informes, la policía le dio una paliza mortal mientras lo interrogaba tras haberlo detenido como presunto autor de un robo. En agosto, tras estudiar las conclusiones de una autopsia encargada por el gobierno, el director de la Fiscalía eximió a la policía de toda responsabilidad. Sin embargo, una investigación llevada a cabo por la Comisión de Derechos Humanos de Malawi concluyó que las lesiones de Michael Chauluka habían sido debidas a la paliza que sufrió a manos de la policía. A continuación se ordenó que un pesquisidor (coroner) realizara una nueva investigación.
Libertad de expresión y de reunión
La represión estatal se intensificó en el contexto de los esfuerzos realizados para permitir que el presidente gobernara un tercer mandato. Aumentaron los actos de intimidación y acoso a periodistas considerados detractores del gobierno. En mayo, en respuesta a las constantes protestas públicas, el presidente Muluzi emitió una directiva que prohibía toda manifestación pública a favor o en contra de que gobernara un tercer mandato. El Tribunal Superior revocó esta directiva más adelante por considerarla inconstitucional y por entender que vulneraba la libertad de reunión y asociación. En noviembre, a pesar de la resolución del Tribunal Superior, la policía antidisturbios lanzó gas lacrimógeno contra manifestantes contrarios al tercer mandato. Según informes, parlamentarios y simpatizantes de la oposición fueron intimidados y acosados por partidarios del gobernante Frente Democrático Unido, como parte de una campaña respaldada por el Estado para reprimir a la oposición.
Danga Mughogho, presidente regional del Foro para la Unidad y el Desarrollo de Malawi (Malawi Forum for Unity and Development), fue detenido en septiembre, presuntamente por organizar una protesta en la que pedía a los conductores que hicieran sonar la bocina de sus automóviles para mostrar su oposición a la modificación en favor del tercer mandato. En un principio lo acusaron de adoptar una «conducta susceptible de alterar el orden público». Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Superior de revocar la prohibición de las manifestaciones impuesta por el presidente Muluzi, se acusó a Danga Mughogho del delito de menor gravedad de uso excesivo de la bocina en contravención de la Ley de Tráfico.
Escasez de alimentos
Debido a la grave escasez de alimentos provocada por las inundaciones, cerca de 3,3 millones de malauis corrían peligro de sufrir hambre o morir de inanición al terminar el año 2002. Según informes, esta escasez se vio agravada por la venta, a finales de 2001, de casi todas las reservas de cereales de Malawi. La decisión del gobierno de vender estas reservas se había basado, según informes, en el consejo de instituciones donantes encabezadas por el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que había habido indicios tempranos de una creciente falta de alimentos.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial. Informe sobre los métodos policiales en los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, 1997-2002 (Índice AI: AFR 03/004/2002/s)
Maldivas
República de las Maldivas
Jefe del Estado y del gobierno: Maumoon Abdul Gayoom
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
El gobierno continuó restringiendo severamente la libertad de expresión. Sus detractores continuaron siendo detenidos o encarcelados tras juicios sin las debidas garantías, convirtiéndose en presos de conciencia.
Información general
No se permitió la actividad de los partidos políticos, y al terminar el año las autoridades aún no habían permitido al Partido Democrático Maldivo, formación política independiente, inscribirse en el registro de organizaciones.
Presos de conciencia
Al menos siete presos de conciencia y posibles presos de conciencia permanecieron recluidos durante 2002, y algunos fueron condenados a penas de cárcel. No se les permitió recibir asistencia letrada ni contratar los servicios de un abogado, ni antes de sus juicios ni durante éstos. Amnistía Internacional solicitó al gobierno que informara sobre la detención de presos políticos y reformara el sistema legal para salvaguardar los derechos fundamentales.
Mohamed Nasheed, condenado en noviembre de 2001 por el robo de unos pocos cuadernos escolares en una subasta (cargo al parecer presentado por motivos políticos), fue «expulsado» del Parlamento en marzo, tras perder el recurso que había presentado. Inicialmente fue desterrado a una isla remota, y luego permaneció bajo arresto domiciliario en Malé. Quedó en libertad el 29 de agosto, pero le negaron su escaño en el Parlamento.
Cuatro presos de conciencia, Mohamed Zaki, Ibrahim Moosa Luthfee, Ahmed Ibrahim Didi y Fathimath Nisreen, fueron detenidos entre el 30 de enero y el 1 de febrero por el Servicio de Seguridad Nacional, acusados de escribir para Sandhaanu, revista antigubernamental que se publica en Internet y que seguía circulando clandestinamente. Los cuatro permanecieron en régimen de aislamiento sin recibir visitas familiares durante unos cinco meses. El 7 de julio, Mohamed Zaki, Ibrahim Luthfee y Ahmad Didi fueron condenados a cadena perpetua por «insultar» al presidente, pedir el derrocamiento del gobierno, promover el odio contra el gobierno, difundir noticias falsas y enviar a terceros Sandhaanu por correo electrónico. Fathimath Nisreen fue condenada a 10 años de cárcel por escribir «información falsa» en Sandhaanu, criticar la política gubernamental, pedir el derrocamiento del gobierno y ayudar a los creadores de la revista. Los cuatro estaban detenidos en la isla-prisión de Maafushi, donde, según los informes, la comida no reúne las debidas condiciones higiénicas, los presos permanecen en ocasiones esposados durante días y el acceso a la asistencia médica está muy restringido.
Naushad Waheed, artista y empresario detenido o bajo arresto domiciliario desde el 9 de diciembre de 2001, fue condenado a 15 años de cárcel por un tribunal de Malé el 14 de octubre. Según los informes, los cargos tenían que ver con su participación en debates públicos considerados críticos contra el gobierno. Era un posible preso de conciencia y se desconocía su lugar de reclusión.
Ibrahim Fareed, estudiante de posgrado de la shari’a (ley islámica), fue detenido el 8 de junio en Malé por miembros del Servicio de Seguridad Nacional, acusado, según los informes, de incitar a la desobediencia civil. Se creía que al acabar el año este joven, posible preso de conciencia, estaba detenido en la isla-prisión de Guraidu o en Dunidu.
Flagelaciones
Una pareja fue condenada a recibir 15 latigazos cada uno por mantener relaciones sexuales extraconyugales. La condena se ejecutó en público el 9 de octubre.
Marruecos y el Sáhara Occidental
Reino de Marruecos
Jefe del Estado: rey Mohamed VI
Jefe del gobierno: Driss Jettou (sustituyó
a Abderrahmane Youssoufi en noviembre)
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
Continuó el proceso, iniciado en 1999, de indemnización a las víctimas y a las familias de las víctimas de «desaparición» y detención arbitraria en años precedentes. No obstante, las autoridades no aclararon los casos de varios centenares de personas, saharauis en su mayoría, que «desaparecieron» entre 1960 y principios de los noventa. Se detuvo, recluyó
y encarceló a activistas saharauis de la sociedad civil y de los derechos humanos. Según informes, decenas de manifestantes acusados de delitos contra el orden público en el Sáhara Occidental y numerosos islamistas recluidos en secreto, acusados en relación con presuntos actos violentos, sufrieron torturas o malos tratos. Continuaban recluidos más de 30 presos políticos condenados en juicios sin las debidas garantías en años precedentes. Seguía siendo motivo de grave preocupación que los responsables de violaciones de derechos humanos no fueran procesados.
Información general
En septiembre se celebraron elecciones parlamentarias y en noviembre se constituyó un nuevo gobierno presidido por el primer ministro Driss Jettou, ex ministro del Interior. El rey conservó el poder de designar a los ministros principales, entre ellos el primer ministro y los ministros de Justicia y del Interior.
En diciembre, el rey nombró una nueva directiva para el organismo oficial de derechos humanos, el Consejo Consultivo para los Derechos Humanos.
La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (minurso) volvió a prorrogar su mandato y continuó presente en el disputado territorio, dado que no se habían logrado avances para poner fin al punto muerto en el que se hallaba el proceso concebido para celebrar el referéndum sobre la soberanía del Sáhara Occidental.
Organizaciones marroquíes de mujeres y de derechos humanos siguieron realizando campañas sobre diversas cuestiones, como la necesidad de resolver todos los casos de «desaparición» pendientes y revisar el código regulador de la condición jurídica y social de las personas (moudawana), que en la actualidad discrimina a la mujer.
Impunidad
Continuó el proceso de indemnización a las víctimas y a las familias de las víctimas de «desaparición» y detención arbitraria en años precedentes. Los familiares de los «desaparecidos» y ex «desaparecidos» siguieron insistiendo en que la indemnización no es más que un elemento del proceso para el pleno resarcimiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, a pesar del compromiso público de las autoridades de dar respuesta a la cuestión de las violaciones de derechos humanos presentes y pasadas, no se dio ningún paso para resolver los casos de graves abusos cometidos desde mediados de los sesenta a principios de los noventa, especialmente la «desaparición» de varios centenares de personas, saharauis en su mayoría.
Hamudi ould Mohamed-Lahbib ould Baba Biri era una de las decenas de saharauis que las fuerzas de seguridad de Marruecos detuvieron el 10 de julio de 1976 en Erbeib, cerca de Smara, Sáhara Occidental. Su esposa, Safiya L’mbarek, fue detenida cinco días después. Según informes, después de torturarla, las fuerzas de seguridad la llevaron en dos ocasiones a ver a su esposo, al que, según ella, también habían torturado. A pesar de los reiterados intentos de obtener alguna explicación por parte de las autoridades marroquíes respecto al paradero de su esposo, no había vuelto a verlo ni a tener noticias de él desde entonces. Más de 26 años después, seguía sin conocerse la suerte corrida por Hamudi ould Mohamed-Lahbib ould Baba Biri y no se había abierto una investigación independiente, imparcial y exhaustiva sobre su «desaparición».
Las autoridades siguieron sin reconocer las muertes de decenas de «desaparecidos», y las familias de las víctimas no habían conseguido información alguna sobre el paradero de los restos de sus familiares ni los habían recibido para proceder a su sepultura. Entre las víctimas había alrededor de 70 saharauis, «desaparecidos» entre 1976 y 1991 en los centros secretos de detención de Agdz, Qal’at M’gouna y El Aaiún. No había noticia de que se hubieran abierto investigaciones para determinar responsabilidades por las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, y no se había procesado a los perpetradores, ni siquiera a los responsables de la comisión de violaciones graves durante largos periodos.
El 16 de diciembre, las autoridades marroquíes anunciaron que se encomendaría a un juez marroquí recibir el testimonio del agente de seguridad retirado Ahmed Boukhari en relación con la investigación judicial francesa sobre la «desaparición» de Mehdi Ben Barka, destacado político de la oposición marroquí secuestrado en París, Francia, en 1965. Tras denunciar Ahmed Boukhari que los servicios secretos de Marruecos eran responsables de miles de secuestros, seguidos, como en el caso de Mehdi Ben Barka, de reclusiones en secreto y de torturas, las autoridades marroquíes habían impedido reiteradamente que declarara en la investigación judicial francesa, negándose a renovarle el pasaporte. Al terminar el año, los tribunales no habían resuelto la impugnación de Ahmed Boukhari en relación con esta decisión. Además, al terminar el año también estaban pendientes de resolución varias demandas por difamación presentadas en su contra, incluida una de otros tres ex agentes de seguridad a los que Ahmed Boukhari acusaba de haber participado en graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos durante varios años.
Activistas saharauis
Decenas de activistas saharauis de la sociedad civil y de los derechos humanos, en especial aquellos que se consideraba que abogaban por la independencia del Sáhara Occidental, sufrieron actos de acoso e intimidación. Muchos pertenecían a la sección del Sáhara Occidental de la organización de derechos humanos Foro para la Verdad y la Justicia. Algunos fueron detenidos, puestos en reclusión preventiva y procesados, aparentemente debido a acusaciones formuladas por motivos políticos. Otros quedaron en libertad tras ser detenidos para interrogarlos sobre su presunto apoyo al Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro, conocido como Frente Polisario, movimiento en favor de la independencia del Sáhara Occidental, con base en la vecina Argelia. Según informes, a varios se les negó la tramitación del pasaporte.
El 24 de octubre, en su juicio de apelación, Ali-Salem Tamek, destacado activista de la sección del Sáhara Occidental del Foro para la Verdad y la Justicia y preso de conciencia, fue condenado a dos años de prisión y una multa de 10.000 dirhams marroquíes (unos 1.000 dólares estadounidenses) por «debilitar la seguridad interna del Estado». La condena de Ali-Salem Tamek se basó en dos elementos: el primero fue su convicción manifiesta de que el Sáhara Occidental debía ser un Estado independiente; el segundo, la declaración de tres ex presos de conciencia saharauis, presuntamente obtenida bajo tortura durante el interrogatorio al que los sometieron en 1999 las fuerzas de seguridad de Marruecos, según la cual Ali-Salem Tamek recibía fondos del Frente Polisario. Nunca se investigaron las denuncias de tortura de los tres ex presos de conciencia.
Tortura y malos tratos
Se recibieron informes según los cuales a decenas de detenidos les infligieron torturas y malos tratos bajo custodia para extraer confesiones u obligarlos a firmar declaraciones de las que luego se retractaron o negaron. Numerosos informes hacían referencia a muchas decenas de islamistas recluidos en secreto y acusados de participar en actos violentos o de planearlos, así como a decenas de manifestantes acusados de delitos contra el orden público en el Sáhara Occidental.
Tras su detención en los meses de mayo y junio, tres saudíes y siete marroquíes, incluidas las esposas de dos de los saudíes, fueron procesados en un juicio cuyas diligencias empezaron el 28 de octubre. Se enfrentaban a cargos por varios delitos, algunos de los cuales estaban sancionados con la pena de muerte, relacionados con un presunto plan de hacer explotar buques de guerra de la otan en el estrecho de Gibraltar y de conspirar para llevar a cabo atentados en cafeterías y autobuses de transporte público en Marrakech. Al parecer, algunos permanecieron recluidos en secreto durante periodos de hasta un mes. En el caso de los tres saudíes, los abogados defensores afirmaron que las autoridades intentaban ocultar este grave quebrantamiento de las normas procesales anotando en los registros oficiales el 12 de junio como falsa fecha de la detención, en lugar de las fechas correctas, los días 12 y 13 de mayo. Muchos de los detenidos denunciaron que les habían infligido torturas y malos tratos durante los interrogatorios a que los sometieron mientras estaban detenidos en secreto para hacerlos firmar «confesiones» cuyo contenido rechazaban y negaban. Los métodos denunciados fueron la suspensión, palizas y amenazas de violación. Dijeron además que justo antes de comparecer ante el juez de instrucción los habían amenazado nuevamente con torturarlos, a fin de coaccionarlos para que repitieran sus «confesiones».
El 25 de abril, 14 personas fueron condenadas a penas de entre seis meses y dos años de cárcel por participar en una manifestación celebrada en Smara el 18 de noviembre de 2001 y dispersada violentamente por las fuerzas de seguridad de Marruecos. Al parecer, mientras permanecieron privados de libertad les infligieron torturas como latigazos y golpes con porras, con objeto de extraerles «confesiones». A pesar de mencionarse esta cuestión ante el tribunal, no se abrió investigación alguna sobre tales denuncias y las «confesiones» se aceptaron como la prueba principal para condenarlos. Los abogados defensores señalaron que, en algunos casos, los acusados habían comparecido ante el fiscal y el juez de instrucción con señales visibles de tortura.
Periodistas
Los periodistas que informaban sobre cuestiones delicadas continuaron sufriendo penas de prisión.
El 14 de febrero, un tribunal de apelación de Casablanca suspendió las penas de dos y tres meses de prisión impuestas en marzo de 2001 a los periodistas Aboubakr Jamai y Ali Amar, colaboradores ambos del semanario marroquí Le Journal Hebdomadaire. Habían sido condenados en relación con una serie de artículos en los que se acusaba al ministro de Asuntos Exteriores, Mohamed Benaissa, de malversación de fondos mientras ocupaba el cargo de embajador en Estados Unidos.
Se celebraron varias vistas del juicio de apelación de Ali Lmrabet, director del semanario marroquí Demain Magazine, condenado a cuatro meses de cárcel y una multa en noviembre de 2001 por «difundir infundios», en relación con un artículo sobre la posible venta de un palacio real a inversores extranjeros. En diciembre de 2002, el juicio se aplazó hasta octubre de 2003. Ali Lmrabet permaneció en libertad a la espera de una resolución definitiva de su caso. Si se lo encarcela, Amnistía Internacional considerará que se trata de un preso de conciencia.
Campos del Frente Polisario
Las libertades de expresión, asociación y circulación siguieron restringidas en los campos controlados por el Frente Polisario, cerca de Tindouf, en el suroeste de Argelia. Los responsables de abusos contra los derechos humanos cometidos en los campos durante los años precedentes continuaron disfrutando de impunidad. Las autoridades del Frente Polisario no entregaron a las autoridades argelinas a los perpetradores que aún vivían en los campos para proceder a su enjuiciamiento, y el gobierno de Marruecos no procesó a los perpetradores de abusos cometidos en campos del Frente Polisario que se hallaban en territorio marroquí.
En enero, el Frente Polisario anunció la liberación de 115 presos de guerra recluidos en campos polisarios, algunos durante 20 años. Centenares más permanecieron privados de libertad a pesar del fin de las hostilidades armadas entre el Frente Polisario y las autoridades marroquíes en 1991, tras un alto el fuego promovido por la onu.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Visita
En junio y julio, una delegación de Amnistía Internacional se reunió con decenas de familias de los «desaparecidos» y ex «desaparecidos» en Rabat, Casablanca, El Aaiún y Smara.
Mauricio
República de Mauricio
Jefe del Estado: Karle Auguste Osma
(sustituyó a Cassam Uteem en febrero)
Jefe del gobierno: Anerood Jugnauth
Pena de muerte: abolicionista para
todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado
El presidente Cassam
Uteem dimitió en febrero como protesta por una propuesta de legislación «antiterrorista» presentada por el gobierno. Al menos tres personas acusaron a agentes de policía de haberlas sometido a malos tratos al detenerlas. La policía hostigó a dos activistas de derechos humanos.
Legislación «antiterrorista»
Diversos partidos de oposición y organizaciones civiles, así como Amnistía Internacional, expresaron su preocupación por las disposiciones de una propuesta de legislación «antiterrorista» presentada por el gobierno que incumplía las normas internacionales de derechos humanos. De acuerdo con esas disposiciones, la policía podía mantener detenidos en régimen de incomunicación durante 36 horas a los sospechosos de «terrorismo», y el gobierno tenía derecho a extraditarlos o negarles el asilo y devolverlos a un país donde corrieran peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.
Tortura y malos tratos
Al menos tres personas denunciaron haber sufrido tortura o malos tratos a manos de agentes de policía. Lo hicieron ante la Oficina de Investigación de Denuncias de la policía y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero, a pesar de las investigaciones emprendidas sobre éstos y otros casos anteriores (entre ellos algunos de muerte de presuntos delincuentes bajo custodia), ningún agente de policía compareció ante la justicia.
El 22 de abril, Kevin Besage, de 17 años, presentó una denuncia según la cual miembros de la Unidad Especial de Apoyo lo habían golpeado en Roche-Bois y en la cercana comisaría de Abercrombie. La Oficina de Denuncias contra la Policía inició una investigación, y el denunciante identificó a tres de los presuntos agentes agresores, pero al concluir el año no se había hecho pública más información.
Activistas de derechos humanos
La policía hostigó a dos personas debido a sus actividades en favor de los derechos humanos.
Dos miembros de Parti Lalit, organización no gubernamental de derechos humanos, fueron detenidos por agentes de policía en marzo cuando recopilaban información sobre la brutalidad policial. Posteriormente se retiraron los cargos contra ellos.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informes
Mauritius: Anti-terrorist legislation must not undermine fundamental human rights (Índice AI: AFR 39/001/2002)
Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial: Informe sobre los métodos policiales en los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, 1997-2002 (Índice AI: AFR 03/004/2002/s)
Mauritania
República Islámica de Mauritania
Jefe del Estado: Maaouiya Ould Sid ‘Ahmed Taya
Jefe del gobierno: Cheikh El Avia Ould Mohamed Khouna
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
Tres presos de conciencia continuaron encarcelados mientras que otras personas, entre ellas un activista de los derechos humanos, fueron detenidas brevemente durante el año. Además, a varias personas se las detuvo, al parecer arbitrariamente, por su presunta vinculación con un grupo político armado. Según informes, al menos uno de los detenidos fue torturado. Algunos detenidos, especialmente los implicados en casos delicados desde el punto de vista político, permanecieron recluidos en régimen de incomunicación. La policía maltrató a decenas de personas al disolver manifestaciones. El gobierno siguió negando la existencia de la esclavitud. La libertad de expresión siguió sufriendo ataques. Los grupos de derechos humanos continuaron siendo ilegales. La independencia de la judicatura se vio amenazada. Un hombre fue condenado a muerte, si bien no se llevó a cabo ninguna ejecución.
Información general
En enero se proscribió a Acción por el Cambio (Action pour le Changement), partido político que se había pronunciado claramente sobre la cuestión de la discriminación. Las autoridades alegaban que Acción por el Cambio incitaba a la violencia, el racismo y la intolerancia. El partido se reformó y se convirtió en la Convención por el Cambio (Convention pour le Changement), pero no fue reconocido por considerarse que se trataba del mismo partido con otro nombre.
Las relaciones entre Mauritania y Estados Unidos siguieron estrechándose. En septiembre, el gobierno mauritano firmó un acuerdo con Estados Unidos comprometiéndose a no entregar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Al finalizar el año, el acuerdo no había sido ratificado por el Parlamento.
El hambre amenazó a varios países de África occidental, entre ellos Mauritania. En diciembre, según informes, en el país había más de 400.000 personas que necesitaban urgentemente ayuda humanitaria en forma de alimentos. La producción agraria del año 2002 había disminuido notablemente respecto a la de años anteriores, lo que provocó un aumento radical de los precios.
Esclavitud
En noviembre, 21 años después de que se aboliera oficialmente la esclavitud por tercera vez en Mauritania, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud y abusos y discriminación relacionados con esta práctica en el país, así como un análisis sobre las iniciativas gubernamentales para acabar con ella. En la respuesta dirigida por un representante diplomático del gobierno mauritano a la secretaria general de Amnistía Internacional se negaba que persistiera la esclavitud, si bien se reconocía que la discriminación social seguía constituyendo un problema.
Los activistas de derechos humanos mauritanos que habían trabajado activamente contra la esclavitud también fueron condenados por la prensa tras la publicación del informe de Amnistía Internacional. El informe había sido hecho público en una conferencia de prensa celebrada por Amnistía Internacional y activistas en Dakar, Senegal.
Malos tratos y uso excesivo de la fuerza
En abril, decenas de manifestantes, muchos de ellos estudiantes, fueron golpeados y sometidos a otras formas de malos tratos por la policía al disolver ésta una serie de manifestaciones contra la intervención militar israelí en los Territorios Ocupados. Varias personas precisaron tratamiento urgente en hospital y un hombre sufrió lesiones graves en la cabeza y permaneció en coma varios días. No hay constancia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación.
Presos de conciencia
Tres presos de conciencia, todos ellos miembros del Frente Popular Mauritano (Front populaire mauritanien, fpm), continuaron encarcelados a lo largo del año. Estaban recluidos en la prisión de Aïoun —a 800 kilómetros de sus casas en Nuakchot—, un centro en el que las condiciones eran duras. Habían sido condenados en 2001 por cargos de sabotaje y «terrorismo». A finales de 2002 se limitaron estrictamente los derechos de visita de uno de los presos de conciencia, Mohammed Lemine Chbih Ould Cheikh Melaïnine, dirigente del Frente Popular Mauritano.
Los grupos de derechos humanos tenían que actuar sin reconocimiento oficial, lo que los hacía particularmente vulnerables al hostigamiento y las detenciones.
El Servicio de Seguridad del Estado detuvo en mayo a Boubacar Ould Messaoud, presidente de SOS Esclavos, tras intervenir éste en un programa de Radio France Internationale. Durante la emisión había manifestado que le preocupaba que un hombre, detenido por sus presuntas vinculaciones con un grupo de la oposición, hubiera sido torturado bajo custodia. Boubacar Messaoud fue puesto en libertad sin cargos al cabo de dos días.
Libertad de expresión
La libertad de expresión siguió sufriendo ataques durante el año.
En julio se secuestraron ejemplares del diario independiente Le Renovateur, según informes debido a que contenía un artículo sobre el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad.
En agosto, la versión árabe de un periódico independiente, Le Calame, fue censurada, según informes porque contenía un artículo sobre las manifestaciones llevadas a cabo en Francia por movimientos de oposición mauritanos y las organizaciones de derechos humanos francesas celebradas durante la visita del presidente Taya.
En octubre, las autoridades mauritanas levantaron la prohibición impuesta en abril de 2001 al corresponsal en Mauritania de Radio France Internationale. Las autoridades habían acusado a este medio de difundir únicamente imágenes negativas de Mauritania.
Amenazas a la independencia
de la judicatura
En junio, según informes, las autoridades intentaron interferir en las elecciones para presidente del Colegio de Abogados, con el objetivo, al parecer, de procurar la elección de un abogado progubernamental. Se apreciaron varias irregularidades graves de procedimiento. A pesar de que el presidente en ejercicio del Colegio de Abogados logró la mayoría absoluta de los votos, se organizó una segunda ronda y se designó a un presidente progubernamental. En la práctica, al acabar el año había dos colegios de abogados paralelos.
Organizaciones intergubernamentales
En junio, en la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión de Aplicación de Normas y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones notaron con preocupación que las organizaciones de trabajadores seguían denunciando la existencia de prácticas de trabajo forzado, la falta de sanciones para castigar a los responsables y la ambigüedad de las disposiciones legales respecto a la imposición forzada del trabajo. La Comisión tomó nota de que el gobierno había aceptado que una misión de ayuda técnica de la Oficina Internacional del Trabajo visitara el país para examinar los pormenores de un estudio sobre el trabajo forzado y el trabajo infantil.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
¿Un futuro sin esclavitud? (Índice AI: AFR 38/003/2002/s)
México
Estados Unidos Mexicanos
Jefe del Estado y del gobierno:
Vicente Fox Quesada
Pena de muerte: abolicionista para
los delitos comunes
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
El gobierno de México renovó su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos dentro y fuera del país. Sin embargo, hubo informes generalizados sobre detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en todo México. Se recibieron nuevos informes sobre amenazas y campañas de desprestigio contra defensores de los derechos humanos en diversos estados. Prosiguieron las investigaciones sobre el homicidio de una destacada abogada de derechos humanos. El gobierno se reunió con defensores de los derechos humanos para establecer medidas de protección y promoción. Hubo diversos informes sobre ejecuciones extrajudiciales y al menos una «desaparición». Un fiscal especial emprendió investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Fue puesto en libertad el general brigadier José Francisco Gallardo, preso de conciencia durante más de ocho años. Las comunidades indígenas seguían siendo víctimas de marginación y violencia. Se ratificaron 13 tratados internacionales, aunque una reserva formulada a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas reforzó la impunidad.
Información general
En el segundo año de gobierno del presidente Fox, la política interna se centró en la armonización de la legislación nacional con el derecho internacional, la cooperación con organizaciones internacionales y el diálogo con la sociedad civil. Se creó una unidad de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). Los debates relativos a la reforma del Estado para reforzar la protección de los derechos humanos continuaron, aunque las propuestas definitivas seguían pendientes al acabar el año. La mayoría de los gobiernos de los 31 estados mexicanos, en cuya jurisdicción se cometían muchas violaciones de derechos humanos, no afrontaron seriamente los abusos. A pesar de la política y las iniciativas adoptadas por el gobierno federal, todavía no se habían abordado las causas subyacentes de las violaciones de derechos humanos.
En el ámbito internacional, el gobierno mexicano desempeñó una importante función en la promoción de asuntos relacionados con los derechos humanos. El gobierno mantuvo su apoyo a la Corte Penal Internacional y adoptó medidas para la ratificación del Estatuto de Roma. Sin embargo, el Senado impuso unas condiciones para aprobar la ratificación que, en la práctica, podrían obstaculizar la labor de la Corte y suponer el incumplimiento de las obligaciones contraídas por México en virtud del derecho internacional.
Organizaciones intergubernamentales
Varios relatores especiales de la onu y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria visitaron el país. También visitó México la relatora especial sobre los derechos de la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Representantes de los poderes legislativo y judicial intentaron desacreditar el informe elaborado por el relator especial de la onu sobre la independencia de jueces y abogados.
Se negoció y firmó la importante segunda fase del Programa de Cooperación Técnica con la Oficina del Alto Comisionado de la onu para los Derechos Humanos. En diciembre, el Senado aprobó el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado en el país para coordinar y vigilar la aplicación del Programa.
Administración de justicia
Instituciones clave del ámbito estatal y federal, como la policía, el ejército, el ministerio público y la judicatura, con frecuencia fueron responsables directas de violaciones de derechos humanos o cómplices al no prevenir o investigar eficazmente los abusos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos no pudieron salvaguardar en la práctica derechos humanos fundamentales o pedir responsabilidades a las autoridades. No se acometieron las profundas reformas necesarias en la estructura y las prácticas de todas estas instituciones para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la adhesión a las normas internacionales de derechos humanos.
Detención arbitraria, tortura y malos tratos
Seguía siendo generalizada la práctica de la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos por parte de agentes de la policía, el ejército y el ministerio público en los ámbitos estatal y federal. Se recibieron informes sobre varios casos de detenidos que habían muerto como consecuencia de la tortura sufrida. Los jueces no analizaron debidamente las denuncias sobre confesiones obtenidas mediante coacción, perpetuando así el uso de la tortura como medio de investigación. Era habitual la imposición de condenas no fiables basadas en confesiones obtenidas mediante coacción. No se procesó a ningún funcionario público por cometer tortura. La falta de control sobre las excesivas atribuciones del ministerio público en el ámbito estatal y federal impidieron en la práctica la realización de investigaciones verosímiles e independientes sobre las denuncias de abusos, privando a las víctimas de su derecho a que se hiciera justicia y garantizando la impunidad.
El 29 de marzo, Guillermo Vélez Mendoza murió a las pocas horas de ser detenido por agentes de la Procuraduría General de la República en relación con una serie de secuestros. La autopsia inicial señalaba que había muerto como consecuencia de tortura. Una investigación de la Procuraduría General de la República parecía indicar que había muerto a causa de una caída accidental cuando intentaba fugarse. Sin embargo, las irregularidades en la investigación le restaron credibilidad y pusieron de relieve la fragilidad de las pesquisas oficiales sobre los hechos.
En enero, tras un atraco armado cometido en el estado de Chiapas, Miguel Ángel Gómez, Andrés Gómez Luna y Mariano Cruz Hernández fueron detenidos y, según informes, torturados por la policía judicial del estado para que confesaran en presencia de agentes del ministerio público.
Defensores de los derechos humanos
y periodistas
Hubo nuevos informes sobre amenazas, hostigamiento y campañas de descrédito contra defensores de los derechos humanos. Gracias a las conversaciones mantenidas con el gobierno federal, varios defensores recibieron protección, aunque persistían las dudas sobre la eficacia de tales medidas. Las autoridades estatales no adoptaron medidas efectivas. No avanzaron las investigaciones en relación con las amenazas formuladas actualmente y en el pasado contra defensores, lo que contribuyó al clima de impunidad. Hubo informes sobre periodistas amenazados o acusados de difamación por informar sobre casos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
El homicidio de la abogada de derechos humanos Digna Ochoa en octubre de 2001 no se había resuelto al acabar el año. Se cuestionó reiteradamente la calidad de la investigación oficial; según informes, el equipo encargado de la investigación filtró información sobre el caso que hacía pensar que la abogada se había suicidado. Al acabar el año se había designado otro fiscal para llevar el caso, y seguía pendiente una visita de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para examinar las pruebas.
En enero fue tiroteado el domicilio del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, Pedro Raúl López. Según informes, en octubre tres hombres armados le habían dado una paliza y habían advertido a la Comisión que dejara de criticar el historial de las autoridades locales en materia de derechos humanos.
Preso de conciencia liberado
El presidente de México ordenó que la pena impuesta al general brigadier Gallardo, preso de conciencia, se redujera al tiempo que había permanecido en prisión, y en febrero fue puesto en libertad. No se llevó a cabo una investigación sobre los abusos del sistema judicial que habían permitido su encarcelamiento durante más de ocho años.
Uso indebido del sistema judicial
Se recibieron informes sobre uso indebido del sistema judicial, especialmente en el ámbito estatal, en el que activistas sociales fueron sometidos a largos periodos de prisión preventiva y a penas excesivas de cárcel. Varios proyectos de infraestructura y desarrollo crearon tensiones sociales. Además, existía preocupación por las posibles repercusiones para las comunidades locales de los proyectos incluidos en el Plan Puebla Panamá, plan de desarrollo para los estados meridionales de México y los países de Centroamérica.
En febrero, el presidente Fox anuló las condenas a 20 años de prisión impuestas a Aurelio Guzmán Mateo y Leocadio Ascencio Amaya, pescadores indígenas de Pátzcuaro, estado de Michoacán. En 2000 los habían declarado culpables de participar en las protestas contra las restricciones sobre las zonas de pesca de su comunidad. No se llevó a cabo una investigación sobre el proceso judicial que dio lugar a la sentencia original.
La amenaza de expropiación de tierras comunales para la construcción de un nuevo aeropuerto en Atenco, estado de México, ocasionó detenciones, enfrentamientos violentos entre policías y manifestantes y denuncias de malos tratos y uso excesivo de la fuerza.
En agosto y octubre, los planes para crear un entorno respetuoso con el medio ambiente en el emplazamiento de Casino de la Selva, en Cuernavaca, estado de Morelos, llevaron a la detención de manifestantes, al parecer mediante uso excesivo de la fuerza.
Ejecuciones extrajudiciales
y «desapariciones»
Continuaron las ejecuciones extrajudiciales y las «desapariciones», sobre todo de presuntos delincuentes o cometidas con fines directamente delictivos. Los estrechos vínculos entre las autoridades encargadas de investigar los abusos y los agentes implicados en ellos fomentaron la impunidad.
En marzo, según informes, Jesús Ángel Gutiérrez Olvera fue detenido por agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal en relación con una serie de secuestros. A pesar de las investigaciones oficiales, seguía sin conocerse su paradero. Un defensor de los derechos humanos que se hizo cargo de su caso recibió llamadas amenazadoras y fue objeto de vigilancia intimidatoria.
Impunidad
En enero se nombró un fiscal especial para dirigir la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, unidad destinada a investigar delitos cometidos en años anteriores contra miembros de movimientos políticos y sociales. El nuevo fiscal reabrió varios casos al recibir denuncias de las víctimas, incluidas más de 500 «desapariciones» cometidas en las tres últimas décadas. Varios testigos y acusados, entre ellos un ex presidente, fueron citados a declarar. Al acabar el año no había indicios claros de avances en las investigaciones. Se expresó preocupación por los limitados recursos de que disponía la unidad, su falta de independencia respecto a la Procuraduría General de la República y el hecho de que no reclamara su competencia sobre importantes casos relacionados con las fuerzas armadas.
La función de las fuerzas armadas en operaciones de control policial continuó siendo motivo de preocupación. Altos cargos militares seguían desempeñando un papel clave en la Procuraduría General de la República, y el fuero militar continuaba evitando el procesamiento de oficiales del ejército por violaciones de derechos humanos. La reserva formulada a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas reforzó el papel de la justicia militar. Al final del año seguía pendiente una decisión de la Suprema Corte de Justicia respecto a la impugnación de la legalidad de la reserva.
Comunidades indígenas
Las comunidades indígenas seguían sufriendo marginación y discriminación. La Suprema Corte de Justicia desestimó las impugnaciones legales de una polémica legislación sobre los derechos indígenas aprobada por el Congreso en el año 2000, ampliamente condenada por no proclamar el reconocimiento y la protección efectivos de los derechos de las comunidades indígenas. El hecho de que esta legislación no reflejara los principios negociados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional elevó la tensión en Chiapas, donde el conflicto siguió sin resolverse. Persistía una fuerte presencia militar en la zona y continuaron los informes sobre agresiones y amenazas por parte de grupos civiles armados o de los grupos llamados «paramilitares» que actuaban con la aparente protección o aquiescencia de las autoridades locales o municipales.
El 7 de agosto, José López Santís, líder de la comunidad autónoma zapatista «6 de Agosto», murió por disparos efectuados por tres hombres armados.
En el año fueron detenidos varios miembros del grupo paramilitar Justicia y Paz y 19 personas más fueron condenadas a penas de prisión en relación con la matanza de 45 miembros de la comunidad indígena de Acteal, perpetrada en 1997.
En los estados de Oaxaca y Guerrero hubo informes sobre grupos armados o autoridades locales que actuaban en representación de caciques, amenazando o atacando a facciones opositoras en la comunidad. Según informes, las autoridades del estado no impidieron semejantes actos ni los investigaron, fomentando así un clima de impunidad.
El 2 de mayo, 26 indígenas fueron abatidos a tiros en el municipio de Santiago Textitlán, Oaxaca. Según informes, las autoridades del estado no habían tomado en serio las advertencias de violencia inminente. Tras la matanza se efectuaron detenciones masivas en una comunidad vecina y, según informes, se torturó a detenidos para obtener confesiones.
Violencia contra las mujeres
Seguía siendo motivo de preocupación el hecho de que las autoridades no investigaran a fondo los casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez y Chihuahua, ciudades del estado de Chihuahua. Hubo informes sobre nuevos casos y se descubrieron restos humanos. El 5 de febrero, Mario Escobedo Anaya, abogado de uno de los acusados de los homicidios, murió a manos de agentes de la policía judicial del estado, que posteriormente fueron exonerados por un juez por haber actuado en defensa propia. Se hostigó a periodistas y familiares de las víctimas que hicieron campaña sobre los casos.
Según informes, al menos dos mujeres indígenas fueron violadas por miembros del ejército en el estado de Guerrero en el curso de operaciones de contrainsurgencia.
El 16 de febrero, según informes, miembros del Batallón 41 violaron a una joven de 17 años cerca de su casa en Barranca Bejuco, municipio de Ayutla. El médico de una clínica local se negó a certificar sus lesiones por miedo a sufrir represalias del ejército, y la joven tuvo que viajar otras seis horas hasta Ayutla para recibir asistencia médica. A pesar de las peticiones legales presentadas por organizaciones de derechos humanos, el caso continuó en manos de un fiscal militar.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informes
La «desaparición»: un delito permanente (Índice AI: AMR 41/020/2002/s)
Resumen de las preocupaciones de Amnistía Internacional en México (Índice AI: AMR 41/037/2002/s)
Visita
Una delegación de Amnistía Internacional visitó el país en julio y viajó a Oaxaca, Guerrero y Chiapas.
Moldavia
República de Moldavia
Jefe del Estado: Vladimir Voronin
Jefe del gobierno: Vasile Tarlev
Pena de muerte: abolicionista para todos
los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
La policía hostigó y detuvo arbitrariamente a manifestantes en la capital, Chişinău. Un líder de la oposición estuvo secuestrado durante dos meses; la investigación emprendida tras su liberación para determinar la identidad de los secuestradores no produjo resultados. Siguieron recibiéndose informes de tortura y malos tratos infligidos por la policía. Las condiciones de reclusión de la mayoría de los centros de detención policiales y penitenciarios constituían trato cruel, inhumano y degradante. Al menos tres presos políticos continuaban encarcelados en la autoproclamada República Moldava del Dniéster.
Manifestaciones contra el gobierno
Del 9 de enero al 29 de abril, decenas de miles de estudiantes de todos los niveles de enseñanza y de seguidores de algunos partidos de oposición se manifestaron casi a diario en Chişinău para protestar contra los planes gubernamentales de restablecer la enseñanza de la lengua y la historia rusas. En febrero, el gobierno anunció que suspendería los planes, pero, como en las manifestaciones se siguió exigiendo su dimisión, se iniciaron procedimientos judiciales para prohibirlas y enjuiciar a miembros del Parlamento pertenecientes al Frente Popular Cristiano Demócrata (fpcd). Walter Schwimmer, secretario general del Consejo de Europa, en virtud del artículo 52 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo), solicitó a las autoridades moldavas una explicación sobre la decisión de prohibir temporalmente las actividades del fpcd y otras medidas que contravenían artículos básicos del Convenio Europeo, como el derecho a la libertad de reunión, de asociación y de expresión.
No se tuvo noticia de uso excesivo de la fuerza contra los participantes en las manifestaciones, pero se hostigó e intimidó a algunos de ellos, incluidos menores.
Durante las manifestaciones, la policía detuvo a seis jóvenes, tres de ellos menores, y los retuvo durante seis horas en una comisaría. Los jóvenes fueron recluidos en una celda sin electricidad y se les privó del derecho a comunicarse con sus padres y con un abogado. Fueron interrogados por un inspector de policía que, según informes, los amenazó, los insultó y los intimidó para que no participaran en manifestaciones. De acuerdo con los informes, la policía declaró públicamente que se había detenido e interrogado a los jóvenes por intentar «movilizar a estudiantes de la Universidad Estatal de Moldavia para participar en protestas ilegales». Posteriormente fueron acusados formalmente de delitos menores por la vía administrativa.
En marzo, el líder del fpcd, Vlad Cubreacov, fue secuestrado en la puerta de su casa. Recobró la libertad en mayo, pero la investigación que se abrió posteriormente no esclareció la identidad de los secuestradores. En agosto, el fiscal a cargo de la investigación fue separado de su puesto y en septiembre fue destituido por presuntas «infracciones internas».
El 24 de abril, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa instó a los movimientos políticos moldavos a entablar un diálogo constructivo y solicitó a las autoridades que adoptaran con carácter de urgencia una serie de medidas, a saber: la suspensión simultánea, por un lado, de las protestas del fpcd y, por el otro, de las actuaciones penales entabladas contra dos líderes del fpcd; una prórroga de la suspensión de las reformas concernientes a la enseñanza y la condición de la lengua rusa y al currículo de historia, y una revisión de la legislación sobre radio y televisión, junto con la reforma de la condición de la cadena Teleradio Moldova para convertirla en una empresa pública independiente. Asimismo, el Consejo de Europa ofreció su ayuda en la investigación sobre el secuestro de Vlad Cubreacov.
Tortura y malos tratos,
y condiciones de reclusión
En junio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (cpt) hizo público el informe sobre su visita a Moldavia de junio de 2001. Durante la visita, el cpt había exhortado a las autoridades a iniciar de inmediato una investigación exhaustiva e independiente sobre los métodos empleados por la policía para interrogar a los detenidos; a suministrar agua potable, alimento y servicios sanitarios adecuados a todos los detenidos en dependencias policiales cualquiera que fuera la capacidad económica estatal, y a prohibir inmediatamente la utilización de una celda desnuda de un calabozo policial de Comrat cuya superficie era de sólo 1,25 x 1,25 m.
El cpt recibió numerosas denuncias relativas a hombres, mujeres y niños detenidos por la policía que habían sufrido malos tratos físicos, considerados tortura en muchos casos. Esta práctica tenía lugar principalmente durante los interrogatorios policiales. Una serie de víctimas examinadas por expertos del cpt presentaban heridas acordes con las denuncias de tortura. El cpt reiteró sus extensas recomendaciones, que había formulado por primera vez tras su visita de 1998, para la adopción de salvaguardias para prevenir la tortura y los malos tratos.
La ong local Comité Moldavo de Helsinki visitó 13 comisarías en 2002 y anunció que algunas autoridades locales habían tomado medidas para mejorar la condiciones de vida de los detenidos. Sin embargo, no se observaron avances en cuanto a las prácticas policiales indebidas, incluidas las que constituían tortura y malos tratos.
Presos políticos en la autoproclamada República Moldava del Dniéster
Continuaban en prisión Alexandru Leşco, Andrei Ivantoc y Tudor Petrov-Popa, a quienes un tribunal de la República Moldava del Dniéster había declarado culpables de «actos terroristas» en 1993 en el juicio de los llamados «Seis de Tiraspol». En septiembre, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que una delegación de cuatro jueces efectuara una investigación del asunto sobre el terreno y que se solicitara a las partes más información.
El más famoso de estos seis hombres y el primero que recurrió ante el Tribunal, Ilie Ilaşcu, liberado en 2001, afirmó que no se había respetado el derecho de los acusados a un juicio justo en las actuaciones judiciales que condujeron a su condena en 1993, que su posterior reclusión había sido ilegal y que las condiciones de reclusión habían constituido trato inhumano o degradante. Los recurrentes aducían que las autoridades moldavas eran responsables, en virtud del Convenio Europeo, de las presuntas violaciones de sus derechos, dado que no habían tomado medidas apropiadas para impedirlas. También alegaban que dicha responsabilidad la compartían las autoridades de la Federación Rusa, puesto que el territorio del transdniéster se encontraba de facto bajo el control ruso, dado el estacionamiento de sus tropas en la zona y su presunto apoyo al régimen separatista.
No se tuvo constancia de avances significativos en las negociaciones entre el gobierno moldavo y las autoridades de la República Moldava del Dniéster sobre la situación de la región separatista. En octubre, representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (osce) en Moldavia declararon públicamente que la retirada de tropas, armas y municiones rusas de la zona no habría acabado al concluir el año, cuando se cumplía el segundo plazo estipulado en la cumbre de la osce de Estambul en 1999.
Comité de Derechos Humanos
En julio, el Comité de Derechos Humanos de la onu examinó el informe inicial presentado por Moldavia de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (pidcp). El Comité lamentó que el informe se presentara con tanto retraso (debía haberse hecho en 1994), que al concluir su examen quedaran «total o parcialmente sin respuesta un gran número de preguntas» y que no se suministrara información más detallada sobre la situación en la región del transdniéster. El Comité celebró que se hubiera abolido la pena de muerte en Moldavia e invitó al Estado Parte a adherirse al segundo Protocolo Facultativo del pidcp, relativo a la abolición de la pena de muerte.
El Comité expresó su preocupación por las condiciones existentes en los establecimientos penitenciarios y por la persistencia en ellos de enfermedades como la tuberculosis. Asimismo, expresó preocupación por el tiempo que transcurría antes de que los imputados de delitos comparecieran ante un juez, por el periodo excesivamente prolongado de la prisión preventiva y por la detención administrativa, por periodos prolongados, de personas calificadas de «vagabundos», que parecía ser frecuente. El Comité también manifestó preocupación por algunas disposiciones legales vigentes en Moldavia que menoscababan la independencia e imparcialidad de los jueces, entorpecían el ejercicio del derecho a la libertad de religión y restringían el derecho a la libertad de reunión y de asociación.
Mozambique
República de Mozambique
Jefe del Estado: Joaquim Alberto Chissano
Jefe del gobierno: Pascoal Mocumbi
Pena de muerte: abolicionista para todos
los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
firmado
Se recibieron informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la policía, como tortura, malos tratos y al menos dos ejecuciones extrajudiciales. Las iniciativas para mejorar la profesionalidad de la policía se vieron socavadas por el hecho de que las autoridades siguieran sin llevar ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos. El informe de la comisión parlamentaria de investigación sobre las violentas manifestaciones de naturaleza política registradas en noviembre de 2000 prestó escasa atención a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía.
Información general
A pesar de la mejora en la situación económica, de la reducción de la deuda y del incremento en gastos sociales, la pobreza siguió siendo generalizada. Unas 600.000 personas se vieron afectadas por la escasez de alimentos provocada por la sequía que padecieron las provincias del sur y del centro y las inundaciones en el norte. El índice de delincuencia siguió siendo elevado, especialmente en las ciudades.
En su informe ante la Asamblea de la República, el procurador general criticó duramente la corrupción dominante, extendida también entre altos cargos públicos y en el seno del sistema de justicia penal. Proporcionó ejemplos de manipulación de las pruebas por parte de la policía en causas por fraude, de jueces y abogados que aceptaban sobornos y de funcionarios penitenciarios que permitían escapar a los reclusos.
Prosiguió el programa para recoger armas ilegales, por el cual la policía de Mozambique, con la ayuda del programa de recogida de armas del Consejo Cristiano de Mozambique y la colaboración técnica de sus homólogos sudafricanos, eliminó toneladas de material bélico, incluso armas pesadas. También prosiguió el trabajo de limpieza de minas, aunque seguía habiendo más de un millón de minas antipersonas, especialmente en las zonas rurales.
Comisión de investigación
En abril se llevó ante la Asamblea de la República el informe de la comisión parlamentaria de investigación sobre las manifestaciones violentas llevadas a cabo en noviembre de 2000 por la coalición opositora Resistencia Nacional Mozambiqueña-Unión Electoral (Resistência Nacional Moçambicana-União Eleitoral, renamo-ue). El informe reconocía que de las aproximadamente 500 personas detenidas en relación con las manifestaciones, 84 murieron asfixiadas en celdas policiales extremadamente hacinadas. También mencionaba casos de agentes de policía que dispararon contra los manifestantes, algunos de los cuales murieron, pero no examinaba las declaraciones de los testigos sobre el uso de fuerza excesiva. No obstante, la conclusión del informe era que la policía había actuado de acuerdo con la ley y «de forma diligente, profesional y patriótica». Los parlamentarios de la renamo-ue se negaron a que el informe se presentara ante la Asamblea de la República porque, afirmaban, era tendencioso. El informe se publicó en la prensa.
En enero, 15 personas que habían sido juzgadas en noviembre de 2001 por el tribunal provincial de Cabo Delgado por cargos que incluían rebelión armada y asesinato en relación con las manifestaciones de noviembre de 2000, fueron condenadas a penas de prisión que iban de dos a ocho años. Otros 14 acusados fueron absueltos.
Prisiones
Algunos agentes de policía sospechosos de colaborar en una fuga producida en septiembre en la Prisión de Máxima Seguridad de Maputo fueron detenidos. El preso fugado era un miembro del grupo acusado de complicidad en el homicidio, cometido en 2000, del periodista Carlos Cardoso, que había estado investigando informes de fraude bancario y corrupción dentro del sistema judicial. En virtud de las medidas de seguridad impuestas tras la fuga, a los presos se les negó el acceso a sus abogados, las visitas familiares y la comida llevada por sus familiares para completar su escasa dieta. Las prisiones de todo el país sufrían unas condiciones de gran hacinamiento y muchos presos permanecían recluidos durante meses después del plazo legal permitido para las detenciones preventivas.
Abusos cometidos por la policía
Hubo intentos de aumentar la profesionalidad de la policía. Prosiguió el programa de formación de la policía con el apoyo de gobiernos extranjeros. Se expulsó a decenas de agentes de policía por conducta indebida, lo que incluía corrupción y prestar sus armas a delincuentes. En abril se informó oficialmente de la expulsión de dos miembros de la policía paramilitar por los «actos de violencia gratuita» cometidos en el año 2001 que, según informes, incluyeron propinar palizas brutales a una mujer embarazada.
Varios agentes de policía fueron expulsados o detenidos en relación con abusos contra los derechos humanos, pero pocos comparecieron ante la justicia.
Se detuvo a dos agentes de policía en Maputo tras sendos incidentes ocurridos en octubre en los que presuntamente habían matado a tiros a dos jóvenes, Mário Alfredo y Gabriel Chilene. Según un portavoz de la policía, uno de los agentes detenidos podría ser acusado de homicidio por utilizar medios letales para poner fin a una escaramuza menor entre jóvenes. Al finalizar el año proseguía la investigación disciplinaria y penal sobre ambos casos.
Se recibieron informes según los cuales la policía golpeaba, en ocasiones por negarse a pagar sobornos, a los comerciantes de los mercados y otras personas a las que detenía en sus automóviles o en las calles de Maputo y de otras ciudades. En septiembre, la policía paramilitar golpeó a manifestantes pacíficos en Maputo, hecho que volvió a suceder en noviembre.
Según informes, varios presuntos delincuentes fueron torturados en comisarías de policía, a menudo durante los interrogatorios. Al menos en dos casos, los informes indican que la policía retrasó la puesta en libertad de las víctimas de tortura, al parecer, para permitir que las lesiones sufridas se curaran.
En octubre, Vasco Juíz, de 59 años, su hijo Virgílio Vasco Nhabinte, de 29, y otros dos hombres recibieron una brutal paliza en una comisaría de policía de Maputo. Habían sido detenidos poco después de que tres de ellos presenciaran un tiroteo en el que un agente de policía resultó muerto y otro herido. Vasco Juíz sufrió hematomas y quemaduras en la espalda, las nalgas y los brazos. A su hijo lo golpearon con palos y la culata de un arma hasta que perdió el conocimiento. Vasco Juíz quedó en libertad sin cargos al cabo de seis días. Los otros tres detenidos quedaron en libertad sin cargos tres semanas después tras la intervención de la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos. Cuando Virgílio Vasco Nhabinte entregó su uniforme penitenciario las cicatrices todavía eran visibles y le dispensaron tratamiento en la penitenciaría. Al terminar el año seguía aún su curso una investigación criminal emprendida a raíz de la denuncia de una de las víctimas.
En febrero, la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos anunció que había recibido una decena de informes sobre los disparos efectuados por la policía en 2002 y en años anteriores, incluidas ejecuciones extrajudiciales, y manifestó que era difícil convencer a las autoridades para que llevaran a los responsables ante los tribunales.
Amir Ali Mahomed fue detenido en enero por el presunto robo de un automóvil. Los familiares que lo visitaron en la comisaría de policía manifestaron que estaba esposado y tenía restos de sangre por el cuerpo. Al día siguiente, la policía manifestó que lo habían trasladado a otra comisaría. La familia acudió a dicha comisaría, donde volvieron a remitirla a la primera. Una semana después de la detención, la esposa de Amir Ali Mahomed fue informada de que se lo había encontrado con heridas de bala en un barrio periférico de Maputo. Ella y dos amigos lo llevaron a toda prisa a un hospital, pero recibió pocos cuidados antes de ser trasladado a la Prisión de Máxima Seguridad. La policía negó que hubiera resultado herido mientras había estado bajo custodia, y afirmó que se había fugado de la prisión en diciembre.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informe
Proteger los derechos humanos mediante la actuación policial. Informes sobre los métodos policiales en los países de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral, 1997-2002 (Índice AI: AFR 03/004/2002/s)
Myanmar
Unión de Myanmar
Jefe del Estado y del gobierno: general Than Shwe
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional:
no firmado
En mayo se levantó lo que, en la práctica, constituía el arresto domiciliario de Daw Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia (lnd), principal partido de oposición. No hubo informes de avances en las conversaciones confidenciales sobre el futuro del país, iniciadas en octubre de 2000 entre el gobierno militar del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo y Aung San Suu Kyi. Sin embargo, más de 300 presos políticos quedaron en libertad a lo largo del año, elevando a más de 500 el total de los liberados desde enero de 2001. Unos 1.300 presos políticos detenidos en años anteriores permanecieron en la cárcel y unas 50 personas fueron detenidas por motivos políticos, a pesar del compromiso expreso del Consejo de Estado de dejar libres a los presos políticos como parte de sus esfuerzos de colaboración con la lnd. Continuaron recibiéndose informes sobre ejecuciones extrajudiciales y trabajos forzados en la mayoría de los siete estados de población integrada en su mayoría por minorías étnicas, especialmente los de Shan y Kayin. Los civiles continuaron sufriendo violaciones de derechos humanos en las operaciones de contrainsurgencia del Consejo de Estado en zonas de estos dos últimos estados.
Información general
Al igual que en años anteriores, continuaron las escaramuzas entre el ejército de Myanmar, por un lado, y fuerzas de la Unión Nacional Karen, del Partido Nacional Progresista Karenni y del Ejército del Estado de Shan-Sur, por el otro. En mayo, el Ejército del Estado de Shan-Sur tomó algunos puestos de avanzadilla en el este del estado de Shan. El Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo acusó al gobierno de Tailandia de permitir que el Ejército del Estado de Shan-Sur lanzara ataques desde territorio tailandés, y mantuvo cerrada hasta octubre la frontera de 2.000 kilómetros con este país.
En marzo, el general Ne Win, jefe del gobierno militar entre 1962 y 1988, fue puesto bajo arresto domiciliario de hecho junto con su hija, Sanda Win. Cuando murió, en diciembre, su hija siguió en situación de arresto domiciliario. El yerno del general y tres de sus nietos fueron detenidos al mismo tiempo y recluidos en la cárcel de Insein. En septiembre, los cuatro fueron condenados a muerte por alta traición, condena que recurrieron. Se desestimó el primer recurso y estaban pendientes de resolución los demás. La opinión generalizada era que la familia había participado en actividades económicas contrarias a los intereses del Consejo de Estado y que había intentado influir sobre algunos miembros del ejército para que apoyaran sus negocios.
Situación política y económica
Durante el año no hubo avances sobre cuestiones de importancia en el diálogo entre el Consejo de Estado y la lnd. Volvieron a abrir sus puertas algunas oficinas de la Liga en el país, pero el partido no obtuvo permiso para publicar material. En varias ocasiones, dirigentes de la lnd pidieron al Consejo de Estado que iniciara conversaciones y pusiera en libertad a todos los presos políticos. Durante el año se detuvo a estudiantes, miembros de la Liga y otros activistas que pedían cambios políticos o estaban en posesión de publicaciones de grupos de oposición en el exilio.
Durante la última parte del año, la moneda nacional, el kyat, se cotizó en el mercado negro a más de 800 kyats por dólar estadounidense, aunque el cambio oficial se mantuvo en 6 kyats por dólar. Las fuertes subidas del precio del arroz y de otros artículos, la grave escasez de energía y la falta de ayudas importantes al desarrollo incrementaron las dificultades económicas de gran parte de la población. Los agricultores continuaron viéndose obligados a vender o dar parte de su cosecha de arroz al gobierno a un precio significativamente más bajo que el de mercado. El Consejo de Estado siguió dedicando una proporción muy pequeña del presupuesto a salud, educación y prestaciones sociales.
El sufrimiento de la población civil aumentó debido a una nutrición inadecuada y al predominio de enfermedades evitables en los estados de minorías étnicas, especialmente en las zonas donde se desarrollaban operaciones de contrainsurgencia. Durante las operaciones de contrainsurgencia contra el Ejército del Estado de Shan-Sur en el sur del estado de Shan, el ejército continuó obligando a la población civil a realizar trabajos forzados y siguió perpetrando ejecuciones extrajudiciales. Miles de civiles de etnia karen del distrito de Papun, en el norte del estado de Kayin, continuaron ocultándose del ejército tras la destrucción de sus pueblos. En abril, la población civil de los municipios de Kya-in-seik-gyi y Kya-in, situados en el sur del estado de Kayin, fue sometida a reasentamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales o trabajos forzados, en el contexto de las medidas de contrainsurgencia contra la Unión Nacional Karen, que siguió actuando en la zona. En algunas zonas del estado de Mon, sobre todo en el municipio de Ye, el ejército obligó a la población civil a realizar trabajos forzados y confiscó sus tierras.
Presos políticos
Durante el año se detuvo a unas 50 personas, en la mayoría de los casos, al parecer, por sus actividades políticas de oposición. Aproximadamente 1.300 presos políticos siguieron encarcelados, entre ellos 18 parlamentarios electos.
Entre los presos de conciencia encarcelados durante 2002 cabe mencionar a U Win Tin, Ma Khin Khin Leh, U Win Htein, Thet Win Aung (condenado a 59 años de cárcel en enero de 1999) y Paw U Tun, alias Min Ko Naing, una de las casi 30 personas que seguían bajo detención administrativa tras haber cumplido sus condenas.
El doctor Salai Tun Than, septuagenario, preso de conciencia, catedrático y miembro de la minoría étnica chin, detenido en noviembre de 2001 por organizar una manifestación pacífica, fue condenado en febrero a siete años de cárcel. Su estado de salud era preocupante.
Aung Thein y Kyaw Naing Oo, jóvenes miembros de la lnd, fueron detenidos en julio por estar en posesión de publicaciones de un grupo de oposición en el exilio y, según los informes, fueron brutalmente golpeados durante su interrogatorio. En septiembre los condenaron a siete años de cárcel.
Dos estudiantes universitarios, Thet Naung Soe y Khin Maung Win, fueron detenidos en agosto por organizar una protesta pacífica en el ayuntamiento de Yangón. En noviembre fueron condenados a 14 y 7 años de cárcel, respectivamente.
Ko Shwe Maung, partidario de la lnd, fue detenido en noviembre en Mandalay, según los informes, tras distribuir arroz entre unos niños pobres y hacer un sombrero de bambú, símbolo de la Liga.
Liberaciones
Daw Aung San Suu Kyi quedó en libertad en mayo y le permitieron viajar libremente por todo el país. U Aye Tha Aung, preso de conciencia y líder de la Liga por la Democracia de Arakan, quedó en libertad en agosto. Gracey, ministra religiosa cristiana de etnia chin, y Myo Mying Nyein, escritor encarcelado desde 1990, quedaron en libertad en febrero. Muchos de los presos políticos puestos en libertad durante el año habían cumplido ya sus penas.
Tortura y malos tratos
Continuaron recibiéndose informes de tortura de presos políticos durante los interrogatorios iniciales a cargo de los servicios militares de información. Tres presos políticos murieron bajo custodia durante el año, elevando a 73 el número de muertes bajo custodia de presos políticos conocidos desde 1988.
Sai Phat, de 61 años, vicepresidente de la lnd en el estado de Shan y miembro de la minoría étnica shan, murió bajo custodia en circunstancias dudosas en octubre en Kentung, estado de Shan. Phat había estado organizando actividades locales de la lnd cuando fue detenido en septiembre y, según los informes, fue acusado de instigar a los agricultores a no pagar un impuesto sobre el arroz. El Consejo de Estado afirmó que había muerto de malaria cerebral, pero fuentes de la oposición apuntaron la posibilidad de que no hubiera recibido atención médica adecuada.
Condiciones de reclusión
Las condiciones habían mejorado desde que el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a visitar las cárceles en 1999. Sin embargo, la falta de comida y atención médica a los presos contribuyó a los problemas de salud de algunos presos políticos. Los presos convictos corrían peligro de ser enviados a campos de trabajo, algunas veces en duras condiciones, para trabajar en proyectos de infraestructura. Según los informes, también los sacaban de las cárceles para que realizaran labores de porteo para el ejército en las zonas donde se llevaban a cabo actividades de contrainsurgencia, lo que los ponía en peligro de morir en los combates o a consecuencia de los malos tratos y la desatención.
Trabajos forzados
Al parecer, el Consejo de Estado no hizo respetar en muchas zonas de los siete estados cuya población está integrada en su mayoría por minorías étnicas su Orden 1/99 y la Orden suplementaria a ésta, que prohíben la imposición de trabajos forzados por parte de miembros del ejército y de cualquier otro funcionario y disponen castigos para los responsables. El ejército informó de las órdenes a algunos civiles, pero la práctica de los trabajos forzados no pareció disminuir. En algunas zonas de los estados de Shan, Kayin, Chin, Rakhine y Mon y en la división de Tanintharyi, el ejército continuó obligando a la población civil a realizar trabajos forzados no remunerados y extorsionándola para conseguir dinero, alimentos y otros artículos. Como parte de los esfuerzos del ejército para lograr la autosuficiencia se obligó a civiles de minorías étnicas a trabajar en proyectos de infraestructura y granjas militares, previamente confiscadas a la población civil. Los civiles fueron obligados a realizar tareas de porteo, consistentes en cargar grandes pesos para los soldados en terrenos accidentados durante largos periodos en zonas en las que se realizaban operaciones de contrainsurgencia.
El ejército obligó en enero a una mujer de etnia mon que trabajaba durante el día como jornalera en el municipio de Thanbuyzat, en el estado de Mon, a trabajar en la construcción de una carretera durante 10 días. La mujer tuvo que realizar trabajos forzados no remunerados varios días cada mes.
Un hombre de etnia shan del municipio de Namzarng fue obligado en febrero a realizar labores de porteo de carne para el ejército. A pesar de que este hombre pagaba dos veces al mes un «impuesto de porteo» para evitar que se lo llevaran, fue obligado a trabajar en granjas del ejército y a cavar trincheras.
Ejecuciones extrajudiciales
Continuaron recibiéndose informes sobre ejecuciones extrajudiciales de civiles pertenecientes a minorías étnicas que no participaban activamente en las hostilidades, especialmente en el marco de las operaciones de contrainsurgencia del ejército, en las que los civiles eran castigados por mantener presuntos contactos con grupos armados de oposición.
En enero, miembros del Batallón de Infantería 281 mataron a tiros en el municipio de Murngton, en el estado de Shan, a Lun Kon, Sai Ohn Ta, Sai Nyunt, Pa Pan, Nang Leng y Naing Naing, de cuatro meses de edad, civiles shan procedentes del municipio de Murngkerng, estado de Shan, que viajaban hacia Tailandia.
Iniciativas internacionales
En abril, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por consenso una resolución (la número 11) por la que se prorrogaba un año el mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar. La resolución expresaba la preocupación por la gran cantidad de violaciones de derechos humanos, e instaba al Consejo de Estado a que acelerara el ritmo de la reconciliación nacional. En diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó también por consenso una resolución similar.
En mayo, Estados Unidos renovó sus sanciones económicas limitadas contra Myanmar. La Unión Europea renovó en abril su postura común sobre Myanmar, que establecía sanciones limitadas contra este país, y volvió a renovarla en octubre. La terna presidencial de la Unión Europea visitó el país en febrero y septiembre.
La Organización Internacional del Trabajo (oit) abrió en junio una oficina de enlace en Yangón, en virtud de un acuerdo firmado en marzo con el Consejo de Estado, y en septiembre nombró un funcionario de enlace permanente. Éste se reunió con el Comité de Aplicación del Consejo de Estado y con otras autoridades, pero al terminar el año el Consejo de Estado aún no había establecido un mecanismo independiente para investigar los informes sobre trabajos forzados. El enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas visitó el país tres veces para intentar fomentar el diálogo político entre la lnd y el Consejo de Estado y facilitar la liberación de los presos políticos. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar visitó el país en febrero y octubre, y pudo acceder sin trabas a las cárceles y viajar fuera de Yangón.
Informes y visitas
de Amnistía Internacional
Informes
Myanmar: Lack of security in counter-insurgency areas (Índice AI: ASA 16/007/2002)
Temor por la seguridad, temor de tortura y posibles presos de conciencia (Índice AI: ASA 16/011/2002/s)