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Guatemala: Los desalojos no son la respuesta a los conflictos sobre la tierra
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| Policias golpeando a un campesino, Guatemala © Particular |
Desde que el presidente Óscar Berger llegó al poder en enero de 2004, se ha desalojado de sus casas a miles de familias campesinas. Las fuerzas de seguridad han hecho uso excesivo de la fuerza durante numerosos desalojos, lo que ha traído consigo la destrucción de bienes y viviendas, palizas y otros malos tratos, así como algunos homicidios. Los desalojos se han caracterizado asimismo por la insuficiente provisión de garantías básicas, como comida y alojamientos alternativos. En algunos casos, las personas desalojadas recurrieron también a la violencia, lo que acarreó muertos y heridos en ambas partes.
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Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe sobre los desalojos de las comunidades agrarias en Guatemala. En este informe se examinan las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de los conflictos agrarios, el impacto de los desalojos forzosos y violentos y la discriminación que sufren los trabajadores rurales y los pueblos indígenas, en todos los aspectos del proceso.
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Los Acuerdos de Paz de 1996, que pusieron fin formalmente a más de 30 años de conflicto armado interno, incluían compromisos clave del gobierno para abordar los problemas relacionados con la tierra. Sin embargo, diez años después, aún no se han aplicado estas disposiciones. El trato favorable de las autoridades del gobierno a las demandas de los terratenientes y la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las disputas agrarias han exacerbado una situación que era ya desesperada.
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En 2003, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas observó que, en Guatemala, las normas fundamentales sobre retribuciones, seguridad en el empleo o condiciones de trabajo de los trabajadores rurales no cumplían plenamente las normas internacionales. Y añadió que la situación no había mejorado desde antes del inicio del conflicto armado interno.
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El informe de Amnistía Internacional contempla una serie de casos analizados:
Finca Nueva Linda
En septiembre de 2003, Héctor Reyes, dirigente sindical y administrador de la finca Nueva Linda, desapareció en circunstancias misteriosas. La policía identificó después al propietario y al director de seguridad de la finca como los principales sospechosos. Al mes siguiente, unos 200 campesinos de Nueva Linda y del área circundante ocuparon la finca para protestar porque no se estaba investigando el presunto secuestro, ocho meses después fueron desalojados por la fuerza. Varios policías y campesinos resultaron muertos, incluidos tres menores. Aún hoy siguen desconociéndose la suerte que Héctor Reyes ha podido correr y las circunstancias en que desapareció.
Ver vídeo: Ramiro Segundo Castillo cuenta el desalojo
Finca Chitocán
El 5 de mayo de 2004 fueron desalojadas de sus casas, por la fuerza, 52 familias indígenas q’eqchi que, desde hacía varias generaciones, vivían y trabajaban recolectando café en la finca Chitocán. Desde hacía dos años ocupaban una parte de la finca, con el fin de presionar a sus patronos para que les pagaran las prestaciones laborales de muchos años (bonificaciones anuales, vacaciones pagadas e indemnizaciones por despido).
Ver vídeo: el desalojo, filmado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala
Finca María Lourdes
En 1992, el sindicato de trabajadores de la finca María Lourdes empezó a reclamar el cobro de un salario mínimo adecuado y de las prestaciones laborales. En 2003, pese a las sentencias judiciales dictadas en su favor, los trabajadores todavía no habían recibido los sueldos que se les debían. Ocuparon la finca para presionar al dueño. Posteriormente se acusó a sus abogados de amenazas y coacción, y miembros de la comunidad fueron detenidos por usurpación, intimidados y amenazados por guardias de seguridad contratados por el propietario. Asimismo, sus cosechas y bienes fueron destruidos. En marzo de 2004 se los desalojó por la fuerza y se destruyeron sus casas.
En julio de 2004, un hombre que era, presuntamente, uno de los guardias de seguridad del finquero, violó a la hija, de 15 años, de un sindicalista de la comunidad. En su testimonio, la niña identificó a un hombre que se había quedado vigilando, mientras la violaban, como el administrador de la finca María Lourdes, quién había ofrecido, al parecer, una recompensa a los guardias de seguridad de la finca si violaban a alguna mujer relacionada con el sindicato.
Ver vídeo: la abuela de la niña de 15 años violada cuenta lo sucedido
En octubre de 2004 se entregó por fin a los trabajadores un terreno que valía aproximadamente la mitad de lo que se les adeudaba. La comunidad lo considera un éxito, teniendo en cuenta cómo suelen resolverse estas situaciones en Guatemala.
Santa Inés
Ocho familias indígenas q’eqchi y mam que forman la comunidad de Santa Inés se enfrentan a otro desalojo. Ya han sido desalojadas dos veces de sus casas –en noviembre de 2002 y en julio de 2005– por reclamar el derecho a vivir en unas tierras que consideran terreno baldío. Una finquera local ha reclamado también esas tierras, pero tres organismos oficiales locales han considerado que la reclamación está poco fundamentada. Los miembros de la comunidad que han cuestionado más activamente el desalojo han sido objeto de amenazas de muerte y atentados contra sus vidas.
Soledad Sayaxut
En abril de 2004, agentes de policía desalojaron, sin previo aviso, a unas 30 familias indígenas q’eqchi que integran la comunidad de Soledad Sayaxut. La comunidad lleva viviendo desde hace varias generaciones en una tierra que considera terreno baldío y que trabaja en común. Sin embargo, terratenientes de la vecindad han declarado ser sus propietarios, aunque no han podido confirmar que la tierra les pertenezca y sus reclamaciones adolecen de importantes defectos. Se dictó una orden de desalojo y las familias fueron desalojadas de sus viviendas. Los agentes derribaron sus casas con motosierras y unos hombres, contratados presuntamente por el terrateniente, prendieron fuego a los escombros. La comunidad perdió todas sus reservas de comida, utensilios y enseres, sólo pudieron salvar los pollos y los cerdos. Un tractor facilitado por el propietario de las tierras colindantes destruyó también las cosechas.
Trece Aguas
En mayo de 2004, 90 familias indígenas q’eqchi fueron desalojadas, violentamente y sin previo aviso, de sus viviendas en la finca Trece Aguas. Todos sus miembros habían nacido en ella, al igual que muchos de sus padres, madres, abuelos y abuelas, y estaban contratados para trabajar la tierra. La mayoría de los desalojados viven ahora en la más espantosa pobreza en localidades próximas. Sin tierras que cultivar, la comunidad sobrevive gracias a la comida que le facilitan la iglesia local, los gobiernos municipales locales y las comunidades vecinas.
Algunos testigos afirman que durante el desalojo resultaron heridos siete ex trabajadores, uno de los cuales, de 85 años, murió. Según los informes, dos agentes resultaron también heridos. Las familias vieron cómo prendían fuego a sus hogares, incluidas sus pertenencias y sus reservas de maíz y cómo se destruyeron sus cosechas.
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